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Al igual que ocurre con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), e independientemente del impacto de la pandemia de la COVID-19, es muy probable que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 4, que tiene como meta proporcionar a todas las personas una educación de calidad, no se cumplan cuando llegue el año 2030.

Mientras esta semana se celebra la Cumbre Mundial sobre la Educación como culminación de la campaña de recaudación de fondos de la Alianza Mundial para la Educación (GPE, por sus siglas en inglés) de aquí a 2025, ¿qué credibilidad se puede otorgar a los compromisos de los jefes de Estado y de la comunidad internacional cuando se suceden y no se producen nunca los efectos esperados?

La educación constituye la base de todo desarrollo sostenible y es parte de la solución de prácticamente todos los demás problemas; se requiere una inversión a nivel nacional adecuada y segura por parte de los Gobiernos a fin de garantizar una educación pública e inclusiva de calidad, garantía de la prosperidad en África.

La financiación de la educación es competencia del Estado. Para la soberanía y el desarrollo, resulta importante y urgente que se garantice con recursos nacionales la financiación del sector educativo y que las aportaciones externas solamente se realicen como complemento.

Si bien los estudios constatan un creciente aumento del producto interior bruto (PIB) en África ^[1], los presupuestos asignados a la educación han sufrido pocas modificaciones. En el África subsahariana se sitúan de media en torno al 4,6 % del PIB y representan menos del 20 % del presupuesto nacional.

Paradójicamente, incluso si los Estados parecen respetar la Declaración de Incheon que adoptaron en 2015 —sin por ello conseguir alcanzar las metas del 6 % del PIB y el 20 % del presupuesto nacional destinado a la financiación de la educación—, las necesidades de educación y formación de calidad siguen sin cubrirse. Esto provoca una gran inestabilidad en los sistemas educativos y la exclusión y el abandono de muchos adultos, jóvenes y niños, especialmente niñas, pero también un déficit de personal docente y de insumos educativos.

Con la llegada de la COVID-19, la crisis sanitaria ha dejado al descubierto los sistemas educativos y ha acentuado múltiples déficits de todo tipo en la educación, así como la necesidad de mayor financiación en el sector. Han surgido nuevos paradigmas en educación, como la educación a distancia, para la que muchos sistemas no estaban preparados y que ha creado nuevas necesidades y nuevas limitaciones para la accesibilidad de la educación para todos y todas sin exclusividad.

Hoy en día resulta imprescindible que nuestros Estados tomen las decisiones oportunas para convertir la educación en una prioridad máxima. Se trata de reorientar los recursos existentes, pero también de recaudar ingresos adicionales mediante la búsqueda de fuentes de financiación innovadoras, como la tributación de ciertos bienes y servicios; por ejemplo, las transacciones financieras, las telecomunicaciones, los productos de lujo, la explotación de los recursos naturales y la protección del medioambiente.

Recurrir a estos nichos de financiación, así como el rigor en la financiación presupuestaria, especialmente mediante una asignación eficiente de las subvenciones y una mejor regulación de las exenciones, podría proporcionar una financiación interna considerable proveniente de fuentes estables.

Con una sólida voluntad política por parte de los Gobiernos, así como con la presión que ejercen los sindicatos y otros actores de la sociedad civil, todo esto está al alcance de la mano.

La Internacional de la Educación y sus organizaciones miembros tienen un papel importante que desempeñar y el deber de movilizarse más activamente a fin de lograr que los Estados cumplan con sus compromisos: garantizar una inversión adecuada en el sector de la educación y en la profesión docente.

La prosperidad de los países depende de la calidad de sus recursos humanos y necesariamente pasa por una educación pública inclusiva de calidad.