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Los sindicatos de la educación en Canadá y en todo el mundo han mostrado su apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras y a los sindicalistas de Ontario que se oponen firmemente a un proyecto de ley impuesto por el gobierno provincial que amenaza al personal de apoyo escolar con multas de 4 000 dólares canadienses (3 000 euros) al día por hacer huelga.

El gobierno provincial conservador de Doug Ford aprobó una legislación que aplica unilateralmente un contrato a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación e impone cuantiosas multas por hacer huelga. Esta medida intensifica una amarga disputa en torno a las demandas salariales del personal de la educación, incluidos los y las conserjes, el personal docente de educación infantil y el personal de apoyo educativo.

Se acelera la aprobación del proyecto de ley 28 para frenar la huelga planificada

El Canadian Union of Public Employees (CUPE, por sus siglas en inglés), que representa a más de 700 000 trabajadores y trabajadoras en toda Canadá, solicitó un aumento del 11,3 % para sus 55 000 trabajadores y trabajadoras de apoyo a la educación en Ontario – que suelen recibir la remuneración más baja en los centros escolares – alegando que el estancamiento del crecimiento salarial y la elevada inflación ha afectado más duramente a estos trabajadores y trabajadoras, que ganan una media de 39 000 dólares canadienses al año.

El gobierno de Ontario respondió con un aumento anual del 2,5 % para los trabajadores y las trabajadoras que reciben ingresos más bajos y del 1,5 % para los demás.

Ante el escaso progreso logrado en las negociaciones y la huelga prevista para el 4 de noviembre, el gobierno aceleró el proyecto de ley 28 a fin de privar a los trabajadores y a las trabajadoras del derecho a la huelga, imponer un contrato y multas al personal en huelga de 4 000 dólares canadienses (3 000 euros) y al sindicato de 500 000 dólares canadienses (375 000 €) al día. Dicha legislación elimina legalmente por primera vez en la historia del condado el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a la negociación colectiva y a la huelga.

Una violación de la Carta de Derechos y Libertades del país

Al acogerse al mecanismo jurídico muy pocas veces utilizado conocido como la disposición derogatoria, que permite a los gobiernos provinciales y territoriales anular ciertas partes de la Carta de Derechos y Libertades por un período de cinco años, el gobierno de Ontario privó a los trabajadores y a las trabajadoras de su derecho a la huelga, lo cual, sostiene, era su prioridad.

Incluso aunque el tribunal supremo de Canadá reconoció el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras a la huelga como un “componente indispensable” de la Carta en 2015, la disposición derogatoria gana la partida. No obstante, en los casos en que el personal se considere esencial, el derecho de huelga se sustituye por el arbitraje.

Asimismo, el Colegio de Abogados de Ontario condenó la medida, calificando la incertidumbre en torno a los derechos fundamentales como “potencialmente desestabilizadora” y susceptible de generar el temor de que cualquier ganancia a corto plazo obtenida por el gobierno de Ford podría tener un coste para la sociedad “que podría no ser reconocido hasta que fuera demasiado tarde”.

El Ontario Public Service Employees Union (OPSEU-SEFPO, por sus siglas en inglés), que representa aproximadamente a 180 000 personas a tiempo completo y parcial que trabajan para el gobierno de Ontario, instó al personal de la educación a abandonar sus puestos de trabajo el 4 de noviembre “en una demostración monumental de solidaridad para con sus compañeros y compañeras del CUPE”. El sindicato insistió en que “el proyecto de ley 28 no es solo un ataque contra los derechos de negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras de la educación, es un ataque a todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

Apoyo de los sindicatos de la educación de Canadá

La Canadian Teachers’ Federation (CTF/FCE, por sus siglas en inglés), una afiliada de la Internacional de la Educación (IE), respaldó públicamente al personal de apoyo a la educación de Ontario, afirmando que “el pisoteo de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación de Ontario por parte del gobierno de Ford constituye una afrenta a una educación pública de calidad financiada con fondos públicos”, e instó a todos los sindicatos “a que adopten medidas inmediatas contra esta violación de la Carta y amenaza a la democracia”.

Éric Gingras, presidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ, por sus siglas en francés) – también afiliada a la IE – subrayó que “¡la CSQ se solidariza con los compañeros y las compañeras del CUPE en Ontario! Una ley especial en medio de la negociación es una afrenta al derecho a negociar. Además, es acoso”

Solidaridad internacional

“Nos solidarizamos plenamente con los miembros del CTF/FCE en Ontario, donde, de manera alarmante, el gobierno ha hecho caso omiso de la Constitución al imponer un contrato a 55 000 miembros del personal de apoyo a la educación y ha ilegalizado cualquier acción laboral”, puntualizó además el secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards.

Edwards acogió con satisfacción la solidaridad internacional ofrecida al personal docente de Ontario por parte de los sindicatos de la educación de todo el mundo.