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Las estructuras que garantizan una representación significativa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en el diálogo social con los empleadores son fundamentales para el logro de una reforma efectiva y de una educación de calidad. Sin embargo, en la bibliografía científica es poco lo que se sabe sobre la relación entre el diálogo social, la privatización y las tendencias de la reforma educativa.

En el proyecto recientemente finalizado “ Diálogo social y relaciones laborales en la educación: los retos de la gobernanza de múltiples niveles y de la privatización en Europa” [1], hemos intentado empezar a abordar esta laguna de conocimiento examinando la forma en que se han desarrollado las complejas dinámicas entre la reforma educativa, la privatización y el diálogo social en la Bélgica francófona, Italia, Polonia y Suecia desde la crisis financiera de 2008.

Situando estas dinámicas en el marco de la gobernanza de múltiples niveles de la Unión Europea (UE), con el Semestre Europeo [2] y el Pilar Europeo de Derechos Sociales [3] como puntos de referencia específicos, hemos investigado si el diálogo social justo y la democracia industrial en la educación se están viendo socavados por la combinación de las presiones reformistas, la gobernanza tecnocrática, las restricciones presupuestarias y la inversión limitada. ¿Ha sido el “ nuevo comienzo para el diálogo social” proclamado por la Comisión Europea en marzo de 2015 un punto de inflexión o mera retórica?

La difícil relación entre el diálogo social y la presión reformista en la gobernanza de la UE

En nuestro informe final Retórica o punto de inflexión: Diálogo social y relaciones laborales en la educación entre la gobernanza de la Unión Europea y la privatización en Europa, ponemos de relieve la tensión existente en la gobernanza de la UE a la hora de promover el diálogo social en la educación.

Por una parte, identificamos un discurso que hace hincapié en el diálogo social, la inclusión y la participación de las partes interesadas a todos los niveles, en particular los interlocutores sociales, las organizaciones de interés general, las empresas y otras partes interesadas. A este respecto, se reconoce que la profesión docente y sus representantes desempeñan un papel destacado en la preparación y la aplicación de las reformas.

Sin embargo, por otra parte, también demostramos crecientes efectos de “bloqueo” resultantes de la amplia variedad de instrumentos en materia de políticas orientados a la competencia —como los referentes a nivel de la UE y los indicadores de desempeño— que oponen entre sí a los Estados miembros de la UE.

Estos marcos van acompañados de medidas y sanciones que, en algunos Estados miembros, dirigen los programas de reforma hacia la tecnocratización y la gerencialización, en los sectores de la educación y más allá, lo que dificulta un diálogo significativo y oportuno entre los interlocutores sociales.

Más divididos que unidos

El lema de la UE es “ Unida en la diversidad”, pero, cuando se trata del diálogo social en la educación, el panorama en toda Europa sigue siendo de división y de fuertes contrastes.

Nuestra investigación demuestra que los cuatro sistemas educativos que hemos estudiado siguen representando tradiciones diferentes en términos de relaciones laborales y diálogo social. Además, la influencia de las instituciones europeas en la elaboración de políticas en los Estados miembros difiere notablemente.

Las tensiones entre el diálogo social inclusivo y la presión de la reforma estructural se desarrollan, por lo tanto, de manera muy diferente en los sectores de la educación de los Estados miembros de la UE, que se encuentran en situaciones muy distintas a la hora de responder a las recomendaciones de las instituciones europeas, debido tanto a los legados históricos como a las circunstancias políticas, económicas y sociales actuales.

En este sentido, la investigación muestra cómo el avance hacia el gerencialismo tecnocrático, los incentivos basados en los resultados, las asociaciones público-privadas y la privatización de la educación, a menudo alentados por la gobernanza de la UE, deterioran en ocasiones las condiciones para el diálogo social.

Descubrimos que la discrepancia entre la retórica y la realidad es más evidente en el caso de Italia. En este país, el alcance del diálogo social centralizado y de la negociación colectiva se ha visto circunscrito a lo largo de los últimos años por la combinación de un control gubernamental reforzado, las medidas de austeridad y la regulación laboral similar a la del sector privado, haciéndose hincapié en la escuela y el trabajador individual como la unidad más importante para la negociación y la movilización. En Italia, la liberalización y la privatización de la educación han tenido efectos negativos sobre la autonomía profesional, las condiciones de trabajo, el salario, la seguridad laboral y la carga de trabajo del profesorado.

