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La pandemia ha revelado una brecha digital de larga data, pero a menudo ignorada, entre el alumnado australiano. El primer paso para solucionar el problema es realizar una auditoría de la equidad digital.

La pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestro estilo de vida en muchos aspectos. Un cambio importante ha sido el paso repentino al aprendizaje a distancia para más de 1000 millones de estudiantes en todo el mundo, de los cuales muchos millones continúan aprendiendo a distancia casi un año después de los primeros confinamientos y cierres de centros escolares como consecuencia de la COVID-19.

Australia ha evitado hasta la fecha los peores efectos de la COVID-19 y el alumnado volvió a las aulas en mayo de 2020 en la mayoría de los estados y territorios australianos, con la excepción del estado de Victoria, en el que se impuso un periodo más prolongado de aprendizaje a distancia (unos seis meses).

Este periodo prolongado de enseñanza y aprendizaje a distancia ha puesto claramente de manifiesto el enorme problema que plantea la falta de inclusión digital para muchos y muchas estudiantes, los cuales carecen de acceso suficiente a Internet y a equipos y programas informáticos y contenidos adecuados, algo necesario para esta modalidad educativa.

Al comienzo del aprendizaje a distancia, en marzo de 2020, el AEU quería examinar la inclusión digital del alumnado de las escuelas públicas y poner de relieve que la exclusión digital es un problema arraigado que ha sacado a la luz la pandemia.

El AEU encomendó a la investigadora Barbara Preston que examinara el acceso a Internet en casa de los estudiantes y las estudiantes de Australia a fin de determinar el nivel de inclusión digital existente. En el estudio de Preston se utilizaron los datos censales disponibles más recientes para analizar una serie de factores que obstaculizan la inclusión digital.

Las desigualdades digitales arraigadas afectan de forma desproporcionada al alumnado de las escuelas públicas

Aunque el porcentaje de la totalidad del alumnado en Australia que no tiene acceso a Internet en ningún dispositivo es reducido (un 5 %), Preston constató que el alumnado de las escuelas públicas representa un porcentaje excesivamente importante en dicho grupo: 125 000 de ellos no tenían acceso a Internet en ningún dispositivo y la probabilidad de carecer de acceso a Internet en casa era 2,5 veces mayor que el alumnado de las escuelas privadas. Los estudiantes y las estudiantes aborígenes e isleños del estrecho de Torres de escuelas públicas tenían cuatro veces más probabilidades de no tener acceso a Internet en casa (un 21 % frente a un 5 %).

El estudio también reveló que casi un tercio del alumnado que vive en zonas remotas no tenía acceso a Internet. Antes de la COVID-19, el alumnado de muchas zonas regionales y rurales, y muchos estudiantes y muchas estudiantes aborígenes e isleños del estrecho de Torres de los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria, ya estaban muy afectados por los horribles incendios forestales de 2019-2020. Preston concluyó que las personas aborígenes e isleñas del estrecho de Torres estaban sobrerrepresentadas por partida doble en las zonas afectadas por los incendios: los niños y las niñas aborígenes e isleños del estrecho de Torres representaban el 10 % de los más de 200 000 niños y niñas en edad escolar en las zonas afectadas por los incendios de ambos estados, en comparación con la cifra a nivel nacional (alrededor del 2 %). La interrupción de la enseñanza por la COVID-19 se produjo justo después del trauma y la inestabilidad provocados por la evacuación y de que muchos de estos estudiantes y estas estudiantes perdieran sus casas y escuelas y ciudades enteras quedaran arrasadas.

Los estudiantes y las estudiantes de hogares con ingresos bajos, el 80 % de los cuales estudia en escuelas públicas, tienen nueve veces más de probabilidades de no tener acceso a Internet que aquellos de hogares con ingresos altos. Además, el alumnado de las escuelas públicas tiene el doble de probabilidades de vivir en viviendas en condiciones inadecuadas y de hacinamiento que el de las escuelas privadas, lo cual está estrechamente relacionado con la exclusión digital. Por último, el alumnado de las escuelas públicas tiene más probabilidades de que sus padres tengan dificultades para ayudarles con los estudios o la tecnología debido a la falta de tiempo.

Otras investigaciones académicas y de ONG en Australia han revelado que la exclusión digital es un factor clave de la desigualdad educativa en Australia. La organización benéfica Smith Family constató que solo el68 % de los niños y las niñas de entre 5 y 14 años en las comunidades más desfavorecidas de Australia tiene acceso a Internet en casa, frente al 91 % de los estudiantes y las estudiantes de las comunidades más favorecidas, y que esto provoca que se queden aún más rezagados en la escuela y carezcan de las competencias necesarias para participar en el mundo digital.

