El mundo está defraudando a millones de personas refugiadas. Debemos actuar ahora.
El recientemente publicado Informe de Indicadores del Pacto Mundial sobre los Refugiados 2021 nos recuerda con crudeza el impacto desproporcionado que tiene la pandemia en los grupos más vulnerables. La Internacional de la Educación hace un llamamiento a la comunidad internacional para que garantice sin demora el derecho fundamental a la educación y el derecho a un trabajo decente para todas las personas refugiadas.
Casi la mitad de personas menores refugiadas no están escolarizadas, las niñas están particularmente excluidas
Si bien la Internacional de la Educación acoge con satisfacción los progresos realizados con respecto al acceso a la educación en algunos países desde la adopción de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes en 2016, que allanó el camino para la adopción del Pacto Mundial, el hecho de que 1,8 millones de niños y niñas refugiados, casi la mitad de los menores refugiados en edad escolar que se encuentran en los países que presentaron informes, sigan sin estar escolarizados es inaceptable.
Los datos, que abarcan a más de 40 países que acogen a personas refugiadas, revelan que la media de las tasas brutas de matriculación de niños y niñas refugiados en 2019/2020 fue del 34% en la educación preescolar, del 68% en la educación primaria y del 34% en la educación secundaria. En el nivel terciario, las tasas de matriculación se sitúan en un lamentable 5%. Estas cifras están muy por debajo de nuestro compromiso colectivo de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y acceso universal de aquí a 2030.
Debemos intensificar nuestro compromiso con las personas más vulnerables que se han visto afectadas de forma desproporcionada por la pandemia. Las niñas refugiadas siguen teniendo menos posibilidades de acceder a la educación que los niños refugiados y un reciente análisis realizado en 10 países reveló, de forma alarmante, que la mitad de las niñas refugiadas no volverán a la escuela cuando las aulas vuelvan a abrir sus puertas. Y lo que es aún peor es que en algunos países todas las niñas corren el riesgo de abandonar definitivamente la escuela. Dado que una de cada dos personas refugiadas es una mujer o una niña, es indispensable contar con políticas y medidas que tengan en cuenta las cuestiones de género: el informe señala con razón que para mitigar los impactos socioeconómicos que los desplazamientos tienen a largo plazo sobre las mujeres y las niñas se necesitan, entre otras cosas, servicios educativos específicos.
Se necesita una acción urgente para hacer frente a las formas interrelacionadas de discriminación que se dan en la educación y que se han visto exacerbadas por la crisis de Covid-19: la Internacional de la Educación y sus afiliadas de todo el mundo han pedido a los gobiernos que lleven a cabo auditorías de equidad cuyos resultados sirvan de base para los planes de recuperación en el ámbito de la educación. Las auditorías de equidad educativa también pueden ayudar a abordar la falta de datos desglosados por edad, género, estatus de protección y diversidad que se necesitan urgentemente para fomentar la inclusión de las personas refugiadas en las comunidades de acogida.
La educación debe ocupar un lugar central en la recuperación
La educación es la herramienta más poderosa para empoderar a menores y jóvenes refugiados con el fin de que prosperen y alcancen su máximo potencial, si bien los datos muestran que está constantemente marginada y crónicamente subfinanciada.
Antes de la pandemia, en 2019, solo el 2,6% de la ayuda humanitaria se destinaba a la educación, muy por debajo del objetivo mundial del 4%.
La pandemia también ha hecho que los presupuestos destinados a la educación se redujeran aún más en muchos países. Se estima que el 65% de los gobiernos de los países de renta baja y media-baja, y el 35% de los gobiernos de los países de renta media-alta y alta han reducido la financiación destinada a la educación desde el comienzo de la pandemia.
La Internacional de la Educación llama la atención sobre el enfoque centrado en el desarrollo de soluciones educativas digitales para las personas refugiadas tras la crisis de Covid-19. La investigación encargada por la Internacional de la Educación, en el marco de la campaña Educar No Lucrar, sobre la educación de los niños y niñas refugiados de Siria indica que poner un énfasis excesivo sobre la tecnología puede ser pedagógicamente problemático y desviar la financiación de necesidades más urgentes, en beneficio de los actores privados.
Si queremos construir un futuro más equitativo y sostenible para las generaciones futuras, las inversiones para promover unos sistemas educativos públicos e inclusivos deben ocupar un lugar central en los programas de ayuda humanitaria y al desarrollo, así como en los esfuerzos de recuperación nacionales, para que todos los estudiantes, especialmente los más necesitados, tengan acceso a una educación gratuita de calidad.
El informe subraya, con razón, que es urgente y viable subsanar el déficit de financiación de la educación inclusiva de las personas refugiadas, tanto a través de la financiación internacional como nacional.
El trabajo decente es un derecho universal
El informe destaca asimismo el hecho de que se espera que la pandemia provoque un aumento de la pobreza mundial por primera vez en 20 años. Alrededor de 100 millones de personas, entre ellas muchas personas refugiadas, se verán abocadas a la extrema pobreza como consecuencia de la recesión económica.
Incluso antes de la crisis sanitaria, dos tercios de las personas refugiadas vivían en la pobreza. Muchas de ellas se enfrentan a obstáculos insalvables para acceder a un trabajo decente. Es fundamental que los países incluyan a las personas refugiadas en sus planes de recuperación económica para que puedan ser autosuficientes y contribuir a sus comunidades.
La educación de calidad y el trabajo decente no son lujos ni privilegios. Son derechos humanos universales que deben ser respetados. En el período previo a la Reunión Oficial de Alto Nivel que tendrá lugar en diciembre para evaluar los avances en la implementación del Pacto Mundial para los Refugiados (GCR, por sus siglas en inglés), la Internacional de la Educación hace un llamamiento para que los gobiernos, las organizaciones internacionales y todas las partes interesadas reaccionen enérgicamente para hacer frente al deterioro de la autosuficiencia y la resiliencia de las personas refugiadas y de las comunidades de acogida en el contexto de la pandemia, un objetivo central del GCR.
La ausencia de medidas inmediatas con respecto al acceso de las personas refugiadas a una educación de calidad y a un trabajo decente condena a millones de personas a una vida de penurias. Los gobiernos nacionales y la comunidad internacional tienen una obligación legal y moral con todas las personas refugiadas y desplazadas. Es imprescindible actuar de inmediato.
