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La cuadragésima tercera sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) concluyó con notables victorias para el derecho del profesorado y la comunidad investigadora de adaptar y seleccionar materiales con el fin de garantizar una educación y una investigación de calidad. La Internacional de la Educación participó junto con las organizaciones afiliadas CONADU (Argentina), AUSPS (Fiyi) y UASU (Kenia).

Un plan concreto para impulsar el trabajo sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor

Se aprobó el programa de trabajo sobre limitaciones y excepciones propuesto por el Grupo Africano. Ese programa ofrece un marco sólido para avanzar en el debate sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor para bibliotecas, archivos, instituciones educativas, instituciones de investigación y personas con discapacidades. Las disposiciones sobre limitaciones y excepciones son fundamentales ya que permiten al profesorado, a la comunidad investigadora, al personal bibliotecario y a otras partes interesadas, usar obras sujetas a derechos de autor sin tener que abonar costosas licencias a las personas propietarias de esos derechos.

El programa de trabajo insta al Comité a prestarle especial atención a las adaptaciones y excepciones que posibilitan la enseñanza, el aprendizaje y la investigación mediante herramientas digitales y en línea. Por ejemplo, la posibilidad de que el profesorado muestre un vídeo de YouTube en clase o acceda a artículos de investigación para compartirlos con el alumnado. También recomienda medidas concretas para avanzar en el debate sobre las implicaciones de los usos transfronterizos del material sujeto a derechos de autor, por ejemplo, cuando a una clase en línea asisten estudiantes de varios países o cuando en una investigación colaboran especialistas de distintos países.

Actualmente, el profesorado y la comunidad investigadora se enfrentan a todo tipo de trabas para trabajar en contextos internacionales, como describe un profesor titular de una universidad sueca: "para acceder a material de 1956, tenemos que ir al Laboratorio de la Biblioteca Nacional de Estocolmo. Es un pequeño cubículo de cristal con tres terminales de datos. Te sientas y anotas. El acceso cuesta 70 000 coronas suecas (unos 6200 euros) el primer año y 35 000 coronas los siguientes. No está permitido sacar ni introducir datos, todas las operaciones deben hacerse en el cubículo. La transparencia brilla por su ausencia. Si alguien quiere verificar los resultados, también tiene que gastar una gran cantidad de dinero en adquirir la licencia. ¡Es increíblemente estresante!". Este y otros testimonios recogidos por la asociación Communia en la publicación Nobody puts research in a cage evidencian los obstáculos a los que se enfrenta el personal investigador de la UE debido a las limitaciones que impone la legislación sobre derechos de autor.

El programa también plantea otros temas importantes para la educación y la investigación que el Comité deberá abordar en el futuro, como las limitaciones y excepciones para minería de datos y análisis de textos, las implicaciones jurídicas de la Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta (2021) o las repercusiones internacionales de las limitaciones y excepciones en el ámbito de la conservación del conocimiento, la enseñanza y la investigación.

Mujeres líderes del Sur Global transmiten el punto de vista del profesorado y la comunidad investigadora

Miriam Socolovsky del CONADU, Grace Nyongesa del UASU y Elizabeth Fong de la AUSPS relataron su experiencia docente con el uso de material en sus clases y las barreras que suponen los derechos de autor. Según la investigación de la IE "¿Es legal?", esos obstáculos afectan más al profesorado del Sur Global que al del Norte. Como educadoras y sindicalistas, las representantes de la IE aportaron su valiosa perspectiva sobre las necesidades del personal pedagógico e investigador y reclamaron una reforma en las leyes nacionales sobre derechos de autor que garantice limitaciones y excepciones para fines educativos y de investigación. La aprobación del programa de trabajo propuesto por el Grupo Africano constituye un importante paso adelante en esta dirección.

Elizabeth Fong celebró los resultados de la sesión: "La sesión 43.ª del SCCR ha sido la mejor hasta la fecha. Ahora lo importante es mantener el impulso hasta la próxima reunión para que el cambio se haga realidad. La Asociación del Personal de la Universidad del Pacífico Sur (AUSPS) respalda el trabajo de la IE en este ámbito y para mí fue un honor transmitir la perspectiva de nuestra región en la SCCR 43. Estoy trabajando en la reactivación de una iniciativa para revisar la Ley del Derecho de Autor de Fiyi (1999) en colaboración con el Sindicato de Docentes, la Asociación de Docentes, la Asociación de Bibliotecas y la representación de la OMPI de mi país, una iniciativa que sentará un precedente para que el resto de los países integrantes de la Universidad del Pacífico Sur haga lo mismo a través de sus gobiernos".

Las sindicalistas de la educación también actuaron como portavoces del profesorado y defendieron el derecho a la educación junto a representantes gubernamentales de todo el mundo y miembros de la sociedad civil representados por la Coalición Acceso al Conocimiento (A2K).

Como señaló Miriam Socolovsky, de la CONADU, es fundamental unir fuerzas con la sociedad civil: "Asistir a la SCCR 43 me ha permitido conocer a integrantes de la A2K, en especial a las organizaciones de América Latina, y empezar a pensar en posibilidades de colaboración entre los sindicatos y otras entidades. Nuestra presencia es un activo importante para la coalición A2K ya que representamos a millones de personas que trabajan en la educación pública. Nuestra voz se oye más alto y los delegados nacionales no pueden ignorarla".

Elizabeth Fong apuntó que "esta sesión del SCCR ha vuelto a demostrar que, mientras los gobiernos se mueven por razones políticas, es la sociedad civil la que defiende el acceso igualitario a la información y lucha por ese derecho. Esa es nuestra postura como sindicatos".

Las próximas investigaciones de la Internacional de la Educación

La Internacional de la Educación presentó en el SCCR los resultados preliminares de tres estudios que se publicarán este año. Estas investigaciones destacan el punto de vista del personal docente sobre las repercusiones de los derechos de autor en la enseñanza y el aprendizaje, así como los retos que supone enseñar en contextos transfronterizos cuando parte del profesorado o el alumnado se encuentra en países distintos con legislaciones diferentes.

Los resultados preliminares demuestran que:

• El profesorado depende del acceso a recursos educativos de calidad, incluidas alternativas para hacer que esos contenidos sean accesibles para estudiantes con discapacidades.
• El profesorado trabaja con recursos diversos que aportan un enfoque educativo moderno, incluidos materiales sujetos a derechos de autor. Por tanto, necesitan excepciones a los derechos de autor lo bastante amplias y flexibles para que la educación pueda seguir el ritmo de la innovación.
• El profesorado usa principalmente fragmentos de obras protegidas por derechos de autor.
• El profesorado necesita formación en materia de legislación de derechos de autor para poder tomar decisiones informadas sobre el uso de materiales para la enseñanza.
• Los retos que plantean los derechos de autor para las actividades educativas internacionales requieren más atención y reformas políticas globales en la OMPI. Estas reformas deben basarse en evidencia obtenida en las aulas.

Los tres estudios se publicarán en septiembre para conmemorar el Día Internacional del Acceso Universal a la Información.