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Si hay algo que desearíamos no volver a ver nunca más, sin duda son las listas de espera en los crematorios. Que las morgues temporales sean solo eso, temporales. Tenemos la capacidad de hacerlo y de prepararnos para la próxima crisis sanitaria mundial para que nunca volvamos a ver este nivel de caos y destrucción, y la forma de hacerlo es ampliar el acceso a las vacunas más allá de nuestras fronteras.

Estados Unidos se ha pronunciado a favor de la suspensión de las patentes y de otras protecciones de la propiedad intelectual para las vacunas contra la COVID-19 con el fin de ayudar a ampliar la producción de estas vacunas que ayudarían a salvar vidas en todo el mundo. Se trata de una decisión extraordinariamente importante y valiente, e instamos a los otros países ricos a seguir su ejemplo.

Por el momento, en los países de ingresos bajos el número de vacunas administradas contra la COVID-19 es muy deficiente en comparación con el porcentaje que se destina a los países de ingresos altos y medios altos.

Es una vergüenza. Y, además, es contraproducente. Basta con recordar la enorme cantidad de infecciones que amenazó con derrumbar el sistema sanitario de la India.

Como responsables de dos de los mayores sindicatos de la educación del mundo, somos los primeros testigos de las consecuencias intelectuales y económicas que provoca la falta de acceso de ciertos países a las vacunas. Y, sin embargo, tenemos la solución.

El problema reside en un conjunto inestable de normas consagradas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC. Mientras la industria farmacéutica pueda beneficiarse de la fabricación de vacunas, no tendrá ninguna motivación para ampliar el acceso y ayudar a todo el mundo a beneficiarse de una atención médica vital, independientemente de los factores geográficos o demográficos.

Por el momento, dado que cuentan con la protección de los ADPIC, las empresas farmacéuticas se niegan rotundamente a divulgar la composición de sus productos y compartir sus herramientas y los resultados de sus investigaciones para acelerar la producción de vacunas en el mundo. Y todo ello por intereses económicos.

Esperamos que el liderazgo moral de Estados Unidos para apoyar la exención inspire a otros países a unirse a este apoyo y a participar constructivamente en las negociaciones basadas en textos en la OMC a favor de la exención. Se trataría de un paso muy importante en el marco de la lucha mundial contra la pandemia.

Nos enfrentamos a un virus que nos supera en innovación, que se burla de los derechos de propiedad intelectual y que, de momento, evoluciona más rápido que nosotros, tal como demuestra la reciente aparición de la variante Ómicron. Estados Unidos ha hecho un gran trabajo en la difusión de vacunas, pero si no aceleramos su producción y equilibramos su distribución entre los países desarrollados y en desarrollo, perderemos la carrera contra las variantes del virus. Tenemos que alcanzar la inmunidad de rebaño en todo el mundo y la vacunación universal es la única manera de lograrlo. Lo conseguimos con la viruela y estamos muy cerca de conseguirlo con la polio, así que también podemos hacerlo con la COVID-19.

Sin embargo, hasta el momento, algunos países ricos, entre los que se incluyen los miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza, se oponen a la exención, a costa del progreso mundial y la vida humana. Pero ningún país es una isla. Si los Gobiernos quieren erradicar la pandemia dentro de sus fronteras, tendrán que erradicarla en todo el mundo. Nuestro mejor recurso es considerar las vacunas como un bien público mundial e inmunizar al mayor número de personas posible.

En lo que respecta a la educación, la ausencia de medidas urgentes para garantizar la distribución equitativa de las vacunas en el mundo tendrá consecuencias catastróficas para toda una generación, entre ellas la imposibilidad de retomar la educación presencial a tiempo completo, un elemento fundamental para adquirir una base académica, social y emocional sólidas.

Esta situación tendrá un impacto a largo plazo en todos ellos, por no hablar de la economía mundial. En varias regiones de Sudáfrica, hay estudiantes que asisten a la escuela solo una vez a la semana, o cuatro veces al mes. Las escuelas más pobres no disponen de la infraestructura necesaria para garantizar la distancia de seguridad entre el alumnado. Por eso, mientras algunos estudiantes están en el aula, la mayoría no puede seguir las clases en línea desde casa porque no tienen la posibilidad de hacerlo.

En Estados Unidos, donde se ha vacunado a más del 60 % de la población, la situación ha mejorado notablemente. La gran mayoría del profesorado, del personal escolar y del alumnado estadounidenses han retomado la enseñanza presencial. El personal educativo de Estados Unidos está muy agradecido a la administración Biden por el gran despliegue de la vacunación a nivel nacional y desearía que toda la comunidad educativa del mundo tuviera ese mismo acceso a las vacunas.

Desgraciadamente, las consecuencias de esta pandemia no parecen haber convencido de forma suficiente a las empresas farmacéuticas para que compartan sus conocimientos con otros productores de todo el mundo. Necesitamos que se comparta esa información, y la exención de los ADPIC es la única forma de hacerlo. Si apoyan la exención, nuestros Gobiernos y los dirigentes de los países ricos evitarán que la codicia de las empresas se imponga a la vida humana.

Es precisamente esta elección la que podría determinar el curso de la pandemia y la que dirá mucho de nuestro propio carácter moral.