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Eloísa Bordoli*, Pablo Martinis*, Mauro Moschetti**, Stefanía Conde* y Marcelo Alfonzo*

*Universidad de la República (UdelaR)

**Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

A lo largo de las últimas décadas, las políticas pro privatización han cobrado un lugar central en muchos procesos de reforma educativa a escala global. En América Latina, estas políticas han asumido un rol protagónico singular en los procesos de reforma educativa, especialmente a partir de la década de 1990. La consecuencia más evidente –aunque no exclusiva– de estos procesos ha sido la creciente participación de agentes privados en la provisión educativa bajo diversos arreglos institucionales.

En este contexto, y a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, Uruguay destaca por haberse mantenido relativamente al margen de la agenda privatizadora ampliamente difundida en la región. Si bien durante la década de 1990 el país no estuvo exento de experimentar una progresiva desvalorización de lo estatal en torno a lo educativo en el plano discursivo-ideológico, en la comparación con otros países de la región, el sector estatal ha conservado en Uruguay un rol central en la provisión educativa y la presencia de agentes privados en la educación se ha mantenido relativamente acotada.

Sin embargo, más recientemente algunas investigaciones han comenzado a advertir un cambio significativo en el orden discursivo que ha contribuido a la instauración de un nuevo clima propicio para las propuestas de reforma educativa de corte privatizador impulsadas por diferentes actores. Este cambio discursivo se manifiesta en un renovado impulso de desvalorización de lo público que contrasta con una creciente asociación de la provisión privada (y de sus lógicas de gestión) con mayores niveles de eficiencia y calidad.

En un estudio realizado recientemente con el apoyo de la Internacional de la Educación, hemos intentado mapear las distintas manifestaciones de la privatización educativa en Uruguay, caracterizar los marcos normativos que habilitan y condicionan la participación de agentes privados e identificar los diferentes actores, discursos y posiciones que sostienen el incipiente pero renovado impulso que han cobrado las políticas pro privatización educativa. Resumidamente, estos son algunos de los hallazgos más significativos del estudio:

• Tendencias generales: Si bien la participación del sector privado en la educación formal en el Uruguay se ha mantenido relativamente estable a lo largo del período 1990-2015, las tendencias generales de participación privada en la matriculación contrastan y difieren de los datos relativos a la oferta. Se advierte que la cantidad de establecimientos educativos privados ha crecido sustancialmente más en términos relativos que la de establecimientos públicos a lo largo del período, y con mayor incidencia en el interior del país, con más camino por recorrer en ese sentido que el área metropolitana de Montevideo. La expansión de la oferta privada, sin embargo, de momento no ha impactado significativamente en la matriculación.
• Marco normativo: El marco normativo uruguayo no es particularmente restrictivo respecto de la participación de agentes privados en educación, aunque tampoco la propicia directamente, especialmente en la comparación con otros casos de la región como Colombia, Chile o Argentina. Se advierte de este estudio que además del histórico régimen de exenciones fiscales a todo el sector privado educativo vigente desde mediados del siglo XX, nuevas regulaciones impulsadas en el marco de los gobiernos progresistas posteriores a la crisis de comienzos de la década de 2000 permitieron abrir nuevas posibilidades para el sector privado a partir de esquemas de participación público-privada y la regulación de la renuncia fiscal sobre las donaciones especiales a instituciones educativas privadas como fuente de financiamiento estatal indirecto.
• Nuevas modalidades de gestión público-privado: Entre las manifestaciones de la privatización educativa en Uruguay, destaca una modalidad incipiente constituida por un número acotado de instituciones de educación media de gestión privada con financiamiento indirecto del Estado por vía de exoneraciones impositivas y renuncia fiscal sobre las donaciones especiales.Estas instituciones desarrollan sutiles criterios de selección del alumnado –basados en competencias, habilidades, etc. – aunque están dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Estas experiencias educativas entrañan dos aspectos de interés: (a) el solapamiento discursivo y retroalimentación que se opera entre los modelos de gestión privada y las formas deseables de trabajo pedagógico, y (b) el modo de intervención sobre la formulación de políticas educativas a través de la ejemplificación de estas experiencias como “modalidades exitosas” de enseñanza por parte de diversos actores políticos y sociales.
• Construcción del debate: Advertimos una creciente disputa de sentidos por la elaboración de diagnósticos y por la prescripción de soluciones de política educativa “adecuadas” para enfrentar la “crisis educativa” de la que participa un conjunto heterogéneo de actores pero en el que cobran progresivamente mayor relevancia las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.Si bien han logrado permear con fuerza en el debate público, las propuestas emanadas de las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado constituyen de momento un trabajo en proceso en el que se combinan de modo general y poco preciso iniciativas de corte eficientista con otras más cercanas a promover un aumento en la participación del sector privado en educación.

  La falta de definición y precisión de algunas propuestas en este sentido podría estar vinculada a la heterogeneidad de posiciones al interior de estas organizaciones, o bien al hecho de que algunas de estas propuestas no trascienden cierto oportunismo político en alianza con partidos políticos de la oposición.

  Por su parte, las organizaciones que nuclean a los proveedores educativos privados presentan características algo atípicas en la comparación internacional por cuanto no han logrado constituirse en actores clave con amplia capacidad de lobby, como sí ocurre en otros países de la región.

  Más clara en el caso de los privados laicos que en el caso de los religiosos, esta falta de incidencia real sobre el proceso de formulación de políticas parece estar relacionado con la voluntad de no exponerse a reformas que, si bien podrían beneficiarlos financieramente, traerían aparejadas mecanismos de rendición de cuentas que son interpretados como amenazas a la libertad de enseñanza y autonomía de gestión de las que gozan actualmente.

• Contenido del debate: En las prescripciones generales de política impulsadas por distintos actores del sector privado y la sociedad civil aparecen con frecuencia paradigmas de política que responden a normas globales conjugadas con elementos locales como la crítica a la “burocratización” de los organismos educativos estatales y al “bloqueo a la innovación” atribuido los actores sindicales.Este es el caso, en particular, de los discursos que postulan modelos de mayor autonomía escolar y rendición de cuentas (SAWA), ampliamente extendidos y considerados “intrínsecamente positivos” por distintos actores de buena parte del espectro político, aun en ausencia de evidencia empírica concluyente sobre sus efectos. Este punto no hace sino remarcar la incidencia de los procesos de globalización en la formulación de política a nivel local.

Como podemos ver, el estudio efectuado pone de relieve el carácter incipiente o latente de la privatización educativa en Uruguay. Este carácter se evidencia en la histórica presencia de formas acotadas de participación privada, el surgimiento más reciente de experiencias público-privadas en el marco de nuevos arreglos institucionales y normativos, y fundamentalmente en la construcción de un nuevo debate impulsado desde distintos actores que promueven formas de privatización endógena y exógena.

En este sentido, los momentos de variación o cambio en el campo de las políticas educativas ofrecen escenarios de análisis privilegiados para entender cómo se construyen nuevos paradigmas de política que inciden sobre las acciones y decisiones de los policymakers. Comprender estos procesos es condición necesaria para articular respuestas con las que fortalecer de la educación pública.