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La 26.ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la COP 26, se promocionó como la cumbre climática más importante desde la firma del Acuerdo de París en 2015. A causa del aumento de la presión de la ciudadanía y la interrupción que supuso la pandemia de Covid 19, se esperaba que las charlas sobre el clima de esta edición propiciaran compromisos clave en cuanto a economía, adaptación y reducción de las emisiones, sobre todo por parte de los países del Norte Global.

Esta situación llega después de que las naciones ricas hayan sido incapaces de cumplir con el compromiso económico de destinar 100.000 millones de dólares a la lucha contra el cambio climático en 2020, un mecanismo diseñado para ayudar a los países en desarrollo vulnerables a llevar a cabo la transición hacia economías con bajas emisiones de carbono y adaptarse al cambio climático.

El éxito o fracaso de esta conferencia de dos semanas es cuestionable. A pesar de haber trazado el Pacto por el Clima de Glasgow, que recoge el compromiso de duplicar la financiación e intensificar las Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) el próximo año, a mucha gente le decepcionó el hecho de que se volviera a rechazar el mecanismo de financiación de referencia propuesto por las naciones en desarrollo que harán frente a los costes económicos y sociales de los impactos irreversibles del cambio climático (lo que se suele denominar “daños y pérdidas”). Además, el texto de la resolución de este año hablaba de reducir el uso del carbón; se trata de la primera referencia a los combustibles fósiles en un documento oficial de la CMNUCC desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en 1997. A pesar del aparente avance, debemos destacar que se trata de una versión descafeinada de la propuesta original, que hacía referencia a una eliminación gradual del uso del carbón. Aún está por ver en qué se traducirá en la práctica en el ámbito de las políticas nacionales e internacionales esta afirmación formulada con tanta ambigüedad, sobre todo en términos de ayudas para el sector de los combustibles fósiles.

Por tanto, a modo de cierre de la campaña Educar por el Planeta de este año, este artículo pretende explicar brevemente las conclusiones más significativas de la COP 26 relevantes para el trabajo del sindicalismo del sector educativo.

El Pacto por el Clima de Glasgow: ¿se mantiene el compromiso de los “1,5 grados”?

La pregunta fundamental de la cumbre de Glasgow de este año se centraba en cómo fomentar los compromisos para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados al final de este siglo. Hablamos del objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, que plantea situaciones climáticas menos catastróficas.

La presidencia de Reino Unido fue valiente desde el principio al anunciar que la COP 26 tenía el objetivo de garantizar un acuerdo que daría al planeta la oportunidad de luchar para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Antes de la COP 26, el mundo se encaminaba hacia un aumento de la temperatura de 2,7 grados, mientras el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) lanzaba una advertencia: el calentamiento de 1,5 grados podría ser una realidad en 2030 según su informe del pasado mes de agosto.

Un total de 151 países enviaron Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) nuevas o actualizadas antes de la COP 26 que, si se aplican por completo, podrían suponer una reducción de 0,2 grados en el calentamiento global. Del mismo modo, altos funcionarios, coaliciones multilaterales y el sector privado alcanzaron varios compromisos sobre reducción de emisiones relacionados con el metano, el carbón, los transportes y la deforestación. Un nuevo estudio sugiere que, si se llevan a la práctica en su totalidad, dichos compromisos podrían implicar otros 0,1 grados de reducción en el calentamiento.

En este contexto, al final de la cumbre se adoptó el Pacto por el Clima de Glasgow. El documento de 11 páginas —texto con los resultados de la decisión de todo el proceso— estableció un marco de referencia para los combustibles fósiles y exigió que la ambición en cuanto a los objetivos de mitigación aumente antes de lo previsto. En concreto, el texto solicita a los países que refuercen sus compromisos climáticos en 2022 en lugar de en 2025 según lo indicado en el Acuerdo de París y pide la “eliminación gradual de la generación con carbón” y de “los subsidios ineficientes para los combustibles fósiles”. Sin embargo, la pragmática traducción de “eliminación gradual” parece caprichosa, ya que los dirigentes aún siguen debatiendo las implicaciones para las políticas energéticas nacionales de cada país.

