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El concepto de universidad encarna una idea noble y trascendente. Es un lugar en el que se comparte, prueba, desarrolla y amplía el conocimiento. Un lugar en el que la gente puede plantearse todas las cuestiones importantes sobre quiénes somos, cómo funciona el mundo y cómo encajamos en él. Esto sucede en un entorno basado en la libertad de pensamiento, expresión e investigación.

Una universidad moderna es una comunidad que congrega al personal de las bibliotecas, los servicios de comedor, seguridad, administración, conserjería, mantenimiento, fontanería o electricidad, al personal técnico especializado y a muchas otras personas. Hay que pagar facturas, reparar y actualizar los equipos informáticos, levantar edificios, regar jardines o asegurar un entorno de aprendizaje seguro. Estos espacios no surgen por accidente. Es necesario construirlos y mantenerlos.

Esa es la labor de un conjunto de profesionales con una alta cualificación que se ocupan de que todos los engranajes de la institución sigan funcionando. El término internacional para referirnos a ellos y a ellas es «personal de apoyo educativo (PAE)».

Pero, a pesar de todo, a menudo se desdeña o minusvalora el trabajo de la mayoría del PAE. En Australia, constituyen alrededor del 57 % de la plantilla de las universidades. Su salario suele ser inferior al del personal académico y, cuando se contemplan recortes presupuestarios, es habitual que sea el grupo en el que primero se piensa.

Antes de la pandemia, aproximadamente el 30 % de los ingresos de las universidades australianas procedía del alumnado internacional, que llegó a convertirse en una fuente esencial de financiación. Cuando la COVID-19 llegó a Australia, nuestras universidades sufrieron un duro golpe. El cierre de las fronteras australianas y la interrupción de los viajes estudiantiles se tradujo en una importante escasez de fondos.

El Gobierno federal puso en marcha un plan para aportar liquidez a negocios y organizaciones y, de ese modo, ayudar a proteger puestos de trabajo en todos los sectores, pero excluyó activa y deliberadamente a las universidades de esa fuente de financiación. Eso condujo a la pérdida de miles de empleos.

Hay distintas estimaciones, pero el National Tertiary Education Union (Sindicato Nacional de Educación Terciaria - NTEU) cree que se perdieron alrededor de 30 000-40 000 contratos entre fijos, temporales y de sustitución. Por lo que respecta al personal fijo y temporal, un 70 % pertenecía a la categoría PAE.

Cuando hay despidos, es habitual que el proceso se produzca con prisas y sin la planificación adecuada. En muchos centros se han perdido puestos críticos. El personal académico y profesional suele decir que esto no se traduce en una simple sobrecarga de trabajo para los demás, sino en que hay cosas que, simplemente, se quedan sin hacer.

Un análisis reciente ha demostrado que la mayoría de las universidades ha sobrevivido a la crisis desde el punto de vista financiero y que muchas de ellas tienen un balance más saneado que antes de la pandemia debido a los recortes impuestos. Dicho de otro modo, si el único propósito de las decisiones de gestión era responder a la crisis pandémica, los recortes han ido más allá de lo que habría sido necesario.

El NTEU ha empezado a concederle una atención prioritaria a la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. Y no solo en lo referido a la protección de las universidades frente a la COVID-19, sino también en lo tocante a la excesiva carga de trabajo, que puede estar suponiendo un riesgo para la salud de los trabajadores y las trabajadoras.

Las negociaciones que ya están en marcha en la mayoría de las universidades pretenden que se reconozca la dolorosa situación que ha vivido el personal mediante mejoras clave en seguridad laboral (sobre todo para nuestro personal temporal y sustituto), sistemas de protección de la libertad académica y aumento salariales.

Los mecanismos de apoyo que han permitido que nuestras universidades sigan siendo comunidades vivas están empezando a resquebrajarse. Muchas de las personas que han mantenido nuestro sector en funcionamiento sin apenas recibir atención están sometidas a gran una presión, aunque puede que los efectos de esta situación no se perciban a corto plazo.

El Gobierno australiano, que se negó a apoyar a las universidades durante la crisis, se enfrenta a unas elecciones difíciles como resultado de su incompetencia en varios ámbitos. Pero puede que no veamos sus efectos políticos reales hasta dentro de un tiempo.

Los y las profesionales que componen el cuerpo del personal de apoyo educativo tienen una gran dedicación a su trabajo y creen en la finalidad de su labor. Se enorgullecen de su función de apoyo y mantenimiento de la comunidad académica.

Pero todo el mundo tiene sus límites. El personal que aporta más de lo que debería por amor a su lugar de trabajo hace gala de una notable buena voluntad. Pero la presión actual está haciendo peligrar ese sentimiento. Las consecuencias a largo plazo para el sector todavía están por ver. El Gobierno y las entidades gestoras han creado un clima en el que el personal puede perder la pasión por su trabajo y negarse a asumir cada vez más tareas si no se reconoce su esfuerzo.

Las universidades dependen del PAE. Por el bien del mundo académico, los gestores universitarios y el Gobierno deberían tomarse la situación en serio, valorar el daño causado y hacer algo al respecto.