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El status y las condiciones de trabajo del profesorado importan. Un aprendizaje de calidad depende de una enseñanza de calidad, impartida por personal docente cualificado, motivado y debidamente apoyado.

El papel fundamental del profesorado a la hora de construir sociedades sostenibles se reconoció en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron aumentar sustancialmente el número de docentes cualificados con el fin de poder cumplir el nuevo Objetivo Mundial de Educación y sus metas.

La comunidad educativa ratificó el papel fundamental del personal docente en la Declaración de Incheon y el Marco de Acción Educación 2030, aprobados por los Estados miembros y asociados de la UNESCO en mayo y noviembre de 2015, respectivamente. En Incheon, Corea del Sur, gobiernos y asociados hicieron una firme promesa, al declarar:

“ Velaremos para que docentes y personal de apoyo educativo estén empoderados, tengan contratos de trabajo adecuados, reciban una buena formación, estén cualificados/as profesionalmente, motivados/as y apoyados/as dentro de sistemas que dispongan de recursos suficientes, que sean eficientes y que estén dirigidos de manera eficaz”.

Sin embargo, los esfuerzos de los gobiernos para formar, contratar y retener profesorado cualificado se han visto obstaculizados por las políticas de las Instituciones Financieras Internacionales y, en particular, por las del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las políticas de austeridad impuestas por el FMI, y otras instituciones que proporcionan asesoramiento, a menudo ponen un tope al gasto público. Esto, a su vez, limita la capacidad que tienen los países del Sur para formar y contratar docentes y pagarles una remuneración justa y decente.

Evidencia de la repercusión negativa de las políticas del FMI

Cuatro estudios monográficos nacionales (Malawi, Nepal, Senegal y Zambia) ^[1] encargados por la Internacional de la Educación han proporcionado pruebas recientes que indican que el FMI continúa dirigiendo a los países hacia políticas de austeridad y el recorte o la congelación de la masa salarial del sector público.

En Nepal, por ejemplo, el FMI ha instado con frecuencia al Gobierno a que limite la masa salarial del sector público. En 2017, recomendó recortes al gasto gubernamental destinado al personal sanitario y educativo ^[2]. En 2018, pidió más esfuerzos para garantizar la sostenibilidad fiscal ^[3]. En 2020, se aconsejó al Gobierno que congelara la masa salarial del sector público en el 2,9 % del producto interno bruto (PIB) hasta 2024 ^[4]. No obstante, el Gobierno nepalí, ante las críticas crecientes a la introducción de medidas de austeridad, aumentó los salarios de trabajadores/as del sistema público en 2000 rupias nepalíes (aproximadamente 16 dólares estadounidenses) al mes en 2021.

En Malawi, la masa salarial del sector público se incrementó en un 1,5 % del PIB —del 6,9 % al 8,4 %— entre 2015 y 2020, pese a la recomendación del FMI de limitarla. En 2020, tras la solicitud de Malawi de obtener un préstamo al Servicio de Crédito Rápido, el FMI pidió la congelación de la masa salarial con un límite máximo del 7,5 % ^[5]. En noviembre de 2021, una declaración del FMI recomendaba la reducción del crecimiento de los salarios ^[6].

En Zambia, el FMI recomendó al Gobierno que recortara la masa salarial del sector público un 1 % entre 2016 y 2023, y que alcanzara el objetivo del 7,7 % ^[7]. Sin embargo, no queda claro si se ha hecho caso a esta indicación, dado el reciente anuncio público de contratar a más docentes realizado por el Gobierno de Zambia.

El profesorado de los países antes mencionados ha compartido historias desgarradoras del modo en que las políticas del FMI han afectado a su trabajo, vida y condiciones de trabajo en el día a día. Por ejemplo, una docente de Nepal comentó:

“ Como nuestros salarios son muy bajos, tenemos que pedir préstamos a nuestros parientes con el fin de cubrir nuestros gastos mensuales y, encima, tenemos que pagarles los intereses. Cuando recibimos nuestros salarios, devolvemos los préstamos. Este ciclo lleva repitiéndose 12 años. En mi caso, se ha convertido en una forma de vida”.

Docentes de Malawi y Senegal han relatado historias parecidas; una profesora de Zambia dijo: “ Mi salario es el de una esclava. Nuestras condiciones de servicio son lamentables”. Otros/as docentes también ha narrado el modo en que se ha visto obligados/as a pluriemplearse para complementar sus exiguos salarios.

Además de por la escasa remuneración, el personal docente de los cuatro estudios monográficos nacionales manifestó una gran preocupación por las elevadas ratios, y la consiguiente carga de trabajo. Según una profesora de Malawi:

“ La escasez de docentes dificulta la enseñanza. Por ejemplo, en mi caso no puedo preparar bien la clase. Me refiero a preparar los recursos que vamos a utilizar en el aula. En el ámbito personal, soy incapaz de atender a mi familia, puesto que la mayoría del tiempo estoy en la escuela debido a la gran carga de trabajo que tenemos”.