El histórico informe del Mitchell Institute titulado “Educational opportunity in Australia 2020: Who succeeds and who misses out”(Oportunidades educativas en Australia en 2020: quién tiene éxito y quién se queda atrás) concluyó que los estudiantes y las estudiantes de hogares con ingresos bajos “experimentan una doble desventaja: mayores barreras de aprendizaje, asociadas al entorno familiar, y menor acceso a las oportunidades y el apoyo que necesitan en la escuela”. Asimismo, destacaba que “toda estrategia para mejorar el rendimiento debe tener múltiples facetas, empezar desde el nacimiento y abordar las diferentes necesidades en todas las etapas educativas” [1].

Abordar las desigualdades exacerbadas en las respuestas políticas a la COVID-19

Preocupado por la situación de los estudiantes y las estudiantes más vulnerables durante el periodo de aprendizaje a distancia, el AEU realizó una encuesta a su membresía en marzo-abril de 2020. Observamos que más de un cuarto (un 27 %) de los directores y las directoras de escuelas públicas no disponía de recursos suficientes para un cambio sostenido al aprendizaje a distancia y más de tres cuartos (un 78 %) de ellos mencionaron como el problema más importante la financiación para proporcionar equipos de TIC al alumnado en casa.

¿Cómo respondieron las autoridades australianas a esta necesidad apremiante?En marzo y abril de 2020, escuelas individuales, gobiernos estatales y territoriales, organizaciones benéficas y empresas de telecomunicaciones se pelearon por ofrecer al alumnado los medios para disponer de acceso a Internet, necesario para el aprendizaje a distancia, a través de equipos prestados y donados.

En comparación, la respuesta del conservador Gobierno federal de Australia se limitó a subvencionar ligeramente el acceso a la banda ancha mediante la reducción del precio de venta al por mayor del servicio, una iniciativa que resulta poco útil para aquellos sin dispositivos o conexiones a banda ancha.

Esta inacción por parte de nuestro Gobierno federal ha llevado al AEU a responder al llamamiento de la IE de realizar urgentemente auditorías de la equidad en todas las escuelas australianas a fin de determinar el grado en que “[se han] profundizado las desigualdades estructurales existentes en la educación, haciéndolas más visibles” a causa de la “crisis global para la enseñanza y el aprendizaje” [2].  El Gobierno australiano debe, como primer paso, financiar una auditoría amplia de la equidad digital en el sistema de educación pública. El AEU ha incorporado este llamamiento en sus actividades de presión, propuestas al Gobierno y trabajo en los medios, y está colaborando con la empresa nacional de redes de banda ancha, propiedad del Gobierno de Australia, para destacar el déficit de acceso del alumnado en función de factores geográficos y socioeconómicos.

Las auditorías de la equidad digital deberían realizarse a nivel nacional a fin de obtener datos con los que elaborar planes de acción integrales. Además, deberían tener en cuenta la relación entre el aprendizaje a distancia a causa de la COVID-19 y las desventajas actuales debido a: la falta de inclusión digital, los posibles efectos a largo plazo del acceso a Internet en casa en los resultados académicos, los ingresos familiares, la ubicación en zonas remotas, la movilidad, el tipo de familia, el dominio del inglés, la discapacidad, la vivienda y el origen aborigen e isleño del estrecho de Torres.

El equipo que realice las auditorías debe estar facultado para recomendar a los gobiernos estrategias y enfoques de financiación para apoyar a los establecimientos educativos, en particular medidas específicas de apoyo al alumnado desfavorecido. Sin embargo, como defendía enérgicamente Christina J. Colclough en un blog y estudio recientes para la IE, esta mejora del acceso no debe adoptar la forma de una “acumulación del poder” por las empresas de tecnología educativa en los sistemas de educación pública que dependen de ellas. Por este motivo, las auditorías de la equidad digital deben ser llevadas a cabo por los gobiernos, sin influencias comerciales externas y con la participación plena de los sindicatos de la educación.

En las circunstancias actuales sin precedentes, la capacidad, la asequibilidad y el acceso digitales son más importantes que nunca para el aprendizaje. Es fundamental realizar auditorías oportunas y pormenorizadas de la equidad digital para identificar los déficits de inclusión digital del alumnado australiano. Estas auditorías deben ir acompañadas de un plan integral, elaborado en consulta con los sindicatos de la educación y respaldados por recursos, a fin de subsanar permanentementeel déficit de inclusión digital en las escuelas públicas de Australia y ofrecer una educación equitativa a todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias.

[1] https://www.vu.edu.au/mitchell-institute/educational-opportunity/educational-opportunity-2020-landmark-study-reveals-entrenched-educational-inequality

[2] https://issuu.com/educationinternational/docs/2020_eiguide_equityaudit_covid19_sp_final?fr=sMDEwYTIzODE5NTI