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Si en todo el mundo hubiera una escuela pública gratuita y de calidad, la existencia de escuelas privadas seguramente no supondría un gran problema. Desgraciadamente, no es el caso, y la expansión del sistema de educación privada constituye un enorme peligro para la escolarización universal y para una educación de calidad, fundamentos de una sociedad inclusiva e igualitaria.

La escuela privada, una empresa como cualquier otra

Los problemas más evidentes que plantean las escuelas privadas están sencillamente ligadas al hecho de que suelen funcionar como una empresa ^[1]. La obligación de lograr un equilibrio financiero y de obtener beneficios tiene consecuencias inmediatas.

Empecemos por los ingresos. Aparte de aquellos casos en que las escuelas privadas reciben subvenciones públicas –y en tales casos cabe preguntarse por qué el Estado no invierte más bien en el sistema educativo público– el acceso de estudiantes a las escuelas privadas es de pago. Las tasas de escolarización, incluso cuando algunos pudieran considerarlas módicas, representan siempre un obstáculo para las familias más modestas. En un mismo país puede coexistir todo un abanico de establecimientos escolares con tarifas muy variables, más o menos accesibles en función de los ingresos familiares. Esta discriminación, esta separación de los niños y niñas según la categoría social de sus padres, puede tener consecuencias a largo plazo sobre el equilibrio de la sociedad.

Luego están los gastos. La mayor parte de los gastos en educación están ligados a los salarios del personal. En cuanto tienen la posibilidad, los propietarios de escuelas privadas suelen intentar minimizar estos gastos, de distintas maneras. Ya sea contratando a personas menos cualificadas, lo que degrada la calidad de la educación; bien ofreciendo salarios más bajos, lo que desmotiva a candidatos cualificados para la enseñanza; o bien aumentando el número de horas lectivas por semana para el personal docente, o el número de alumnos por clase. O incluso exigiendo al personal ocuparse de tareas suplementarias. O todo a la vez. Unas condiciones de trabajo degradadas generalmente van a la par de políticas rigurosas prohibiendo los sindicatos. Al personal no le queda entonces más que una opción: aceptar o irse.

El dinero en medio del acto educativo

Los que está mucho menos descrito y resulta más difícil determinar, es la influencia que tiene la relación del dinero en el funcionamiento de la escuela, incluso dentro de las aulas.

Al tratarse de una empresa, la escuela privada evoluciona en un mercado competitivo que, para luchar por su supervivencia, le impone conservar –y por tanto satisfacer– a su clientela, el alumnado, y atraer continuamente nuevos clientes. Para ello, todos los medios son válidos, incluyendo la pre-selección de los alumnos que se presenten a un examen, a fin de conseguir una mejor tasa de éxito.

Pero hay detalles incluso más perniciosos. Desde el momento en que una familia aporta dinero para que su hijo o su hija asista a clase, todas las relaciones entre las distintas partes implicadas –personal de dirección, personal docente, padres y alumnado– resultan afectadas. Las familias podrían tener exigencias que estiman legítimas en base al esfuerzo financiero consentido, como por ejemplo, la modificación del programa escolar, la subida de las notas, el paso a una clase superior o la validación de un diploma. El alumnado puede considerar que su profesor(a) ha de subordinarse a sus demandas o a su comportamiento, impidiendo que pueda ejercer su función ciñéndose a las normas éticas de la profesión. La dirección escolar, que ve a los padres como clientes a quienes debe satisfacer, podría ponerse de su parte frente al personal docente e imponer métodos pedagógicos o comportamientos con los que ellos o ellas podrían no estar de acuerdo.