Las clases masificadas, los turnos dobles y la enseñanza en clases con mezcla de cursos son los factores que más contribuyen a aumentar la carga de trabajo del personal docente y empeorar la conciliación de la vida laboral y personal. La eliminación de los límites impuestos al gasto público y a la masa salarial del personal docente contribuiría a permitir que los Gobiernos formen, contraten y mejoren las condiciones de trabajo del profesorado.

Escasez de docentes endémica

Muchos países, incapaces de contratar a más personal docente cualificado como consecuencia de las limitaciones a la masa salarial del FMI, han recurrido a la contratación de personas no cualificadas para trabajar como docentes.

Por ejemplo, según datos del investigador del estudio de caso de Malawi, en este país en 2020, al menos 3.305 docentes de enseñanza primaria no tenían cualificación. Dado que, en 2019-2020, la ratio de estudiantes y docentes en las escuelas primarias era de 65:1, Malawi necesitaría contratar alrededor de 52. 459 docentes de primaria, simplemente para lograr la proporción de 40:1, de aquí a 2030, que recomienda la UNESCO.

No obstante, la contratación del número requerido de docentes aumentaría la masa salarial destinada a la educación en un 63 %. Esto, a su vez, llevaría la masa salarial del sector público en general hasta el 9,9 % del PIB (un 2,4 % por encima del límite máximo del 7,5 % recomendado por el FMI).

El tope impuesto por el FMI no es realista, y debería eliminarse.

En Zambia, más de 50.000 docentes carecían de la debida formación y cualificación a finales de 2021. Se trata de un gran desperdicio de recursos humanos y financieros, que socava los esfuerzos del país dedicados a reducir el desempleo.

En Nepal, el Gobierno contrató únicamente a un 15 % adicional de docentes entre 2014 y 2018, aunque el número de estudiantes se incrementó en un 50 %. Se estima que hay más de 200.000 docentes temporales trabajando en las escuelas públicas nepalíes. Este personal docente tiene contratos precarios, no disfruta de los mismos derechos laborales que el profesorado permanente, y recibe menor remuneración. Un sistema educativo de calidad no se puede construir a partir de personal precario.

Los sindicatos de la educación frente a las políticas de austeridad

Los sindicatos de la educación, unidos en la Internacional de la Educación, han sumado fuerzas con otros sindicatos mundiales, organizaciones de la sociedad civil y asociados afines para cuestionar las políticas destructivas del FMI, el Banco Mundial y otras instituciones donantes en los sistemas educativos de los países en desarrollo. Por ejemplo, a través de una iniciativa de alianza fiscal y educativa ( Tax-Ed Alliance), la Internacional de la Educación y sus asociados han generado evidencia a partir de investigaciones que confirma la naturaleza negativa de las políticas del FMI. La Tax-Ed Alliance también ha participado en cuestiones de desarrollo de capacidad sindical, movilización y promoción.

A través de su campaña Educar No Lucrar, la Internacional de la Educación también se ha enfrentado a la privatización, mercantilización, y comercialización de la educación. En particular, la Internacional de la Educación y sus organizaciones miembros han plantado cara al establecimiento y financiación de escuelas privadas con fines de lucro, incluidas las denominadas escuelas privadas de bajo costo, porque ese tipo de escuelas socavan la inclusión, la equidad, la calidad y la sostenibilidad de los sistemas educativos.

A través de la campaña, la Internacional de la Educación ha llevado a cabo múltiples investigaciones sobre las tendencias y el impacto de la privatización en todo el mundo, ha intensificado su labor de promoción y ha pedido la regulación de la provisión de la educación privada, incluidas las actividades de las grandes cadenas multinacionales de empresas de educación o escuelas corporativas. Por ejemplo, la Internacional de la Educación y sus organizaciones miembros han presionado al Banco Mundial, instándole a poner fin a la financiación de Bridge International Academies, una de las mayores cadenas de escuelas internacionales que opera en países africanos y de otros lugares. Los esfuerzos de los sindicatos de la educación han propiciado la reciente decisión de la sección del Banco Mundial para el sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), de paralizar la inversión en las Bridge International Academies. La CFI ha invertido más de 10 millones de dólares estadounidenses en operaciones de Bridge International Academies en África, y ha respaldado la expansión de la empresa por otros lugares.

Conclusión

Las investigaciones que se citan en este artículo, así como las experiencias y testimonios del profesorado en el aula indican claramente que las políticas del FMI y de las instituciones financieras internacionales siguen constituyendo un obstáculo para alcanzar una educación de calidad de acceso universal.

Dada la importancia crítica del personal docente cualificado para una enseñanza y un aprendizaje de calidad, los esfuerzos destinados a mejorar los “resultados del aprendizaje”, tal como defienden las mismas instituciones financieras internacionales, no dejarán de ser un sueño inalcanzable, a menos que estas mismas instituciones eliminen sus políticas restrictivas y destructivas.

Para conseguir resultados del aprendizaje amplios y duraderos, que preparen al alumnado para la vida y el trabajo decente, el FMI y todas las instituciones financieras internacionales y donantes deberían animar a los gobiernos a que aumenten, en lugar de reducir, la inversión en educación, particularmente en docentes y personal de apoyo educativo, que son claves para la construcción de ciudadanía y sociedades sostenibles.