Otra conclusión destacable del texto de la decisión fue la inclusión de los términos “ciencia y urgencia”, que señalan las recomendaciones del último informe del IPCC, de modo que se reitera la necesidad de reducir profundamente las emisiones para limitar el calentamiento a 1,5 grados.

Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, debemos señalar que el Fondo de Adaptación, fijado actualmente en 20.000 millones de dólares, se duplicará en 2025. Sigue siendo insuficiente para hacer frente a las necesidades de adaptación mundiales, que se calcula que alcanzarán los 140.000-300.000 millones de dólares anuales en 2030 y los 280.000-500.000 millones en 2050 para los países en desarrollo, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El texto tampoco incluía una hoja de ruta que indique cómo se lograrán estos compromisos. Igualmente, los líderes y representantes de la sociedad civil del Sur Global se mostraron decepcionados por la falta de acción ante el pilar probablemente más cuestionado de la acción climática: las pérdidas y daños.

Espacio de “pérdidas y daños” en Glasgow

Las pérdidas y daños, una de las bases fundamentales del Acuerdo de París, hacen referencia a la destrucción del sustento y las infraestructuras y la pérdida de vidas humanas derivadas de impactos climáticos inevitables, como el aumento del nivel del mar, los eventos climatológicos extremos y la desertificación. En resumen, se trata de costes económicos y sociales del cambio climático que solo se pueden gestionar a través de leyes compensatorias.

En el ecuador de la conferencia, Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, anunció que destinaría 1 millón de libras a través del Climate Justice Resilience Fund (Fondo de Resiliencia para la Justicia Climática) a apoyar a quienes luchan contra los desastres climáticos en primera línea. Aunque este compromiso era en teoría insignificante en comparación con lo que necesitan los países vulnerables —un mínimo de 300.000 millones de dólares en 2030 según las previsiones de los activistas— supuso un reconocimiento monumental por parte de una líder mundial con respecto a la necesidad de compensación. La sociedad civil aplaudió el gesto y espera que sirva para inspirar a otros países a seguir sus pasos.

No obstante, el estado de ánimo en el ámbito de las negociaciones oficiales era totalmente diferente. El debate de la COP 26 en torno a las pérdidas y daños se centró en el Espacio de “pérdidas y daños” de Glasgow, cuyo objetivo era poner en funcionamiento un mecanismo de financiación. Los encargados de promover este movimiento fueron principalmente el G-77 + el bloque de China, un grupo de negociación muy fuerte compuesto por 134 países del mundo en desarrollo. Esta iniciativa también contó con el apoyo de pequeños estados insulares y de países africanos. Como era de esperar, Estados Unidos y la Unión Europea bloquearon su avance. Temían que, al permitir la financiación de las pérdidas y daños, se abrieran las compuertas a la responsabilidad ante el cambio climático en forma de demandas legales. Por tanto, la decisión final solo incluyó una frase sobre “asistencia técnica”. Los negociadores del Sur Global denunciaron esta degradación como medida para aplacar su exigencia de un plan para reconstruir las economías y compensar la pérdida de vidas y sustento por culpa de desastres de origen climático.

La educación climática en la COP 26

En la COP 26, la educación climática ganó impulso en su lucha por convertirse en un objetivo más visible. En concreto, los ministros de educación y medioambiente de diversos países, junto con representantes de la juventud, organizaron un evento llamado “ Juntos por el futuro: educación y lucha contra el cambio climático”, en el que se establecieron más de 20 compromisos relacionados con la formación del profesorado, la participación estudiantil y la resiliencia climática en los sistemas educativos. Durante el evento, jóvenes activistas señalaron la importancia del apoyo del profesorado y la colaboración de los estudiantes a la hora de reformar los planes de estudios en todo el mundo de modo que el cambio climático se convierta en una parte fundamental de la educación.

Sin embargo, en el espacio de negociaciones formal no dieron tanta importancia a la educación climática. Este aspecto se incluye en el mandato de la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE), que se estaba negociando en el ámbito del Programa de trabajo de Doha. Al final de la cumbre se adoptó un programa de la ACE de 10 años de duración —sin una mención crítica de los derechos humanos en el texto, hecho por el que los activistas han dado la voz de alarma— en el que se “anima” a las partes a incluir la formación sobre el cambio climático en los sistemas educativos formales y no formales. Aún está por ver cómo avanzará la ACE en la agenda educativa cuando vuelvan a reunirse en Bonn (Alemania) en junio de 2022.