Numerosos testimonios de docentes ilustran estas derivas, como éste de Luc Nhyomog, presidente del Syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés du Cameroun:

“ Para el fundador que es en realidad en verdadero director del establecimiento en función del dinero que ha invertido y que busca rentabilizar, los padres son un cliente ante quienes hay que someterse para merecer la renovación de su confianza. Así pues, hay que evitar a toda cosa las quejas de los padres, incluso quitándole la razón al docente en base a las declaraciones de un alumno. Se llamará la atención del o la docente sin más, delante de los padres y en ocasiones incluso delante del alumno. Evidentemente, en tales casos cualquier docente que quiera conservar su puesto ya no se guiará por las exigencias de la profesión, sino por los caprichos del fundador al amparo de la dirección. Cualquier estudiante puede negarse a cumplir las órdenes del docente y no hacer venir a sus padres en caso de convocatoria, sin que por ello se aplique medida alguna para proteger la autoridad del profesorado, o incluso de la dirección. En ocasiones los padres no responden a una convocatoria en relación con el trabajo de su hijo/a, en el momento en que la escuela lo requiera. Pero en ningún caso podrá excluirse al alumno para obligar a sus padres a presentarse”.

Aunque, afortunadamente, el nivel de presión no llega a tales extremos en todo el mundo, cabe constatar que dentro de las aulas, en las escuelas privadas, pueden verse cuestionados los objetivos fundamentales de la educación, como por ejemplo la igualdad de trato y el respeto de las reglas de vida en común, el respeto de los programas escolares y de la experiencia adquirida por los y las docentes con su formación y su experiencia.

Por el contrario, mi experiencia como funcionario y profesor de matemáticas en escuelas secundarias públicas en Francia me ha demostrado que el hecho de haber aprobado la oposición para obtener mi plaza me protegía frente a cualquier crítica o presión respecto a mis competencias disciplinarias. El estatuto de funcionario y el derecho sindical me aportan asimismo protección frente a cualquier presión de la dirección del establecimiento escolar en relación con eventuales derogaciones del estatuto, como por ejemplo las horas lectivas suplementarias. Protección que muy a menudo no está presente en las escuelas privadas.

¿Estados impotentes o cómplices?

Permitiendo la coexistencia de dos sistemas paralelos y en competencia, que sobre el papel tienen la misma misión, los Estados contribuyen a debilitar lenta e indirectamente la escuela pública. En efecto, los principios de funcionamiento de la escuela privada, que se caracteriza en general por derechos sindicales reducidos o incluso inexistentes para el personal, un nivel de cualificaciones y de remuneración inferior, y prácticas derogatorias respecto a las asignaturas impartidas, el contenido de los cursos y/o las reglas de calificación y certificación, podrían llegar a convertirse progresivamente en una nueva norma, con la que el sistema público se vería obligado a alinearse. Este riesgo se ve acentuado por el hecho de que los Estados muchas veces no se preocupan por extender a las escuelas privadas el control ejercido sobre las escuelas públicas: respeto de las cualificaciones y remuneraciones, de la libertad pedagógica, de la igualdad de trato del alumnado en materia de evaluación, etc. Observamos por el contrario en los sistemas de educación pública, cada vez con mayor frecuencia, una lógica de competencia derivada del sector privado. Pueden adoptar la forma de una sutil selección de estudiantes por parte de las opciones o secciones donde los medios más favorecidos tienen una mayor representación.

A menudo, los Estados se escudan en la falta de medios para permitir la apertura y el funcionamiento de escuelas privadas. No obstante, siempre tienen cierto margen de maniobra para la aplicación de tasas o impuestos, en realidad es una cuestión de voluntad política. De hecho, el dinero que aportan las familias a la dirección de una escuela estaría mejor invertido en forma de impuestos que permitieran a la colectividad organizar mejor el sistema educativo público, desde la formación del personal docente a la construcción de centros escolares. El colmo está cuando las escuelas privadas se benefician de subvenciones por parte del Estado, más o menos directas. Puede tratarse de la remuneración del personal o de becas para facilitar la escolarización de ciertos alumnos en escuelas privadas.

Resulta por tanto complicado diferenciar las dificultades reales de un Estado, su indiferencia, y su incentivo tácito –o incluso activo– al sector privado.

Sería sumamente conveniente, en interés del alumnado y del personal educativo, que los Estados se concentren en un único objetivo: ‘una plaza en una escuela pública para cada estudiante, con un o una docente con la formación adecuada y un entorno de calidad’. Y un principio: ‘dinero público para la escuela pública’.