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Una nueva investigación llevada a cabo por ActionAid, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Internacional de la Educación (IE) advierte de que las exigencias del Fondo Monetario Internacional de reducir los costes del personal del sector público socavan los progresos en materia de salud y educación.

La recomendación del FMI de recortar el gasto gubernamental en el sur global ha eliminado casi 10 000 millones de dólares estadounidenses de los presupuestos destinados a salarios en el sector público en quince países: Bangladés, Brasil, Ghana, Kenia, Liberia, Malaui, Nepal, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia y Zimbabue. Esto equivale a eliminar más de tres millones de trabajos esenciales, como docentes, personal de enfermería y doctores, a pesar de la creciente necesidad de estas categorías de profesionales durante la pandemia.

David Edwards, secretario general de la IE, declaró: “Las restricciones en el gasto salarial en el sector público tienen un efecto devastador en el sector de la educación. Cuando se reduce el gasto en los salarios del personal docente, el derecho a la educación de calidad del alumno corre peligro debido a la falta de personal docente cualificado y el tamaño inaceptablemente grande de las clases. Habida cuenta de la escasez mundial de docentes y los niveles cada vez más elevados de desgaste a causa de la pandemia, el FMI debería ayudar a los países de ingresos bajos y medios-bajos a contratar y retener más docentes bien preparados y altamente cualificados en lugar de presionar para que los países reduzcan su gasto en estos trabajadores y trabajadoras, que son tan importantes para la recuperación después de la pandemia. El profesorado es clave para una educación de calidad y para lograr el objetivo mundial de garantizar una educación inclusiva para todas las personas”.

Los ciudadanos contra la austeridad

Coincidiendo con la reunión anual en el FMI de los ministros y las ministras de Finanzas del G20 (12 de octubre), la investigación revela que, a pesar de que el FMI afirma que la restricción de la partida de los salarios es una medida temporal, se ha pedido a los quince países estudiados que reduzcan o congelen la masa salarial del sector público durante tres o más años, y la mayoría durante al menos cinco años.

El informe Los ciudadanos contra la austeridad muestra cómo reducir las partidas destinadas al pago de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras del sector público está socavando el progreso en materia de salud, educación e igualdad de género, y también está bloqueando las respuestas a la COVID-19 y las transformaciones necesarias para hacer frente a la crisis climática.

El análisis de documentos del FMI, en particular los informes del artículo IV que proporcionan recomendaciones normativas que configuran las economías de los países durante años, también revela la forma en que se están utilizando indebidamente los datos en los países para reducir la financiación del empleo público. Se observa que se recomendó que hicieran recortes en salarios del sector público a países con un nivel de gasto porcentual del PIB muy diferente para estas partidas. Desde Zimbabue, que destina el 17 % del PIB, a Nigeria que destina tan solo el 1,8 % del PIB, el nivel de variaciones es enorme y, sin embargo, la recomendación del FMI es sistemáticamente reducir el gasto.

De los 69 documentos del FMI examinados, solo los relativos a Liberia incluían cálculos de la escasez existente de personal en los sectores de la educación y la salud, a pesar de que esta información reviste importancia vital a la hora de determinar los niveles de financiación del empleo público.

El informe del artículo IV de Liberia reveló que la ratio de profesionales de la salud por cada 10 000 personas es de tan solo cinco en el país, en comparación con la meta de 41 fijada por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, a pesar de la necesidad clara de contar con más funcionarios y funcionarias en diversos sectores, se recomendó al Gobierno de Liberia que redujera la masa salarial en el sector público en 1,1 punto porcentual.

El informe se publica unas semanas después de que el Banco Mundial decidiera dejar de elaborar su informe anual Doing Business a raíz de las peticiones de cambio de la sociedad civil y una investigación condenatoria, en la que se revelaba un sesgo interno importante y una manipulación de los datos.

Asimismo, la nueva investigación pone de relieve la necesidad de reforma tanto en el FMI como en el Banco Mundial hacia una nueva dirección política que revalorice el papel del empleo y los servicios públicos en la promoción del desarrollo y el crecimiento.

Historias de primera línea

Docentes, profesionales médicos y personal de enfermería de los países objeto de estudio compartieron historias impactantes de sistemas educativos y de salud frágiles a los que se ha llevado a una situación catastrófica durante el momento álgido de la COVID-19 debido a la escasez de personal clave.

En Zimbabue, los salarios del profesorado (alrededor de 28 666 dólares zimbabuenses, o 335 dólares estadounidenses al mes) se encuentran por debajo del umbral de la pobreza medido conforme al consumo total, la cantidad necesaria para comprar suficientes alimentos y productos no alimentarios para mantener a una familia de cinco personas cada mes.

Según Farai*, un profesor de Zimbabue, “nuestros salarios parecen salarios de esclavitud. El profesorado se enfrenta a muchas dificultades. Sufrimos estrés y los docentes que sobreviven piensan que se han convertido en mendigos. La moral se encuentra bajo mínimos”.

“Nos hemos convertido en el hazmerreír de la sociedad, viviendo al día. Vamos a trabajar con la ropa hecha jirones, vivimos en condiciones deplorables. He escuchado historias de matrimonios que se han roto. Aun así, seguimos desempeñando nuestra función”.

Las políticas de austeridad que no funcionan, como la reducción de la masa salarial, pone de relieve la forma en que el FMI ha socavado los servicios públicos y ha impedido que los países respondan a múltiples crisis, como la crisis climática y la pandemia de la COVID-19.

Si los Gobiernos de los quince países estudiados aumentaran el porcentaje de PIB destinado a la masa salarial del sector público en tan solo un punto porcentual, se podría contratar a ocho millones más de docentes, doctores, personal de enfermería y otros trabajadores esenciales.

*Los nombres de los doctores, personal de enfermería, docentes y otros trabajadores del sector público citados en la investigación han sido modificados para proteger sus identidades.