¿Por qué esto es relevante para los sindicatos educativos?

Aunque el profesorado y los sindicatos educativos se muestran contundentes al afirmar que es urgente tomar medidas en cuanto a la crisis climática, sigue habiendo una brecha en la relevancia práctica de este problema en el sector. Quizá por culpa de la naturaleza difusa del cambio climático y de los desafíos indirectos que afectan al sector educativo, trasladar estas exigencias a la labor sindical puede suponer todo un reto. Por tanto, quizá resulte pertinente empezar por el vínculo de los sindicatos educativos con el cambio climático a través del concepto de transición justa, un problema cada vez mayor relacionado con los derechos laborales.

La transición justa es el objetivo principal de la implicación sindical en el cambio climático por lo que supondría la transición a una economía con bajas emisiones de carbono para la fuerza laboral. En resumen, transición justa hace referencia a un marco que “ ofrece y garantiza trabajos mejores y más dignos, protección social, más oportunidades de formación y una mayor seguridad laboral para todos los trabajadores y las trabajadoras a quienes afecta el calentamiento global y las políticas sobre cambio climático”. Aunque es probable que el profesorado no se vea afectado por este problema de forma directa, una gran cantidad de docentes y profesionales del sector educativo mantienen vínculos con trabajadores y trabajadoras para quienes sí será un reto, como señala Liam Rutherford, del NZEI Te Riu Roa. Los despidos y los cambios en la economía del trabajo tienen un efecto multiplicador en las familias y comunidades. Por tanto, el personal educativo es aún más importante como precursor de la formación y el conocimiento necesarios para los empleos de una industria con bajas emisiones de carbono en la actualidad y en un futuro.

Igualmente, el sector educativo siempre ha sido parte integral a la hora de preparar a las comunidades para adaptarse al cambio climático. Por la centralidad de las escuelas en las comunidades, estas se han convertido en espacios de adaptación climática y respuesta ante catástrofes. Por ejemplo, en muchos países del Sur Global las escuelas son lugares de evacuación en caso de tifón o de otros eventos climatológicos. En ellas también se organizan sesiones de formación para reducir los riesgos en caso de catástrofe; en muchos casos, los gobiernos locales recurren al profesorado para educar a sus comunidades. ¿Qué sucede entonces si no cuentan con lo necesario para enseñar sobre cambio climático y las escuelas no se han reforzado para adaptarse al clima?

En las negociaciones de pérdidas y daños, un borrador inicial propuesto por el G-77 + el bloque de China incluía una disposición para financiar “servicios públicos” a raíz de una destrucción provocada por el clima. En teoría, esto incluirá reconstruir y reforzar las infraestructuras escolares. Por desgracia, esta propuesta se eliminó del texto final ante la insistencia de las naciones ricas.

Fue otro revés para las naciones en desarrollo, así como para el sector educativo dado su papel como servicio público. El sector educativo cuenta con un potencial increíble para la acción climática. Las escuelas no solo están bien posicionadas para formar a las futuras generaciones de estudiantes en sectores con bajas emisiones de carbono, sino que también se convierten en espacios físicos para la formación sobre adaptación climática y, en algunos casos, incluso en refugios ante los impactos de la crisis climática. Las escuelas son un lugar comunitario para la resistencia climática.

Por tanto, el desafío para los sindicatos educativos consiste en avanzar con una perspectiva global sobre la educación climática. Sabedores de que el cambio climático representa una crisis multisectorial e intergeneracional que se debe abordar con la mayor urgencia posible y un claro sentido de la justicia, se insta a los y las miembros de sindicatos educativos a integrar la defensa de la educación sobre el cambio climático en sus campañas.

De este modo, se exige al profesorado y a los y las miembros de sindicatos educativos que luchen por la justicia climática, con la creencia de que no solo es posible vivir en un mundo mejor sino que merece la pena luchar por conseguirlo.