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En representación de más de 200 millones de trabajadores y trabajadoras de todo el planeta, el Consejo Global Unions ha publicado una declaración en la que insta a los Gobiernos y, en particular, a los de Reino Unido, Suiza y Alemania, así como a la Comisión Europea, a anteponer las personas a los beneficios y a renunciar a los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y los productos médicos contra la COVID-19 en el seno de la Organización Mundial del Comercio.

La exención temporal de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en relación con la prevención, la contención y el tratamiento de la COVID-19 fue propuesta por primera vez por Sudáfrica y la India en octubre de 2020. Desde entonces, ha obtenido el apoyo de más de 100 países de todo el mundo. Solo unos cuantos países ricos se oponen a la exención y optan activamente por defender los beneficios de las empresas farmacéuticas durante una pandemia mortífera que ha causado más de 5 millones de muertes a escala mundial y que continúa haciendo estragos entre los más vulnerables.

El presidente estadounidense Biden y el Parlamento Europeo reiteraron hace poco su apoyo a una exención temporal de la propiedad intelectual. Entre tanto, la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio, cuya celebración estaba prevista para esta semana, ha tenido que aplazarse debido a los riesgos que plantea Omicron, la nueva variante del virus que ha aparecido en países con un escaso acceso a las vacunas.

David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, ha declarado: “Como educadores, hemos estado en primera línea de esta pandemia y hemos presenciado las devastadoras consecuencias que ha supuesto para nuestro alumnado, nuestros/as colegas y nuestras comunidades. La distribución equitativa de la vacuna es el único camino a seguir. La solidaridad, no la codicia, es la solución. Ya se han perdido millones de vidas, vidas que podrían haberse salvado. La UE, el Reino Unido y Suiza no deben consentir que el afán de beneficios de las empresas sumerja al mundo en una pandemia sin fin”.

Leer a continuación la declaración completa del Consejo Global Unions.

Los trabajadores y las trabajadoras del mundo reclaman el acceso universal a las vacunas y a los productos y tecnologías sanitarias contra la COVID-19, los Gobiernos deben actuar urgentemente

Declaración del Consejo Global Unions (CGU), 24 de noviembre de 2021

Han pasado casi dos años desde el estallido de la pandemia mundial de COVID-19. Los trabajadores y las trabajadoras han dado un paso adelante, arriesgándose para salvaguardar la vida de las personas, los medios de subsistencia y la economía mundial, y han propiciado avances extraordinarios en los campos de la ciencia y la medicina, desarrollando rápidamente pruebas, tratamientos, medicamentos, dispositivos médicos, equipos de protección individual y, lo que es más importante, vacunas contra la COVID-19.

A pesar del compromiso de los trabajadores y las trabajadoras, unos cuantos Gobiernos están saboteando la recuperación mundial al bloquear el intercambio de estos avances médicos, con el consiguiente coste de vidas y un mayor riesgo para los trabajadores/as y sus comunidades. Es necesario emprender una acción colectiva inmediata para garantizar un acceso equitativo y universal a las vacunas de COVID-19 y a otros productos y tecnologías sanitarias.

El movimiento sindical internacional hace un llamamiento a todos los Gobiernos, en particular a los de Reino Unido, Alemania y Suiza, así como a la Comisión Europea, con objeto de que tomen todas las medidas necesarias para poner las vacunas de COVID-19 a disposición de todos, y apoyen la exención temporal y específica de los ADPIC propuesta por Sudáfrica y la India en el seno la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se resolverá así un obstáculo clave para la protección de los trabajadores/as y las comunidades de todo el mundo en tanto que las repercusiones del coronavirus persistan. El sistema de la OMC prevé la suspensión de las normas de propiedad intelectual en circunstancias excepcionales. Y la pandemia constituye claramente una circunstancia excepcional.

Los trabajadores y las trabajadoras, especialmente los del Sur, se han visto afectados por la desigualdad de acceso a las vacunas. En los países donde escasean los suministros, el personal sanitario y demás trabajadores y trabajadoras de primera línea siguen esperando sus vacunas. Y aunque ellos y ellas mantienen su compromiso con la seguridad de sus sociedades y con el funcionamiento de la economía y de las cadenas de suministro esenciales, unos cuantos líderes y empresas farmacéuticas les están defraudando.

