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Fernanda Saforcada y Yamile Socolovsky

Hoy estamos lanzando los resultados de la primera etapa de un proyecto de investigación en curso, que se propone explicar con claridad qué características tiene y cómo se produce el fenómeno de la privatización y mercantilización universitaria en América Latina. Este estudio no se pretende neutral, quiere ser un aporte para la construcción de estrategias. Su conclusión se encontrará en la acción política que se proponga combatir ese proceso, para asegurar el derecho a la educación y promover la democratización del conocimiento.

En primer lugar, es urgente comprender que el capitalismo, que convierte en mercancía todo lo que toca, avanza con notoria intensidad, en esta etapa, sobre la educación y el conocimiento. Estos constituyen un factor decisivo para asegurar la apropiación privada de la riqueza a través del control del desarrollo tecnológico; una relación que ha estado siempre presente a lo largo de la historia, pero que se potencia actualmente con la aceleración vertiginosa de la competencia por el mercado global. Ocurre, además, que la propia educación y el conocimiento han comenzado a ser concebidos, producidos y distribuidos como bienes transables, cuyo comercio redunda en ganancias exorbitantes para un grupo cada vez más concentrado de corporaciones empresariales, y ofrece incluso oportunidades lucrativas en la especulación financiera.

En el nivel de la educación universitaria, la trama de elementos que configuran este proceso de privatización/mercantilización presenta una complejidad propia, cuyo abordaje demanda una tarea original de sistematización y conceptualización. Para poder actuar, es fundamental poder comprender cómo se desarrolla concretamente este proceso, identificar cuáles son las características que adoptan la privatización y la mercantilización de la educación y el conocimiento específicamente en el sector universitario, y reconocer el modo en que esta tendencia global se inscribe en nuestras particulares coordenadas latinoamericanas. En este marco, es además de la mayor importancia dimensionar, junto a la dinámica de la expansión del sector privado, la paulatina incorporación de la lógica mercantil en sistemas públicos crecientemente colonizados por intereses particulares, y la sutil búsqueda de indiferenciación de lo público y lo privado que amenaza corroer toda posibilidad de resguardo de lo común, los derechos, la igualdad.

América Latina es, en la actualidad, una de las dos regiones más privatizadas en materia universitaria en el mundo junto a Asia meridional. Se distingue por tener un 55% de su matrícula en el sector privado, mientras Europa tiene un 13%, Asia Pacífico un 36% y América del Norte un 28% (datos de UIS-UNESCO y Red ÍndicES, para 2015 - 2016). Esto implica una hiper-privatización no sólo en su comparación global, sino en la medida en que el sector privado comprende una cantidad de estudiantes mayor que el sector público (en algunos países, mucho mayor). A futuro, esto supone que cada vez más, el sector más formado de la población habrá recibido su educación superior en instituciones que organizan su actividad en función de intereses particulares. Hoy encontramos que la gran mayoría de los países de la región tienen más del 30% de su matrícula estudiantil en el sector privado, alcanzando en algunos de ellos más del 70%, como es el caso de Perú, Puerto Rico y El Salvador, y el 85% en Chile.

Detrás de la expansión del sector privado conviven dos cuestiones diferentes. Por un lado, los procesos de distinción social y, con ello la búsqueda de transitar circuitos de élite en un contexto de creciente privatización ideológica. No se trata de un fenómeno masivo, pero sí de una tendencia que aparece hace ya varias décadas y se profundiza en los últimos años.

Sin embargo, el principal factor de expansión de la privatización surge de la conjunción del incremento de la demanda y la reducción de los recursos públicos destinados a la educación superior. Efectivamente, ha habido un incremento sustantivo de la demanda, ocasionado tanto por el propio crecimiento de las expectativas de acceder a los estudios universitarios, como por el incremento de las tasas de acceso y graduación en el nivel secundario (vinculado con la expansión de la obligatoriedad de la educación secundaria en todos los países de la región en la primera década del siglo). Esto se verifica en la expansión de la matrícula de la educación superior, que ha sido muy significativa: entre 1990 y 2005, es decir en 15 años, la tasa bruta se duplicó, y entre el ’90 y la actualidad, se triplicó.

No obstante, los recursos para el sector público universitario se han mantenido constantes o no han crecido en proporción a esta mayor demanda. La salida a esa tensión entre más demanda y menos recursos públicos ha sido la de reforzar los sistemas de selectividad en las universidades públicas, lo que hace que una parte sustantiva de esa demanda se derive hacia el sector privado, como sucede en muchos países de la región tales como Perú, República Dominicana, Chile, Costa Rica, Brasil, Paraguay, entre otros. La aparición, en muchos casos explosiva, de las universidades de bajo costo, se explica en buena medida por esta situación, ya que se transformaron en la vía de escape de esa tensión y, al mismo tiempo, en un formidable negocio por la alta demanda.

Una segundo aspecto, vinculado con la mercantilización, es que frente a la falta de recursos se coloca a las universidades públicas en la situación de tener que autofinanciarse en forma parcial o completa, sea a través de los aranceles que se cobran a los y las estudiantes de pregrado y/o de posgrado, como a través de la búsqueda de otras fuentes de financiamiento que suelen ser la venta de servicios. En algunos casos, estos recursos que ingresan vía aranceles y venta de servicios no son complementarios sino que se vuelven imprescindibles para el sostenimiento de las propias instituciones en sus aspectos más básicos, como sucede en Chile o en Perú.

