Ei-iE

El papel fundamental de los gobiernos como garantes y proveedores de una educación pública gratuita de calidad y acceso universal nunca había sido tan evidente. Para forjar una recuperación pospandemia que supere las desigualdades imperantes, es necesario y urgente transformar la educación. Esto requiere de un financiamiento adecuado de la educación pública, y de una inversión mayor en la profesión docente. Hoy más que nunca se necesitan docentes empoderados, debidamente respetados y apoyados, abanderando el cambio desde la escuela pública.

El 19 de septiembre, dirigentes de todo el mundo se reúnen en Nueva York para concentrarse en la educación. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Transformación de la Educación busca movilizar la voluntad política necesaria para lograr una educación pública de calidad de acceso universal.

El enfoque no puede ser más urgente. El COVID-19 ha tenido un impacto enorme en el sector de la educación a nivel mundial. En el pico de la pandemia, 1.6 billones de estudiantes se quedaron fuera del sistema escolar. Millones no han vuelto a la escuela, o están lidiando con las consecuencias traumáticas de este periodo. Los efectos de la crisis económica, climática, y bélica se han sumado a los efectos de la pandemia. El personal educativo se ha convertido en un elemento clave para la cohesión social, la resiliencia y el futuro sostenible de comunidades educativas en todo el mundo. Sin embargo, el robusto pilar de la profesión docente se tambalea.

A pesar de la apreciación pública que ha recibido el trabajo docente a nivel global, en particular durante la pandemia, la mayoría de gobiernos no ha aumentado la inversión en educación pública, privando así al personal educativo y sus estudiantes del apoyo que, ineludiblemente, necesitan. Los aplausos han sido reemplazados por recortes educativos y por unas exigencias laborales cada vez mayores, que no se corresponden con los recursos existentes.

Una investigación reciente de la Internacional de la Educación desvela el sentir de una profesión docente infravalorada, mal pagada y sobrecargada de trabajo. Como resultado, se está produciendo un éxodo masivo de docentes a nivel mundial, abocados a dejar una profesión a la que llegaron por vocación. Esto, unido a la falta de relevo generacional en una docencia cada vez menos atractiva para las personas jóvenes, hace que la escasez de personal docente en todo el mundo esté alcanzando proporciones épicas.

Vocación y dedicación docentes no pueden compensar instituciones educativas con financiación insuficiente, políticas ineficaces impuestas desde arriba, o sistemas educativos que ni confían ni respetan a una profesión enteramente dedicada a sus estudiantes.

Así, mientras dirigentes mundiales se reúnen durante la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, docentes de todo el mundo exigen un compromiso político claro. Las demandas son:

1. Aumentar la inversión en la educación pública.
2. Garantizar derechos laborales y condiciones de trabajo decentes para docentes y personal de apoyo educativo.
3. Invertir en formación docente.
4. Respetar al personal docente y confiar en su expertise pedagógico.
5. Incluir a los sindicatos de la educación en la elaboración de políticas educativas a través del diálogo social.

Para que esta Cumbre sea exitosa, los gobiernos deben invertir más en la educación pública, derecho humano fundamental y clave para la recuperación pospandemia. Y deben invertir más en la profesión docente, necesaria para poder garantizar una educación de calidad. Sociedades más justas, inclusivas y democráticas y futuros más sostenibles seguirán siendo utopías inalcanzables si no asumimos un compromiso político claro, que priorice la educación a nivel global.

Todos los países deben cumplir con los compromisos asumidos en el Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Esto es, destinar al menos el seis por ciento del Producto Interior Bruto, o el 20 por ciento del gasto total nacional, a la educación pública.

La condonación de la deuda en los países del Sur y la justicia fiscal también son cruciales a la hora de garantizar que el gasto en educación no se vea afectado por recortes. Es clave aumentar el presupuesto público a través de la justicia fiscal y la progresividad impositiva.

Asimismo, se debe rechazar la austeridad y poner fin a las condiciones crediticias perjudiciales y a las directrices de instituciones financieras internacionales que limitan el gasto del sector público. La privatización de la educación que amenaza la calidad y la equidad, la proliferación de escuelas privadas en busca de lucro, la comercialización de la educación pública, deben revertirse. Los sistemas públicos educativos deben financiarse de manera sostenible y con un enfoque de equidad.

Es hora de reconocer el poder transformador de la educación pública, y lo que significa para cada estudiante, en naciones grandes y pequeñas. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Hacemos un llamado a todos los gobiernos del mundo para que asuman su responsabilidad como garantes de una educación pública gratuita y de calidad.

Docentes, estudiantes y comunidades educativas en todo el mundo están listas para construir un futuro mejor. Ahora, los gobiernos deben hacer su parte.