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La Myanmar Teachers’ Federation (MTF) participará en actos de desobediencia civil junto con otros interesados para protestar contra el golpe militar que tuvo lugar el lunes 1 de febrero. La MTF y otros sindicatos han hecho declaraciones en las que condenan el golpe y piden que se ponga en libertad a los dirigentes y las dirigentes políticos detenidos.

El presidente de la MTF, el Dr. Sai Khaing Myo Tun, hizo una declaración en la que condenaba el “pisoteo de la democracia” y la detención inconstitucional del presidente Win Myint, la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y otros dirigentes. La MTF pidió la puesta en libertad de todas las personas detenidas e instó al Ejército a reconocer y dar efecto a los resultados de las elecciones celebradas en noviembre de 2020.

En virtud de un acuerdo alcanzado antes de las elecciones de 2015 en Myanmar, se garantizó al poder militar el 25 por ciento de los escaños en el Parlamento. Además, se fundó un partido dirigido por militares, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), para optar a ocupar los escaños restantes. El partido fue derrotado en las elecciones de 2015 por la Liga Nacional por la Democracia (NLD), el partido liderado por Aung Syu Kyi, que obtuvo la mayoría parlamentaria.

La NLD logró una victoria aplastante en las elecciones de noviembre de 2020. El golpe de Estado ocurrido el 1 de febrero impidió la constitución del Parlamento recientemente elegido. El Ejército reclamó que se había producido un fraude generalizado en las elecciones e implantó un gobierno militar para que dirigiera el país durante un año. Los resultados electorales fueron validados por una comisión electoral independiente. Los observadores internacionales de las elecciones también consideraron que el proceso había sido libre y justo.

Tras los avances hacia la democracia, el Ejército, llamado Tatmadaw, ha seguido teniendo poder. Sus oficiales, oficiales jubilados y secuaces controlan una gran parte de la economía. Los detalles de una gran parte de su actividad se desconocen.

El secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, declaró:

“Apoyamos a la Myanmar Teachers’ Federation y sus esfuerzos, con otros sindicatos y aliados, para que se respeten los resultados de las elecciones y la Constitución. Apoyamos a los dirigentes y las dirigentes de la MTF, tan valientes en su lucha por la libertad y la democracia. Pedimos a las Naciones Unidas y a los gobiernos de otros países que intervengan ante el general Min Aung Hlaing, que se ha hecho con el poder, para que libere a las personas detenidas, acepte los resultados de las elecciones al Parlamento y permita que el proceso de democratización de Myanmar continúe. El pueblo de Myanmar nunca debería ser obligado a volver al aislamiento, al miedo y a la desesperación del régimen militar”.

El movimiento sindical internacional participa desde hace décadas en la lucha por los derechos humanos y la democracia en Myanmar. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), una de las organizaciones predecesoras de la Confederación Sindical Internacional (CSI), documentó y expuso el trabajo forzoso generalizado en Birmania, lo cual llevó a que se constituyera una comisión de encuesta de la OIT, que publicó su informe en 1998. A raíz de ese informe, la OIT abrió una oficina en el país para eliminar el trabajo forzoso. La campaña sobre Birmania organizada por la CIOSL y las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI) provocó una desinversión masiva por parte de empresas multinacionales en el país. Los sindicatos y las confederaciones nacionales movilizaron el apoyo y la solidaridad y presionaron a sus gobiernos para que actuaran.

Birmania obtuvo la independencia en 1948. Desde el principio, el país se ha visto asolado por la violencia étnica, bajo regímenes tanto democráticos como militares. Sin embargo, uno de los peores periodos de opresión ha sido contra el pueblo rohinyá desde 2016. Esta campaña militar se ha calificado de limpieza étnica, pero la población afectada también es una minoría religiosa (musulmana). Los ataques han obligado a un millón de rohinyás a huir, la mayoría de ellos al vecino Bangladesh. Las Naciones Unidas han encontrado pruebas de ejecuciones extrajudiciales y sumarias, violaciones en grupo, incendios provocados en pueblos, empresas y escuelas, e infanticidio.

En noviembre de 2019, el Gobierno de Gambia presentó un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Myanmar por la enorme movilización militar contra el pueblo rohinyá. Aung Syu Kyi, ganadora del Premio Nobel, compareció ante la CIJ y defendió la actuación militar.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, describió el golpe de Estado como un “duro golpe a las reformas democráticas” y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estudia qué medidas adoptar. Muchos gobiernos y la Unión Europea han pedido firmemente que el Ejército abandone el poder y se restablezca la democracia. Algunos estudian la posibilidad de imponer sanciones contra Myanmar. La CSI y las FSI, así como numerosas organizaciones sindicales nacionales, han pedido una actuación firme por parte de los gobiernos.