El movimiento sindical mundial de la educación condena enérgicamente las iniciativas destinadas a lucrarse con los objetivos de la ONU
La enseñanza privada —y no el acceso generalizado a una educación pública de calidad— se ha beneficiado del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 4, según la Internacional de la Educación.
Esto contradice el espíritu del objetivo (más educación de mayor calidad para todos) y la federación mundial de la educación reitera que la calidad y la equidad deben ser claves en la Agenda 2030.
Así nos lo recuerda Antonia Wulff, de la Internacional de la Educación (IE), en su artículo «Cashing in on sustainable development goal (SDG) 4» [Lucrarse con el objetivo de desarrollo sostenible 4], publicado en el informe de la sociedad civil Spotlight on Sustainable Development 2017. Asegura que, indirectamente, la Agenda 2030 favorece la participación del sector privado en la educación. Esto ocurre porque los ODS en general, y concretamente en cuanto a los medios de ejecución, suponen un planteamiento de financiación distinto: en la búsqueda de financiación propia, se espera que cada país abra la puerta a nuevas formas de participación del sector privado.
Privatización
Explica que la aparición de los llamados colegios privados de bajo coste — o deberíamos decir colegios de pago con ánimo de lucro— ha impulsado la proliferación de centros privados. Un llamativo ejemplo de esta tendencia es Bridge International Academies (BIA), que dirige más de 500 centros infantiles y de primaria con más de 100.000 estudiantes en Kenia, Uganda, Nigeria, Liberia y la India. Su modelo de negocio se basa en recurrir a docentes no cualificados que siguen al pie de la letra, en una tableta, unas unidades didácticas predefinidas y estandarizadas, sin dejar lugar para los procesos pedagógicos que caracterizan a la educación de calidad.
Por un lado, según Wulff, los gobiernos están deseando recortar costes. A nivel mundial, esto se refleja claramente en medidas como la congelación de los salarios públicos, el cierre de colegios públicos, el uso de cheques escolares o la privatización de centros y servicios de apoyo educativo.
Por otra parte, habla de la evolución del mercado educativo mundial, que actualmente está valorado en 4,3 USD billones y se espera que crezca de forma significativa en los próximos años. Esto se debe en parte a las firmas de capital de riesgo y de inversión privada, algunas de las cuales invierten en empresas como BIA. Sin embargo, algunos actores locales han encontrado un mercado doméstico potencialmente lucrativo. Por ejemplo, los centros Omega de Ghana cobran aproximadamente una cuota de 0,65 USD al día, que equivale al 41 por ciento del salario mínimo nacional.
Déficit en lectura y escritura
Entretanto, la UNESCO informa de que 250 millones de niños no saben leer ni escribir tras cuatro años de escolarización, una estadística clave en la formulación del ODS 4, según Wulff. El posterior impulso del «aprendizaje» no responde a la reivindicación popular ni del electorado, sino que es consecuencia directa de la financiación del sector privado concedida a los que abogaban por el «objetivo del aprendizaje».
«Los resultados académicos no son sinónimo de educación de calidad y la medición en sí misma tampoco es una solución para la falta de aprendizaje», afirma. «Al contrario, está demostrado que centrarse exclusivamente en los resultados sobre alfabetización y matemáticas reduce el alcance y la profundidad de la enseñanza, lo cual representa una amenaza para el fin mismo de la enseñanza». Explica que «aprendizaje y educación son cosas distintas: aunque el primero forma parte de la segunda, es esta última la que exige un sistema y una sociedad».
Falta de rendición de cuentas
Reconoce que, en relación con la aplicación y el seguimiento de la Agenda 2030, tanto la estandarización como la rendición de cuentas pueden servir para garantizar la equidad y la calidad de los sistemas. No obstante, ha hecho hincapié en que «las herramientas que se están empleando no están diseñadas para exigir responsabilidades a los gobiernos por invertir o no en sistemas de educación equitativos y de calidad».
Al contrario, Wulff señala que estas herramientas se suelen basar en evaluaciones estandarizadas a gran escala, a menudo diseñadas y gestionadas por empresas privadas de enseñanza. Por ejemplo, Pearson, la editorial y empresa educativa más grande del mundo, está elaborando los marcos para el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, lo que significa que se encargan de concretar cómo evaluar la alfabetización, las matemáticas, las ciencias y las «competencias globales».
Deficiencia en las medidas actuales
También subraya que estas tendencias se ven reforzadas por el marco de indicadores globales de los ODS. Los estados miembros están claramente a favor de los indicadores de resultados —que, por cierto, también favorecen a los países ricos ya que cuentan con ventaja— y, por supuesto, en el objetivo educativo, esto se traduce en resultados de aprendizaje, afirma.
«Lo irónico es que medir la competencia a nivel mundial no tiene mucho sentido; la medición global no tiene en cuenta los factores contextuales, lo que dificulta la interpretación de los resultados, insiste Wulff. «Al no ajustarse a las políticas y planes de estudio nacionales, la medición no puede usarse para evaluar o modificar políticas o respaldar intervenciones en el aula. Lo más probable es que enfrente a unos países y sistemas con otros y empuje a los sistemas en una dirección que se aleje de las necesidades y prioridades concretas de cada país».
Es necesaria una supervisión de los derechos
Ha subrayado que el ODS 4 fue celebrado por la comunidad educativa por sumarse a la materialización progresiva de la educación gratuita más allá de primaria, tal y como establece el derecho a la educación, y señala que «ese compromiso histórico con la educación gratuita a nivel intergubernamental solamente ha ido acompañado, por el momento, de un aumento de la educación de pago de carácter privado, destinada especialmente a aquellos con menor capacidad adquisitiva».
Según dice, lo que se debería supervisar con la Agenda 2030 es que los titulares de los derechos disfruten de sus derechos y que los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Asimismo, añade que la movilización en contra de la proliferación de colegios privados debe ir acompañada de esfuerzos para interrogar a las estructuras y fuerzas sociales y económicas que han propiciado estos cambios. «No cabe duda de que la austeridad fiscal continua influye en la calidad de los servicios públicos, pero también debemos admitir que hay una creciente demanda de alternativas privadas, caracterizadas por una actitud consumista hacia la educación. Para muchos, el progreso significa poder elegir o, en el caso de la educación, poder llevar a tus hijos a un colegio privado».
Subraya que el ejemplo de BIA muestra claramente que «elección» no implica igualdad, sino que, por defecto, reproduce los mismos patrones de desigualdad que dice vencer. Concluye que «cuando los estados renuncian a su obligación de procurar una educación de calidad para todos, la elección que en realidad se ofrece a los distintos sectores de la sociedad es una educación en la que la calidad suele coincidir con el estatus socioeconómico, consolidando y reproduciendo más aún la desigualdad».
