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Mientras el presidente electo Joe Biden toma posesión de su cargo esta semana en el entorno vallado y militarizado del Capitolio de Estados Unidos, se están trazando las líneas de batalla en un intento político concertado de regular el poder de los gigantes de Internet, como Facebook, Google y Twitter. El dominio no regulado del mundo en línea por parte de un puñado de empresas no solo ha perjudicado a la política estadounidense, sino que también ha obstaculizado la misión de los grupos que dan a conocer la verdad, como los docentes y los periodistas, que consiste en crear un espacio de información seguro y fiable para todos.

El poder que tienen estas empresas en la configuración del discurso público queda demostrado por las medidas coordinadas que adoptaron para impedir el acceso de Trump y sus aliados a sus plataformas. Tuvieron un efecto inmediato: un descenso instantáneo de la difusión de noticias falsas y la desinformación.

La desinformaciónen línea sobre el fraude electoral cayó un 73% la semana siguiente a la decisión de Twitter de bloquear la cuenta de Trump el 8 de enero. Según el Washington Post, el veto a Trump y a las cuentas conspirativas de la derecha relacionadas con él está funcionando, al menos a corto plazo.

No solo ha disminuido la difusión de mentiras malintencionadas, sino que también se ha producido un fuerte descenso en el incendiario debate en línea sobre la resistencia violenta y armada contra el resultado electoral, que desencadenó el asalto al Capitolio el 6 de enero.

Sin embargo, muchos se preguntan por qué ha tenido que pasar tanto tiempo –cuatro años de discursos de odio tóxicos y de falsedades en la política, y una década de comunicaciones malintencionados y ofensivas a todos los niveles– para que las empresas tecnológicas reconozcan su responsabilidad.

El panorama de las comunicaciones forjado por estas compañías ha conllevado la explotación sin restricciones de mentiras, noticias falsas e información ofensiva. Ha socavado el trabajo de periodistas, académicos y docentes, funcionarios y políticos, y ha polarizado a la sociedad en bandos enfrentados.

También ha contribuido a generar unos beneficios impresionantes y a establecer un pequeño grupo de empresas multimillonarias que son más grandes y poderosas que cualquier grupo que el capitalismo estadounidense haya visto jamás.

Estas empresas han amasado miles de millones aprovechando el vacío normativo provocado por la aversión que existe desde hace tiempo en Estados Unidos y otros países a controlar Internet.

Ahora el ambiente ha cambiado. Los políticos y los grupos de la sociedad civil quieren recuperar el control de su espacio informativo y restaurar la confianza de la sociedad en las comunicaciones basadas en hechos y la decencia en el discurso civil y público.

En particular, hay una creciente demanda de que se ponga fin a las mentiras malintencionadas, el plagio, el abuso de los derechos de autor, la desinformación, la incitación al odio y el abuso personal.

El periodismo y los medios de comunicación tienen especial interés en recuperar los valores de la comunicación. En los últimos 20 años, el modelo de negocio carente de valores de redes sociales como Facebook ha drenado ingresos publicitarios vitales de la industria periodística, lo que ha dado lugar a cierres generalizados y a la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo.

El trabajo de investigación de los periodistas éticos y la valiosa investigación de los académicos merecen ser escuchados, pero en una era de noticias falsas y de verdades “alternativas” que se ofrecen en línea, las verdades fundamentales han sido obviadas, a menudo con hostilidad y desdén.

Como señalaba el Financial Times esta semana, las compañías de medios sociales parecen haber sorteado con éxito el campo de minas de la campaña presidencial de este año, evitando las acusaciones de parcialidad, las noticias falsas y la injerencia extranjera que ensombrecen su papel en la elección de Trump en 2016.

No obstante, tuvieron problemas con la desmesurada negación de los resultados por parte de Trump. La imposibilidad de prever las consecuencias catastróficas que supondría el hecho de permitir su campaña de las “elecciones robadas” las dejó expuestas tras el asalto al Capitolio. Facebook y Twitter, presas del pánico, cerraron las cuentas del presidente. Otras compañías tecnológicas siguieron rápidamente su ejemplo.

Ahora el debate gira en torno a la necesidad de endurecer las leyes, acabar con las protecciones jurídicas de las plataformas tecnológicas y establecer normas que controlen los contenidos en línea.

El asalto en Washington y el bloqueo de los tuits de Trump son una señal de que el discurso cívico de Estados Unidos está en crisis y que las empresas tecnológicas, demasiado grandes y poderosas, tienen su parte de responsabilidad. La posibilidad de disolver estos enormes conglomerados también está sobre la mesa.

Una de las opciones a las que se enfrenta el presidente Biden será utilizar la legislación antimonopolio para impulsar una mayor competencia en los medios sociales y ofrecer más opciones a los ciudadanos con respecto a sus plataformas en línea. El gobierno de Estados Unidos ya está cuestionando la propiedad de Instagram y WhatsApp por parte de Facebook, y la propiedad de YouTube por parte de Google también está bajo escrutinio.

La política antimonopolio podría dar lugar a un mejor discurso cívico, aunque la libertad de expresión debe permitir que los sitios alternativos dispongan de un lugar en Internet —incluso un grupo como Parler, que es firmemente trumpista, debería ser escuchado, siempre y cuando existan unas normas efectivas para impedir la incitación al odio y a la violencia.

El daño causado fuera de línea como resultado del discurso en línea es manifiestamente real, como les dirá cualquier docente, y es necesario que estas empresas desarrollen unos métodos transparentes de vigilancia interna. Una de las mejoras clave será imponer la transparencia con respecto a las normas que las plataformas aplican para controlar los discursos, junto con una mayor coherencia en su aplicación.

En Europa ya se están tomando medidas para imponer controles de seguridad a las empresas de Internet que actúan como guardianes, que incluyen una auditoría transparente del uso que hacen de los algoritmos y de sus decisiones con respecto a la moderación de los contenidos. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea obligará a las compañías tecnológicas a redoblar sus esfuerzos para combatir la incitación al odio.

La supervisión externa e independiente de las empresas tecnológicas y de sus decisiones más controvertidas será primordial.

Con el fin de evitar las interferencias externas, existe un movimiento favorable a la autorregulación –como el Consejo de Supervisión de Facebook, creado el año pasado–. Sin embargo, se ve inevitablemente obstaculizado por sus vínculos con la compañía y, como ha señalado la distinguida periodista y académica Emily Bell, “avanza a tan duras penas y es tan limitado por lo que se refiere a su alcance que es muy difícil interpretarlo como algo más que un ejercicio de relaciones públicas”.

La mayoría de observadores pensarán que las oportunidades para que la industria tecnológica haga una limpieza en su propia casa se han acabado. Después de la cruda demostración de la semana pasada del poder que tienen las compañías tecnológicas sobre el discurso político, el día en que se reduzcan a la mínima expresión y rindan cuentas a la ciudadanía a la que sirven está cada vez más cerca.