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Hoy, 12 de junio de 2021, celebramos el Día Internacional contra el Trabajo Infantil a la luz de la pandemia de COVID-19. Esta crisis representa un reto sin precedentes para la sanidad pública, los sistemas educativos y el mundo laboral. Por desgracia, los niños y las niñas son las primeras víctimas.

Las perturbaciones económicas y sociales provocadas por la pandemia son devastadoras y han exacerbado los indicadores de desigualdad, desempleo y pobreza en la mayoría de los países árabes.

La COVID-19 ha desencadenado una perturbación generalizada en la educación debido al cierre de las escuelas y otros centros educativos, que ha afectado a más del 90 % del alumnado en todo el mundo. La crisis ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas educativos y ha agravado las desigualdades sociales, de género, de aprendizaje y digitales, lo cual se suma a los retos sociales, políticos, humanitarios y económicos ya existentes en la región árabe.

Aumento en las tasas de abandono escolar

La crisis ha empujado a millones de niños y niñas vulnerables al trabajo infantil. Según las estadísticas de la OIT, se calcula que hay 152 millones de menores trabajadores. Con la situación actual, estos niños y niñas corren un riesgo todavía mayor de enfrentarse a circunstancias aún más difíciles.

Miles de familias se han visto obligadas a introducir a sus hijos en la economía sumergida debido a las dificultades económicas a las que se han visto expuestas durante los confinamientos y al cambio de paradigma en las condiciones de trabajo. Los gobiernos de la región árabe no han evaluado las consecuencias en los grupos vulnerables ni han protegido a los menores.

La educación a distancia, cuando la ha habido, no ha sido accesible para muchas familias que no tenían conexión a Internet o no disponían de equipos para trabajar en línea.

La pandemia también hará retraer los progresos realizados para lograr la igualdad de género en la educación. Según se ha informado, habrá un fuerte aumento en el número de niñas que no podrán volver a la escuela después de la pandemia, sobre todo debido a los matrimonios de adolescentes y los embarazos precoces.

El fenómeno de la inmigración clandestina de menores, sobre todo en los países del Magreb, constituye una grave amenaza que puede llegar a erosionar el tejido social de la región y agotar sus recursos humanos. Aunque el acceso a la educación proporciona mayores oportunidades de integración, la enseñanza a distancia plantea obstáculos adicionales al derecho a la educación.

Más de la mitad de los 22 países árabes están afectados por conflictos o por la afluencia de refugiados y personas desplazadas dentro del país. Al igual que ocurre en todo el mundo, los conflictos han afectado de forma desproporcionada a las mujeres y los niños y niñas de la región árabe. Como consecuencia, el trabajo infantil se ha convertido en el problema más crítico de protección de menores en el territorio, un problema que requiere una atención y medidas urgentes.

Por tanto, la ATUC y la IE, como federaciones sindicales mundiales, hacemos un llamamiento a nuestras organizaciones miembros de la región árabe para que adopten medidas e instamos a los gobiernos a:

• Erradicar el trabajo infantil y escolarizar a los niños y niñas trabajadores mediante el diálogo social con las organizaciones de trabajadores;
• Adaptar la legislación nacional a los estándares jurídicos internacionales y garantizar una aplicación efectiva de las leyes y reglamentos nacionales en lo que respecta a la edad de la educación obligatoria y el trabajo infantil;
• Intensificar las inspecciones en los lugares de trabajo y garantizar que se respete la legislación relativa a la protección de menores;
• Invertir en instalaciones educativas públicas y formar, apoyar y capacitar al profesorado;
• Proteger a los niños y niñas de la vulnerabilidad económica y social mejorando las circunstancias socioeconómicas de las familias con adultos que sufren pobreza y desempleo;
• Garantizar el acceso a los servicios básicos, incluida la educación y los programas en línea;
• Proteger a los niños y las niñas del impacto de los conflictos armados y hacer un llamamiento a las partes en conflictos armados para que respeten las disposiciones del derecho internacional humanitario que penalizan el ataque a las escuelas o su uso para operaciones militares;
• Proporcionar el apoyo social y psicológico necesario a los niños y niñas migrantes no acompañados.