Una tercera cuestión que hemos observado como tendencia de privatización es la equiparación de lo público y lo privado. Esto es así en diversos instrumentos normativos y dispositivos de regulación. La información relevada para los casos estudiados nos permitió identificar cómo ese límite entre público y privado en el flujo de los fondos públicos comenzó a hacerse cada vez más poroso hasta borrarse en relación con algunas cuestiones. Las más significativas son los fondos asociados a la carrera de investigador/a, los fondos de investigación, las becas de posgrado o investigación y, por último pero muy significativo, las becas de estudios o los créditos con aval estatal. Con aparente neutralidad, se establecen sistemas o concursos comunes para ambos sectores, que se presentan como igualitarios y, por lo tanto, justos, pero que en la práctica han sido la vía para que una porción significativa y creciente de recursos públicos se derivaran al sector privado sin costo político ni malestar en el sector.

Por otro lado, las universidades privadas vienen beneficiándose, de modo indirecto, de recursos públicos al estar exentas del pago de impuestos. Esta exoneración fiscal implica una transferencia de recursos sustantiva aunque solapada, que se verifica en los casos estudiados.

América Latina y sus sistemas universitarios son el territorio en el que viene desplegándose una disputa sustantiva por el sentido de la educación y del conocimiento, y, en definitiva, por qué sociedades queremos. Los procesos, las acciones y los actores son heterogéneos, pero existen elementos y estrategias comunes. Esto da cuenta de que es preciso estudiar la cuestión con esta doble mirada de lo común y lo diverso, ya que las tendencias son regionales pero las formas que asumen son locales.

La conjunción de privatización y mercantilización, de expansión del sector privado y de orientación al mercado de lo público, tiene dimensiones sustantivas y requiere acciones urgentes. Las formas en que se están impulsando estos procesos se han ido volviendo menos evidentes, toda vez que tienden a diluirse las diferencias entre lo público y lo privado, y, al mismo tiempo, el sector privado se apropia y redefine banderas históricas de la universidad pública, como la autonomía y su rol en la democratización del acceso a la educación superior.

Esto plantea enormes desafíos a los colectivos universitarios, a los sindicatos docentes y a todas las organizaciones comprometidas con la igualdad, la justicia y los derechos sociales. Lo que está en juego no es sólo el sistema universitario en sí mismo, sino también su rol en la construcción de hegemonía y su enorme capacidad de incidencia en la política pública.

El crecimiento del número de instituciones privadas con fines de lucro explícitos o encubiertos, el aumento de la matrícula estudiantil en ellas, el pago de aranceles para realizar estudios de grado, la expansión explosiva de la “oferta” de posgrados, el crecimiento desregulado de la modalidad virtual en la educación superior, el desarrollo de un mercado académico transfronterizo. Pero también la instalación de dispositivos de evaluación académica que empujan a las instituciones y al personal a una competencia desenfrenada por la acreditación de resultados cuantificables bajo el imperio de la bibliometría, y que alimentan finalmente las ganancias de unas pocas empresas editoriales que diversifican sus negocios en los distintos niveles educativos y ofreciendo a las instituciones servicios de capacitación, asistencia, gestión o administración. El financiamiento privado que condiciona la investigación en las instituciones públicas, y la transferencia de recursos públicos para financiar actividades de las instituciones privadas. La sustitución del co-gobierno por las formas manageriales de organización y conducción institucional. La presencia creciente de representantes corporativos en los ámbitos públicos de resolución de políticas para el sector. La incidencia de los organismos internacionales en la definición de esos lineamientos, y en la construcción de diagnósticos y sentidos que legitiman las reformas que se requieren para facilitar este negocio, que es a la vez un dispositivo de disciplinamiento y dominación ideológica que busca quebrantar toda posibilidad de desarrollo de una cultura contra-hegemónica.

Formas, aspectos, dimensiones de un proceso que, al tiempo que implica la negación del derecho a la educación y a la participación en la producción colectiva del conocimiento, amenaza liquidar la dimensión democrática de la universidad pública latinoamericana, privándonos de la posibilidad de encontrar en ella un ámbito de desarrollo del pensamiento crítico y de formación de profesionales comprometidos con las luchas populares.

Ante esta situación, los sindicatos del sector universitario tienen una enorme tarea por delante. En primer término, producir conocimiento en relación con este proceso para poder comprenderlo, explicarlo, y denunciarlo. Es fundamental quebrar la hegemonía de una cultura académica que acepta, reproduce y refuerza los dispositivos de la privatización/mercantilización, y no hay otra manera de hacerlo sino a través del ejercicio de la crítica de las condiciones de desarrollo de la propia actividad. Es necesario poner en evidencia cómo se vincula esta tendencia con la actual proliferación de formas de precarización del trabajo académico, y asociar la demanda gremial de condiciones adecuadas de trabajo con el cuestionamiento político de los factores de mercantilización.

Pero la crítica, el rechazo, la construcción de alternativas, no pueden esperarse de una acción individual, sino únicamente de la movilización colectiva. De modo que también toca a los sindicatos encontrar las claves para convocar a trabajadoras y trabajadores de la educación superior y la investigación a ser parte activa de estos debates y esta lucha, y, más aún, sumar al conjunto de las organizaciones en una causa que, al igual que la defensa de la educación pública en general, pone en juego la soberanía democrática de nuestros pueblos. Y si toda lucha ancla la fuerza de su organización en un territorio, también es imprescindible dar a esta tarea la perspectiva estratégica de una acción internacional, cuyo primer momento es sin dudas regional: enfrentar la transnacionalización mercantil, la colonización académica y la dependencia tecnológica desde la fortaleza de la articulación latinoamericana de un proyecto universitario que, impulsado por las trabajadoras y los trabajadores, coloque en el centro de la política de los Estados y de las instituciones el principio del derecho a la universidad y la reivindicación del conocimiento como un bien común.

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