Del mismo modo, las nuevas reformas orientadas a la gestión pública han desempeñado en los últimos años un papel importante en la Bélgica francófona, donde el diálogo social en el ámbito de la educación se ha visto condicionado por una creciente intervención del Estado.

En Polonia existen instituciones de diálogo social, pero los procesos siguen acusando la falta de normas. Los miembros de los sindicatos informan de que el diálogo social y la negociación colectiva se promueven en cierta medida, pero los procesos de consulta tienen casi siempre un carácter puramente simbólico y sirven de fachada para introducir modificaciones rápidas en las políticas. Este tipo de retórica se hizo evidente durante la reciente ola de reformas que modificaron la estructura escolar y que, en última instancia, reflejaron las preferencias del partido gobernante.

Por último, Suecia constituye un caso interesante al ser un país con un destacado legado de democracia industrial y diálogo social, pero en el que el sistema educativo ha sufrido una transformación radical desde la década de 1990 mediante la descentralización y la expansión de la oferta y los servicios privados. El análisis de una iniciativa de gran alcance, puesta en marcha en 2013 para introducir una nueva etapa en la carrera profesional para el profesorado, revela que el sistema sueco también se enfrenta a serios desafíos a la hora de crear unas condiciones que funcionen para los docentes y las docentes a nivel individual y para la profesión como colectivo, y que estén enfocadas a una educación de calidad e inclusiva para todos. Partiendo de la base de que el aumento de la diferencia salarial entre los profesores por medio de subvenciones estatales haría más atractiva la profesión docente y mejoraría los resultados académicos de los alumnos, la reforma nacional de la carrera profesional no tuvo demasiado en cuenta las implicaciones en términos de las condiciones de empleo, las trayectorias profesionales y la base de conocimientos profesionales del profesorado a escala nacional, dejando en gran medida estas cuestiones fundamentales a la discreción de las autoridades escolares individuales.

En resumen, la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales plantea importantes desafíos en lo que respecta al principio 8, “Diálogo social y participación de los trabajadores”, que requiere que se consulte a los interlocutores sociales sobre el diseño y la aplicación de las políticas. Las conclusiones de nuestro proyecto apuntan a un panorama de “luces y sombras” en el que los mecanismos de gobernanza de la UE, y el Semestre Europeo en particular, han reforzado en algunos Estados miembros el compromiso con el diálogo social entre sindicatos y empresarios, mientras que, en otros, han dejado de lado a los interlocutores sociales y han impulsado la reforma de la educación hacia el gerencialismo tecnocrático, la individualización y la competencia.

En el actual contexto de la pandemia de la COVID-19 y la adopción del Plan de Recuperación para Europa, hay que seguir de cerca las posibles discrepancias entre la retórica y la realidad de la gobernanza de la UE y la manera en que se manifiestan de forma diferente en toda Europa.

Notas

[1] Coordinado por el Comité Sindical Europeo para la Educación (CSEE), el proyecto contó con la colaboración de nuestras tres universidades, de Lovaina la Nueva (Bélgica), Nápoles (Italia) y Varsovia (Polonia).

[2] Introducido en 2010, el Semestre Europeo es un ciclo anual de coordinación de políticas económicas, presupuestarias y sociales. Los principales resultados del Semestre son las recomendaciones específicas para cada país emitidas por el Consejo de la UE a cada Estado miembro. Las políticas de educación, formación y mercado laboral se consideran parte del Semestre Europeo.

[3] El Pilar Europeo de Derechos Sociales se proclamó en noviembre de 2017 en la Cumbre Social de Gotemburgo. El Pilar incluye 20 principios para “ofrecer derechos nuevos y más efectivos a los ciudadanos y las ciudadanas”, divididos en tres categorías principales: i) Igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral; ii) Condiciones de trabajo justas; y iii) Protección e inclusión social.