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En esta publicación del blog, comparto mi trayectoria personal como una docente que ha experimentado las alianzas público-privadas (APP) en la campiña brasileña y que insta a las partes interesadas a que piensen en los problemas que acarrean ese tipo de alianzas para la educación. También reflexiono sobre el modo en que esas APP son una consecuencia de la falta de financiación en materia educativa y acerca de la importancia que tiene que las partes interesadas defiendan la ampliación de los presupuestos destinados al sector en el contexto de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación.

Tras la pandemia mundial, muchos de los desafíos que ya afrontaba el personal educativo se intensificaron ^[1]. La Cumbre sobre la Transformación de la Educación nos brinda la oportunidad de seguir presionando a los Estados miembros en relación con temas importantes del ámbito educativo. En esta publicación, me gustaría invitarles a que consideren mi experiencia como educadora en el Brasil como uno de los numerosos ejemplos de por qué los gobiernos deben comprometerse a ampliar los presupuestos destinados a la educación.

En el Brasil, es habitual que los padres y las madres eviten matricular a sus hijos e hijas en la escuela pública, sobre todo si disponen de los medios económicos necesarios. Oímos a las personas mayores decir que “la educación no es como solía ser en los buenos tiempos…”. Los “buenos tiempos” suelen estar vinculados al período de la dictadura brasileña (1964-1985) y los años previos, cuando los medios de comunicación de masas estaban obligados a hacer buena publicidad de los servicios públicos (como la educación) para apoyar el régimen autoritario ^[2].

Cuando se inició el período democrático, el Estado asumió la responsabilidad de proporcionar una educación pública gratuita para todos ^[3]. No obstante, aunque el acceso universal a la educación fue un gran logro de la democracia recién establecida, la mayor demanda de servicios educativos estuvo seguida de limitaciones presupuestarias en el sector ^[4]. Además, la constante presión de las organizaciones internacionales para que los países —principalmente los del Sur Global— adoptaran alianzas público-privadas (APP) a fin de mejorar los resultados educativos ^[5] también influyó en la educación pública brasileña.

Como profesora, pude experimentar en primera persona algunas de las consecuencias de la participación del sector privado en la educación. Cuando la escuela donde estaba enseñando anunció una alianza con una de las principales instituciones privadas del Brasil, el entusiasmo se instaló en la mayoría del profesorado, yo incluida. Lo veíamos como una posibilidad de llevar a la escuela perspectivas originales y modernas, y de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Con el paso del tiempo, quedó patente que este no era necesariamente el caso. Debido a la influencia de esta fundación privada, el profesorado perdió su autonomía pedagógica: tuvimos que conformarnos con impartir planes de estudio preestablecidos (proporcionados por la institución) y acceder a trabajar horas extra para rellenar hojas de cálculo e informes con datos relativos al rendimiento del alumnado, todo ello justificado como un medio para mejorar el “aprendizaje”. El problema era que el aprendizaje nunca fue la prioridad para esta “mejora”. El aprendizaje se confundió con mejores resultados en las evaluaciones y los indicadores. Todo lo que oíamos en las sesiones de formación pedagógica era medidas que debíamos adoptar para disminuir las tasas de retención, reducir las ausencias y la distorsión por series de edad y, cómo no, mejorar la puntuación de nuestro alumnado en las evaluaciones nacionales (e internacionales).

De repente, se olvidó poner el foco de atención en los procesos de enseñanza, esto es, las necesidades pedagógicas y los intereses del alumnado o cómo conseguir que los y las estudiantes llegaran a ser miembros totalmente independientes de la sociedad. Y el profesorado que se atrevió a cuestionar esta situación recibió un trato hostil por parte de la dirección. Además, nos hacían competir constantemente contra otras escuelas o contra el personal docente que tenía mejor rendimiento. Se nos recordaba frecuentemente la necesidad de actuar con rapidez y eficacia para que el alumnado no perdiera de vista las materias prioritarias.

Me pregunto si habría sido diferente si hubiéramos tenido más libertad para enseñar las materias que el alumnado tenía interés en —y necesidad de— aprender. En ocasiones, parte del alumnado se reía de algunas de las actividades que proponía en clase (que formaban parte del plan de estudios preestablecido) porque las consideraba demasiado absurdas. Y lo peor es que yo coincidía con su opinión… Pero lo hacía aun así para cumplir con el plan de acción. Como profesora principiante, me aterrorizaba la posibilidad de perder el trabajo por no seguir las normas.

Ahora bien, no quiero que esta historia desaliente a cualquier persona de dedicarse a la docencia. Al contrario, deseo aprovechar esta plataforma para instar al personal educativo, las partes interesadas y la sociedad a que defiendan la educación pública gratuita y planteen preguntas en relación a cómo y por qué agentes no estatales siguen educando a más de 350 millones de niños y niñas en todo el mundo ^[6]. Además, me gustaría que consideráramos cómo la ampliación de la financiación destinada a la educación podría contribuir a revertir esta situación y exigir cuentas a los Estados por la calidad de la educación, en lugar de entregar la educación al sector privado.

Como indican varios estudios, la mejora en la financiación destinada a la educación podría proporcionar al personal educativo salarios justos e incentivar la incorporación —y la permanencia— de más personas en la profesión ^[7]. Podría permitir a los trabajadores y las trabajadoras tener un solo trabajo, en lugar de hacer malabarismos con dos o tres, como debe hacer la mayoría del profesorado para lograr la independencia económica. Permitiría al personal docente disponer de tiempo para examinar su enfoque pedagógico, las necesidades de sus estudiantes y el uso del conocimiento y la creatividad para mejorar su enseñanza. Permitiría al alumnado tener un buen apoyo social en las escuelas. Haría posible que las escuelas estuvieran mejor equipadas, protegidas y preparadas para recibir al alumnado y la comunidad en lo que se supone debe ser el apasionante proceso de enseñar y aprender.

Y sobre todo, una mayor financiación confiere a las escuelas la libertad de elección. Hoy en día, aunque no existen obligaciones formales para que las escuelas se acojan a alianzas público-privadas, la falta de recursos convierten a este tipo de alianzas en sumamente atractivas. Las fundaciones promueven las APP como una solución barata (o “gratuita”) para todos los problemas escolares, que facilita la “calidad” de la educación con los recursos y las competencias que la institución proporcionará con ellas ^[8]. Pero las APP nunca son gratuitas. Tienen un costo para el personal educativo en lo que se refiere a su autonomía pedagógica, y las instituciones privadas se benefician de ellas desde diversos puntos de vista: el financiero —a través de beneficios fiscales, por ejemplo— y el político, al conseguir espacio y poder en la esfera pública ^[9]. Además, las APP no han demostrado tener unos efectos positivos significativos en los sistemas educativos de gran magnitud, aunque habría que investigar más al respecto ^[10]. Por lo tanto, los Estados deben ampliar la financiación de la educación para garantizar que las escuelas pueden elegir independientemente y centrarse en la pedagogía y el bienestar del personal y del alumnado.

Las escuelas, el alumnado y el profesorado de todo el mundo no pueden, no deben y no van a pagar este alto precio.