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Susan Robertson, Universidad de Cambridge

En las últimas dos décadas, los sistemas educativos en todo el mundo se han enfrentado a una verdadera revolución en la forma en la que deben ser gobernados. Esta revolución, por supuesto, es el esfuerzo que realizan gobiernos con intereses ideológicos, instituciones multilaterales como el Banco Mundial, corporaciones y fundaciones empresariales, como Pearson y la Fundación Gates, junto con capitalistas de riesgo, para abrir el sector educativo a las ganancias empresariales y al surgimiento de nuevos emprendedores.

Transformar la educación pública en un bien privado no es una tarea sencilla. Finalmente, para muchas familias en todo el mundo, la educación es el medio a través del cual adquieren el conocimiento y las habilidades necesarias para participar en sus respectivas comunidades y sociedades como actores económicos, políticos y sociales.

Las familias también tienen conciencia de que la educación puede si está bien gestionada por gobiernos progresistas poner un freno a la ampliación de las desigualdades sociales que son endémicas en muchas sociedades, a través de la redistribución de recursos y, por lo tanto, tener oportunidades para convertirse en alguien.

Oponerse a la transformación de la educación en un bien privado tampoco es una tarea sencilla. Esto se debe a que el concepto de “privado” ha estado presente en muchos sistemas educativos desde sus inicios. Esta forma de lo privado en la educación estuvo a menudo, aunque no siempre, vinculado con la formación de las élites, y en muchos casos involucró a grupos religiosos u otros grupos comunitarios.

En muchos países del mundo, la proporción de la educación pública versus esta forma de lo privado varió; dependiendo mucho de la historia de la conformación inicial de esas sociedades, y de sus relaciones con las clases sociales y con la movilidad social. Las escuelas gestionadas por misioneros, por ejemplo, son privadas, pero cumplen una función de bien social en su concepción más amplia.

En cambio, la revolución a la que me interesa apuntar tiene como premisa una forma diferente de pensar en lo privado en educación. Se trata, primero y ante todo, de un movimiento ontológico. Aquel en el que el ciudadano es construido como un consumidor.

En el contexto de la educación, esto significa que la familia ahora actúa como un consumidor de servicios educativos. Ahora hacen buenas o malas elecciones, por lo que los resultados dependen de ellas. Y cuando autores como Prahalad preguntan: qué pasa con la “base de la pirámide” y “por qué los pobres no pueden ser consumidores”, sugiere que las sociedades democráticas son aquellas que distribuyen el derecho de esta nueva identidad de consumidor en toda su población.

Tal concepción del individuo como un ser libre y autónomo proviene de la teoría liberal. Sólo con esta forma de pensar sobre qué significa ser un humano en una sociedad es posible llegar al tipo de conclusión a la que llegó Milton Friedman de que capitalismo y libertad son dos caras de la misma moneda, y no una antitética de la otra. ¡Se trata de una verdadera revolución en el pensamiento! Pero es la que conduce los esfuerzos actuales para introducir una saludable dosis de capitalismo en el sistema educativo.

¡Cuanto más funciones como un mercado capitalista, más libertad tendremos! Tenemos el derecho de reaccionar con una gran dosis de escepticismo. Muchas familias chilenas, cuyas experiencias educativas fueron moldeadas por las políticas de los “Chicago Boys” de Friedman, difícilmente podrían sentir que les dieron mayor libertad. Muy lejos de eso.

El segundo es un movimiento político, ahora vinculado con el primero. Armados con esta concepción del ciudadano, los gobiernos actualmente transfieren sus responsabilidades, y los resultados de la justicia social al mercado y a los ciudadanos. Streeck (2014) llama a esto “justicia de mercado”. Sólo hay que raspar la superficie para ver que sucede todo lo contrario.

En cambio, el exceso de políticas neoliberales y otras políticas “de mercado”, crea nuevas injusticias: desigualdades extremas en sociedades que se arrojan de cabeza a abrazar a esta nueva ideología (OECD, 2014). Aquí determinadas partes interesadas, incluyendo gobiernos de izquierda y de derecha, vaciaron la antigua comprensión del derecho a una educación pública gratuita de calidad del viejo contrato Estado ciudadano y ahora la reemplazaron por la idea de que el sector privado puede proveer una educación de mejor calidad y en forma más eficiente.

Algunas versiones de lo que se denomina “nueva gestión pública” actualmente proyecta su larga sombra sobre la provisión de bienes del sector público. El sector público debe trabajar como empresas privadas: tener indicadores y sistemas de evaluación, estandarizar la enseñanza y el aprendizaje, preocuparse por los rankings de desempeño, etc.

El mito aquí es que eso lleva a la mejora. En realidad, ocurre lo opuesto. Seguramente hay servicios del sector público que podrían ser provistos en forma más eficiente por el sector privado. Pero la abdicación del sistema incluyendo la provisión frente a la lógica del mercado y el privilegio a los negocios privados, representa nada menos que una falla del gobierno.

Lo que es particularmente intrigante sobre esta prestidigitación es que dicha revolución adquirió ritmo a pesar de que existe una considerable y creciente evidencia de que la presencia de empresas y otros actores privados en el sector no lo hizo más eficiente ni más igualitario. 

También hay una larga y creciente lista de prácticas corruptas, infraestructura de baja calidad construida por contratistas privados a través de Alianzas Público Privadas, endeudamiento público para afrontar los contratos con el sector privado, y desigualdades sociales crecientes. Esto no debería sorprendernos. Después de todo, la búsqueda de la ganancia significa priorizar la ganancia por sobre cualquier otra consideración. Si los márgenes son muy estrechos, el inversor busca reducir el servicio, o empieza a mirar hacia otro lado.

Intereses privados en la agenda pública educativa: el caso de Argentina

El nuevo Informe de investigacion:

La privatización educativa en Argentina

es una cuidadosa documentación de las tendencias actuales de la privatización en Argentina. El equipo realizó un mapeo de los actores en el sector, algunos de ellos son muy reconocibles, como la

Fundación Varkey

y la franquicia de

Teach for America

en tanto se trata de jugadores y marcas globales de la educación.

Los misionarios de ayer fueron reemplazados por otros de un nuevo tipo; cuya fe en el mercado, en el emprendedurismo y en la ganancia, ahora guía las decisiones de los que diseñan las políticas. Las conclusiones del Informe suman nueva evidencia y, desafortunadamente, nos recuerda que ningún país del mundo está exento.

Los gobiernos tienen una responsabilidad global de proveer educación pública de calidad a sus ciudadanos. Los gobiernos inteligentes miran la evidencia y la consideran para su toma de decisiones de política. Este Informe suma al cúmulo de evidencia de que los intereses empresariales en educación en general producen peores y no mejores resultados.

Los gobiernos inteligentes toman seriamente sus responsabilidades que tienen de mediar en las inevitables desigualdades que existen en sus sociedades a partir del acceso a diferentes niveles de recursos. La educación no es una excepción.

La falla en la mediación de la distribución de los recursos en la educación, de manera que aquellos que no tienen recursos quedan absolutamente sin chance, es un fracaso del gobierno en hacer del mundo un lugar de esperanza. Los gobiernos inteligentes también deben comprender que, a mayor grado de igualdad en una sociedad, mayor será el nivel de productividad y de cohesión social.