El derecho fundamental a un lugar de trabajo seguro solo es posible con el acceso a la vacunación, independientemente de dónde se viva. No garantizar la equidad mundial respecto al acceso a las vacunas y los tratamientos supone una amenaza existencial para la seguridad de trabajadores y trabajadoras, y repercute negativamente en los derechos humanos, en particular en el derecho a la vida, el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y el derecho al desarrollo.

Constituye también una amenaza para la recuperación de la industria. El FMI ha advertido que si no se intensifican las campañas de vacunación, la recuperación podría estancarse y provocar en los próximos cinco años pérdidas del orden de 5,3 billones de dólares en el PIB mundial. La producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, así como las actividades económicas asociadas, se enfrentan a desajustes sin precedentes. Retrasar la vacunación efectiva a nivel mundial no hará sino prolongar la pandemia de COVID-19 y desencadenar futuras crisis económicas.

Los trabajadores de todo el mundo quieren una actuación urgente al respecto. Los sindicatos ya han adoptado medidas en apoyo de la exención en 127 países. Las vidas y los medios de subsistencia de trabajadores y trabajadoras, y de nuestras comunidades, dependen de ello.

Cada día de retraso significa más vidas perdidas y más retrocesos en la recuperación. El afán de lucro y la especulación en el contexto de una pandemia son inaceptables. No puede haber más excusas.

Nadie está a salvo hasta que todos lo estemos.

Por lo tanto, el Consejo Global Unions (CGU), que representa a más de 200 millones de trabajadores y trabajadoras a través de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI), incluida las Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC):

• Se opone a la gran disparidad existente entre los países en desarrollo y los países desarrollados en cuanto al acceso y la distribución equitativos de productos y tecnologías sanitarias relacionados con la COVID-19, a saber, vacunas, diagnósticos, dispositivos, equipos de protección individual y medicamentos.
• Respalda las campañas de los sindicatos y de la sociedad civil de todo el mundo a favor de una exención temporal de las normas de propiedad intelectual de la OMC durante la pandemia de COVID-19, tal y como proponen la India y Sudáfrica y los copatrocinadores, y en la medida que resulte preciso para hacer frente a las necesidades derivadas de la pandemia a nivel mundial.
• Acoge con satisfacción el apoyo a la exención brindado por los Gobiernos de más de 100 países y solicita a dichos países, entre ellos Estados Unidos, China y Australia, que ejerzan con carácter de urgencia más presiones sobre los que bloquean dicha exención.
• Se une a y apoya los llamamientos para utilizar todas las vías posibles, incluida la eliminación temporal de obstáculos, en favor del desarrollo, la producción y la aprobación de vacunas, tratamientos y diagnósticos, así como de otras tecnologías sanitarias.
• Respalda la campaña de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en favor de la vacunación equitativa #VaccinEquity, cuyo objetivo es superar las desigualdades vinculadas a la pandemia, si bien observa que las iniciativas existentes, como el COVID-19 Technology Access Pool, COVAX y el Acelerador ACT, no han logrado hasta ahora cumplir sus propios objetivos ni proporcionar la distribución rápida y equitativa de las vacunas contra la COVID-19 que necesitamos.
• Hace un llamamiento a los Gobiernos y a los fabricantes de vacunas para que aceleren y amplíen urgentemente la disponibilidad de productos y tecnologías sanitarias contra la COVID-19 a los países de menores ingresos y para que lleven a cabo iniciativas, como el intercambio de tecnologías –en particular la tecnología de vacunas mRNA– para desarrollar la capacidad de producción de muchos países.
• Subraya la importancia de proteger la integridad y la calidad de las vacunas una vez que se relajen las restricciones.
• Exige a los países un compromiso común de no acaparar o almacenar un gran número de dosis de vacunas –ni limitando las exportaciones ni por otros medios– y solicita a todos los que producen vacunas y sus insumos evitar medidas que puedan perturbar las cadenas de suministro.