Ei-iE

Malawi tiene una larga relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que dirige las políticas macroeconómicas del país, a menudo en detrimento de sectores prioritarios como la educación y la salud. Según los datos del FMI, Malawi se integró en la institución el 19 de julio de 1965 y ha formalizado al menos 16 acuerdos (préstamos) con el Fondo, incluido un acuerdo extraordinario de préstamos y compras (derechos especiales de giro o DEG) por valor de 292,35 millones de dólares estadounidenses el 30 de junio de 2021.

A finales de 2021, la Internacional de la Educación solicitó al autor un estudio sobre las restricciones del gasto en sueldos públicos en Malawi. Este proyecto forma parte de un estudio internacional más amplio encargado por la Internacional de la Educación y sus afiliados en cuatro países: Malawi, Nepal, Senegal y Zambia. Durante la fase de trabajo de campo, el autor estuvo en contacto con docentes y tomó nota de sus preocupaciones, en especial de las relativas a la influencia de las políticas de austeridad en su vida y en el sector de la educación.

Una de las conclusiones del estudio ha sido que son las y los docentes quienes soportan el gran coste de las políticas macroeconómicas de austeridad —como las decisiones sobre gasto en sueldos adoptadas por el FMI—, ya que gran parte del profesorado tiene problemas para llegar a fin de mes.

En Malawi, las políticas sobre gasto salarial aprobadas por el FMI empezaron a implantarse en 1998 como medida para contener el presupuesto. Según un estudio llevado a cabo en 2007 por ActionAid, las restricciones se tradujeron inicialmente en la limitación de los aumentos salariales, para luego sumar otras estrategias como la congelación de la contratación.

Desde entonces, el techo del gasto salarial se ha mantenido entre el 7 % y el 7,5 % del producto interior bruto (PIB), aunque el Gobierno ha incumplido los topes impuestos, superándolos en un 1,4 %, según recientes informes del FMI ^[1].

El sector de la educación emplea a más de la mitad de las y los funcionarios públicos de Malawi y es la eterna víctima de los malabares a los que obliga la contención del gasto salarial. De 2019-2020 a 2021-2022, la factura salarial supuso un promedio del 23,5 % del gasto público total. Durante el ejercicio económico 2020-2021, el gasto total en sueldos en el ámbito de la educación fue de 270 000 millones de kwachas malauís, una cifra que representó el 51,5 % del gasto nacional total en sueldos públicos. En 2019-2020, la factura salarial en educación fue del 4,2 % del PIB; en 2020-2021 se incrementó hasta el 4,3 % y en 2021-2022 volvió a bajar al 3,8 % del PIB ^[2].

Las restricciones en el gasto salarial significan que el Gobierno no puede contratar a suficientes docentes. El país necesita 52 459 docentes más para llegar a la proporción recomendada de 40 alumnos y alumnas por cada docente ^[3].

Pero aumentar la plantilla hasta esa cifra incrementaría el gasto en salarios en educación primaria en un 63 %. En porcentaje del PIB, la partida para los sueldos de educación debería pasar del 3,8 % actual a, como mínimo, el 6 %. Esto supondría un aumento del gasto total en salarios públicos de, al menos, el 2,2 %, desde el 7,7 % del PIB al 9,9 % del PIB. Por lo tanto, incumpliría la proyección de gasto en sueldos públicos del 7,5 % para el periodo 2021-2025 que se indica en el informe ampliado de revisión del crédito del FMI de 2020. Debido a esta situación, en el ejercicio financiero 2021-2022, el Gobierno solo ha contratado 2082 docentes de primaria de los 9000 previstos ^[4].

Además, según las historias personales del profesorado y otros actores, este estudio concluye que son las y los docentes quienes soportan la carga en el sector educativo y que las políticas de gasto en sueldos les suponen una importante fuente de frustración. Las limitaciones en el gasto salarial han tenido consecuencias como la restricción de la contratación de docentes, la consecuente escasez de docentes, el excesivo aumento de la carga de trabajo, la poca preparación del profesorado y problemas de salud.

Una maestra, Alice Kamchere, que da clase a 78 estudiantes del tercer curso en la escuela primaria Mwatibu de Lilongüe, nos explicó que el déficit de docentes ha repercutido negativamente en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en su escuela: «La falta de docentes hace que al profesorado le resulte difícil enseñar de forma eficaz. Por ejemplo, en mi caso, no logro preparar las clases a conciencia porque no tengo tiempo para preparar los recursos que uso en clase. En el plano familiar, no puedo estar con mi familia porque paso la mayor parte del tiempo en la escuela debido a la alta carga de trabajo». Yankho Mlamba, otro docente que enseña en la escuela de secundaria Lunzu, en la ciudad de Balntyre, comparte esa opinión.

Charles Samala, director de una escuela de Lilongüe, se mostró preocupado porque la escasez de docentes ha aumentado el número de estudiantes por aula, por lo que está más cansado y no puede preparar las clases como le gustaría: «El problema me está afectado como profesor de distintas formas. A menudo (después de salir de la escuela), estoy tan candado que, cuando llego a casa, soy incapaz de preparar la clase del día siguiente. También me afecta a nivel familiar. Soy incapaz de ayudar a mi familia con las tareas cotidianas».

Dado que el profesorado es la principal víctima de las limitaciones en el gasto salarial en el sector de la educación, el Sindicato de Docentes de Malawi (TUM) ha alzado la voz sobre la demora en la contratación de docentes y las malas condiciones para el profesorado a las que abocan las políticas del FMI en materia de sueldos públicos. Según el director del programa del TUM, Pilirani Kamaliza, «nuestra principal preocupación ha sido el alto número de estudiantes por docente, que hace que al profesor o a la profesora le sea difícil encargarse de todo el alumnado en clases grandes; eso ha motivado nuestra demanda al Gobierno de contratar más docentes».

Las aportaciones del personal que trabaja en primera línea dejan claro que las políticas salariales establecidas por el FMI en nombre de la austeridad, la estabilidad macroeconómica y otros motivos están repercutiendo negativamente en el profesorado y el sistema educativo de Malawi.

Si damos un paso más, es evidente la necesidad de revisar estas políticas, oponerse a ellas o incluso abandonarlas por el bien de los derechos humanos, la justicia social y los objetivos de desarrollo sostenible. El Gobierno de Malawi debe aspirar a políticas macroeconómicas más adaptables y buscar otras fuentes de financiación para incrementar los ingresos y mejorar los servicios públicos. Los informes analíticos de Rick Rowden (2011) ^[5], Ortiz y Cummings (2017) ^[6] y Actionaid et. al. (2021) ^[7] sugieren varias alternativas. Estas opciones incluyen aumentar los ingresos impositivos, eliminar los flujos financieros ilegales, pedir préstamos o reestructurar la deuda existente, redistribuir los gastos públicos, ampliar la cobertura de la seguridad social y ofrecer buenos contratos a las y los trabajadores del sector informal. Otras alternativas son hacer presión para lograr ayuda y transferencias para países de ingresos bajos, usar las reservas fiscales y de divisas que se acumulan en exceso en los bancos centrales y adoptar un marco macroeconómico más adaptable.