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Por Paola Marius, Universitat Autònoma de Barcelona

La participación del sector privado en la educación es un fenómeno en aumento, especialmente en países de ingresos bajos, en los cuales el Estado alega que tiene poca capacidad de atender la demanda educativa ni proveer servicios educativos de calidad.

En ese contexto, muchos países de África subsahariana, Asia y Latinoamérica han ido modificando sus marcos normativos hacia políticas pro-privatización con la finalidad de “mejorar la calidad, impulsar la eficiencia y aumentar la equidad en el sistema educativo” [1] . Estas reformas se generan bajo la lógica de que las entidades privadas ayudarían a mejorar el acceso a la educación de la población de recursos más bajos y en lugares donde el gobierno no había tenido alcance; siendo esta la razón principal por la cual las escuelas de bajo coste se han expandido, principalmente en los países de estas regiones.

América Latina no sólo cuenta con la tasa de escolarización primaria más elevada del mundo, sino que además es la región con mayor participación del sector privado en la educación. [2] El Perú no es ajeno a este proceso y, en los últimos 20 años, ha experimentado un gran crecimiento de la participación de agentes privados en el sector educativo [3], crecimiento respaldado por reformas políticas neoliberales como el Decreto Legislativo N° 882, aprobado en 1996, el cual promueve la inversión privada en la educación.

La privatización 'por defecto'

El caso peruano se caracteriza no sólo por tener un proceso de privatización ‘por defecto’ -es decir, la proliferación de escuelas privadas como resultado de la escasa capacidad del Estado para responder ante la creciente demanda educativa- sino también por contar con una normativa lo suficientemente generosa y con poca capacidad de supervisión, que ha permitido el surgimiento de escuelas de bajo costo como respuesta de abajo hacia arriba, administradas por empresarios locales que detectaron una oportunidad de negocio en sus comunidades ante la ausencia de una oferta educativa pública.

Actualmente, la matrícula en el sector público sigue siendo superior, con Lima -teniendo el porcentaje más bajo a nivel nacional- con tan sólo 53% de sus estudiantes matriculados en escuelas públicas. Sin embargo, el porcentaje de colegios privados en algunas zonas del país, es superior al de colegios públicos: Lima en 60% y Callao en 63%.

En relación a Lima Metropolitana, Cuenca (2013) menciona que a pesar de la “extendida idea de que las escuelas privadas se encuentran en las zonas menos pobres de la ciudad”, existe una tendencia a la concentración de matrícula privada en distritos periféricos tales como San Juan de Lurigancho, Ate y San Martín de Porres.

Y, en efecto, en los últimos ocho años, el número de escuelas privadas de educación básica regular ha seguido en aumento en distritos periféricos de Lima Metropolitana: 54% en Carabayllo (153), 42% en Puente Piedra (129), 29% en Villa María del Triunfo (119), 28% en San Juan de Lurigancho (243), 25% en Ate (146) [4].

Conforme a los datos obtenidos de la plataforma del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) “Identicole” [5], respecto a escuelas privadas del nivel primario en San Juan de Lurigancho -el distrito más poblado de Lima Metropolitana- 240 de 433 colegios privados cobra 200 soles o menos, mientras que 121 colegios cobra entre 200 y 400 soles. Es decir, un padre de familia que gana el sueldo mínimo – 850 soles- puede llegar a gastar la quinta parte de su sueldo en pagar la mensualidad de una institución educativa privada, considerando que sólo tiene un hijo en edad escolar.

Contemplando que Lima Metropolitana cuenta con el mayor número de instituciones educativas privadas y que, en enero de este año, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana manifestaba que siete de cada diez colegios privados no tiene una adecuada infraestructura [6] (utilizando locales que fueron creados para otros fines comerciales), es importante que la proliferación de la educación privada en el Perú se vuelva uno de los principales temas de discusión en la agenda política.

Fortalecimiento de la educación pública

El Ministerio de Educación debe seguir impulsando una educación pública de calidad que llegue especialmente a los sectores más pobres del país, que venga acompañado con un proceso de planificación urbana, en el cual las comunidades en zonas de gran crecimiento demográfico reserven un espacio para crear instituciones educativas públicas que puedan atender la demanda.

Asimismo, es necesario que desde el Estado se realice un análisis sobre las condiciones en las cuales están funcionando las instituciones educativas privadas de bajo coste en miras a generar una regulación más estricta respecto a su participación en el sector educativo.  Es un hecho que la educación privada sigue creciendo en el Perú, y que la situación actual de Lima Metropolitana puede repercutir en otras zonas del país. Un ejemplo de esto es el aumento de un 7% de la matrícula privada en Lambayeque y Arequipa en el 2016 en un 7% con respecto al 2008.

Para continuar con la defensa de una educación pública, gratuita y de calidad es necesario apuntar hacia el incremento recursos en el sector Educación hacia el 6% del PBI, establecer un “marco curricular nacional compartido, intercultural, inclusivo e integrador que permita tener currículos regionales” -tal como lo menciona el Proyecto Educativo Nacional al 2021- , así como continuar con el análisis y debate de los instrumentos de la Evaluación de desempeño docente que conlleve a una evaluación integral del impacto de las políticas educativas implementadas a nivel de escuela y a nivel de aulas.

Para ello, se deben tender puentes de comunicación entre el MINEDU y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). Por otro lado, el desafío actual del SUTEP es reunificar a las bases docentes de todo el país y desarrollar su capacidad de propuesta de políticas públicas como parte de la estrategia de movilización hacia la revalorización de la carrera docente y la defensa de la educación pública frente a la proliferación de instituciones educativas privadas en el país.

En marco de la Campaña de Respuesta Mundial frente a la privatización y mercantilización de la Educación, la Internacional de la Educación lanzará en los próximos meses un informe respecto a la Privatización en la educación en Perú, con énfasis en Lima Metropolitana, en el cual se describirá con mayores detalles los factores contextuales (políticos, sociales, económicos), actores y mecanismos que han contribuido al proceso de proliferación de la oferta educativa privada desde los años 90 hasta la actualidad.

Los resultados brindarán un nuevo panorama respecto a un tema que sigue siendo poco estudiado con el fin no sólo de informar, sino de generar su atención a través de políticas educativas que sigan impulsando el derecho de los niños, niñas y jóvenes peruanos a una educación básica universal gratuita que garantice la igualdad de oportunidades.

[1] Verger, Fontdevila & Zancajo, 2016

[2] Verger, Fontdevila & Zancajo, 2017

[3] Balarín, 2015

[4] Crecimiento porcentual en base a datos de Educación Básica Regular tomados de Escale 2008-2016.

[5] Datos consultados en el mes de julio 2017.

[6] http://larepublica.pe/impresa/sociedad/838007-7-de-cada-10-colegios-privados-tienen-mala-infraestructura

Bibliografía:

Balarin, M. (2015). The default privatization of Peruvian education and the rise of low-fee private schools: better or worse opportunities for the poor? Washington: CIES.

Cuenca, R. (2013). Public school in Metropolitan Lima. An Institution in exctinction? Revista Peruana de Investigacion Educativa(5), 73-98.

Verger, A., Fontdevila, C., & Zancajo, A. (2016). The Privatization of Education. New York: Teachers College Press.

Verger, A., Moschetti, M. & Fontdevila, C. (2017). La privatización educativa en América Latina: Una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias. Internacional de la Educación.