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Mientras uno/una de cada tres docentes belgas francófonos/as se plantea abandonar la profesión, como lo demuestra un estudio realizado por la Universidad de Mons, los sindicatos de la educación han hecho un llamamiento a la acción el 10 de febrero, no solo debido a la pandemia de la COVID-19 que está desestabilizando el sistema escolar, sino porque muchas de las cuestiones relacionadas con la enseñanza y sus profesionales siguen sin resolverse.

No se trata de una convocatoria formal de huelga, pero los y las docentes que participen en la acción, que consistirá en una concentración frente a la sede del Gobierno de la Federación Valonia-Bruselas, estarán amparados/as por su organización sindical. El personal administrativo y operativo de las escuelas también está invitado a participar. Unas 10.000 personas respondieron al llamamiento y se reunieron frente a la sede del Gobierno de la Federación Valona-Bruselas. Una movilización de tal magnitud es excepcional, ya que la última de este tipo tuvo lugar hace 11 años.

El personal francófono del sector de la educación ha recibido el apoyo de sus homólogos belgas de habla flamenca y alemana.

Durante la semana del 31 de enero, en vísperas de la jornada del 10 de febrero, se organizaron como frente común en las escuelas una serie de paros laborales de un máximo de 50 minutos, en el marco de los cuales se pudieron celebrar reuniones informativas.

Esfuerzos no reconocidos relacionados con la crisis sanitaria

“Todo el personal de la educación ha realizado enormes esfuerzos hasta la fecha”, confirma Jean-Francois Lankester, responsable del Departamento de Comunicación de la CGSP Enseignement. “Más aún durante estos dos últimos años, en plena crisis de la COVID-19, cuando todos y todas han demostrado una capacidad de adaptación ejemplar frente a las dificultades sobre el terreno. A pesar de ello, no han obtenido ningún reconocimiento real, ni ninguna medida adecuada para luchar eficazmente contra la precariedad”.

Lankester también reconoce que “la escasez de docentes ya no se cuestiona, pero las consideraciones políticas no animan a los jóvenes a dedicarse a esta profesión ni a permanecer en ella”.

Los y las docentes siguen esperando mejoras en sus condiciones de trabajo así como la revalorización de su profesión

El comunicado del frente común sindical de la enseñanza, ampliado al personal administrativo, operativo y universitario, lamenta: “No hemos obtenido ninguna propuesta concreta en respuesta a la lista de reivindicaciones presentada el pasado mes de abril. Las magras propuestas previstas se refieren principalmente a puntos de acuerdos pasados que a día de hoy todavía no se han aplicado. Y por si fuera poco, la intención del Gobierno es ampliar el período de las negociaciones sectoriales de dos a cuatro años. Se trata nada menos que una ruptura del ciclo de las negociaciones bienales y una vulneración de la ley”. El personal de apoyo a la educación, “que también es esencial, lleva mucho tiempo esperando una subida salarial y contratos permanentes”.

Los sindicatos denuncian asimismo “una sobrecarga administrativa cada vez mayor; un número excesivo de estudiantes por aula, que impide prestar un apoyo adecuado a los alumnos y las alumnas con dificultades; y una gestión de la crisis que agota al personal […] y que se suma a las condiciones deterioradas en las que trabaja”.

Además señalan que la crisis “ha arrojado una cruda luz sobre el deterioro de los edificios escolares y sobre la flagrante falta de equipamiento digital”.

En cuanto al Pacto para la Excelencia Educativa, que pretendía ser “una respuesta sistémica a todos los males”, indican que ahora se está aplicando “de forma totalmente descompensada”.

“En medio de una indiferencia general, el personal de los centros educativos ha tenido que ponerse en una situación peligrosa durante la pandemia para mantener la economía en marcha. Si la educación es realmente esencial, ¡va a haber que demostrarlo!”, concluyen.

Escollos para los sindicatos

Los sindicatos condenan especialmente:

• Los acuerdos sectoriales flojos o incluso incoherentes.
• Un proceso de negociación sectorial en curso que no da lugar a una propuesta protocolaria satisfactoria.
• El hecho de que aún no se haya presentado ninguna propuesta concreta en respuesta a la lista de reivindicaciones presentada el pasado mes de abril.
• El hecho de que no se haya elaborado un programa para los numerosos puntos de acuerdos previos logrados pero todavía no aplicados.
• El deterioro de las condiciones de trabajo. En particular: un entorno laboral que deja mucho que desear, con edificios escolares en un estado más que preocupante; una hibridación caótica, donde las medidas de apoyo (en particular, la formación) para garantizar la enseñanza a distancia son prácticamente inexistentes; las nuevas prácticas derivadas de la tecnología digital dejan poco derecho a la desconexión al no respetar ya la frontera entre la vida privada y la profesional, lo que supone una mayor carga de trabajo; el uso de sus propios equipos digitales privados, pese a todos los riesgos que ello conlleva; el decreto sobre el tamaño de las aulas fue un avance, pero debe reducirse aún más y hay que poner fin a las numerosas derogaciones.
• El menosprecio hacia los miembros del personal. El personal de los centros educativos ha tenido que ponerse en una situación peligrosa durante la pandemia para mantener la economía en marcha. A pesar de ello, en los medios de comunicación el ministro-presidente de la Federación Valonia-Bruselas, Pierre-Yves Jeholet, reiteró determinados comentarios que mostraban una total falta de consideración hacia estos miembros del personal al hacer comparaciones entre el sector privado y el público.
• La sobrecarga de trabajo. Esta sobrecarga está vinculada a: un aumento exponencial de los procedimientos “administrativos”; un número excesivo de estudiantes por aula, que impide prestar un apoyo adecuado a los alumnos y las alumnas con dificultades; el aumento de las medidas de limpieza y desinfección debido a la crisis de la COVID-19; el rastreo que tiene que realizar el personal de apoyo a la educación; y la desatención y menosprecio hacia el personal de los internados.
• Las grandes ambiciones con escasa financiación y reformas desajustadas. Dado el estado de las finanzas de la Federación Valonia-Bruselas, los recursos asignados a las diferentes reformas iniciadas tras la introducción del Pacto para la Excelencia Educativa no son suficientes para cubrir una aplicación eficaz. Los sindicatos consideran que habría sido más prudente espaciar las reformas en términos de conocimientos y de sobrecarga de trabajo, así como en términos presupuestarios.

La enseñanza debe considerarse realmente “esencial”

Recordando también que “ya hace más de dos años que a cada momento, y en particular al concluir los comités de concertación sobre la evolución de la crisis sanitaria, las personalidades políticas de todos los partidos nos repiten con insistencia que la educación es un sector esencial”, Roland Lahaye, secretario general de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique-Enseignement (CSC-Enseignement), señala que “nosotros no hemos tenido que esperar a la crisis sanitaria para saberlo. No solo es un sector esencial, sino que es un sector en el que debemos invertir puesto que constituye un importante activo para la sociedad”.

Aunque admite que “es obvio que se han habilitado presupuestos para hacer frente a las repercusiones de la COVID-19 en los centros escolares”, lamenta profundamente que “estemos lejos de las reivindicaciones que figuran en la lista presentada por el frente común, centrada en la lucha contra la precariedad”.

“La adhesión indispensable [a las reformas y medidas] se encuentra comprometida. Para conseguir que la escuela recupere su carácter esencial, hay que reaccionar ya”, declara.

En definitiva, considera que “los políticos ya han hablado bastante. Ahora tienen que pasar de las palabras a los hechos”, y, dirigiéndose al personal educativo, señala que “este es el momento de manifestar vuestro descontento”.