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El movimiento estudiantil lleva décadas reivindicando una educación pública de calidad, universal y gratuita; no obstante, los representantes estudiantiles han visto a menudo cómo sus peticiones eran ignoradas por políticos que se esconden tras el pretexto de la escasez presupuestaria.

A lo largo de febrero y marzo de 2023, el movimiento estudiantil internacional, que se reunió en el marco del Foro Global de Estudiantes (GSF, por sus siglas en inglés), contó con la colaboración de ActionAid y de la TaxEd Alliance para llevar a cabo un programa de desarrollo de capacidades de tres sesiones centrado en la necesidad de lograr la justicia fiscal para mejorar la financiación de la educación.

Las sesiones de formación del GSF tuvieron por objeto formar a los activistas sobre los conceptos básicos de la justicia fiscal con el fin de que puedan analizar los obstáculos que sus países deben superar en el camino hacia una financiación de la educación más equitativa y eficaz. A lo largo de las sesiones, las personas participantes reflexionaron sobre sus experiencias regionales y crearon un grupo de trabajo encargado de consolidar un programa común activista en pro del movimiento estudiantil mundial sobre la justicia fiscal. A continuación se presentan algunas de las principales conclusiones expresadas por los representantes estudiantiles.

Reforzar lo público

El logro de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible depende de la capacidad de nuestros Gobiernos para brindar servicios públicos básicos, como la salud y la educación, a fin de respetar los derechos humanos, reducir las desigualdades y ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de participar y defender la gobernanza democrática.

El ODS 4 sobre la educación de calidad no se alcanzará para 2030 sin un aumento considerable y bien orientado de la financiación, en particular en aquellos países que se encuentran más lejos de lograr una educación de calidad para todos y todas en todos los niveles. Realizar las inversiones necesarias solo es posible si los Gobiernos consiguen movilizar fondos nacionales y fortalecer los sistemas de educación pública. No obstante, los Gobiernos siguen sin entender la educación como una inversión a largo plazo y la consideran como un gasto cada vez que se produce una crisis.

¿Por qué la fiscalidad?

La justicia fiscal brinda a los Gobiernos la oportunidad de fortalecer todos los servicios públicos, no solamente la educación. A través de la justicia fiscal, los Gobiernos nacionales pueden recuperar el control de un sector educativo que se ha visto socavado continuamente por las tendencias de la mercantilización.

La pandemia de COVID-19 provocó un aumento notable en el número de entidades con fines de de lucro en el sector de la educación y agravó las desigualdades existentes en todo el mundo. La repercusión de la pandemia en los presupuestos educativos constituye un problema que tiende a ignorarse y que presenta consecuencias de gran alcance. Así pues, se redujeron los presupuestos nacionales de educación, la deuda pública aumentó a niveles preocupantes y el sector educativo, que ya estaba insuficientemente financiado, quedó en un estado precario y de abandono. Este inquietante contexto es precisamente lo que obliga al movimiento estudiantil a sumarse a los crecientes llamamientos en favor de la justicia fiscal.

Dejar de “hacerse de la vista gorda”

El sistema fiscal mundial actual se basa en una cosmovisión colonial donde los recursos naturales y financieros se extraen con impunidad de los países en desarrollo a fin de atesorarlos en forma de riqueza no productiva, y eso en un grado nunca antes visto en la historia.

En todas las regiones, los movimientos estudiantiles han denunciado el papel que desempeñan las grandes multinacionales a la hora de aprovechar las lagunas fiscales y fomentar la corrupción, todo ello con el fin de eludir sus responsabilidades fiscales. Las multinacionales, las empresas tecnológicas y el sector privado en su conjunto son aliados necesarios en la educación, pero parece que durante décadas han malinterpretado su papel (deliberadamente). Como actores empresariales, su papel no consiste en llevar a cabo iniciativas educativas filantrópicas, sino en pagar íntegramente sus impuestos con objeto de sostener la educación pública. El movimiento estudiantil a nivel mundial se posiciona en contra de los privilegios fiscales y el trato preferencial otorgado a las grandes corporaciones.

Con el fin de lograr la justicia fiscal, es importante que todos los actores que tienen peso en las decisiones financieras comprendan las consecuencias de sus acciones. El mayor ausente en este sentido es el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es hora de que el FMI reconozca las consecuencias perjudiciales que las medidas de austeridad han tenido en el sector educativo durante décadas, y de que los ministros de Finanzas sean más críticos con las recomendaciones del FMI y se opongan a ellas cuando no están basadas en evidencia. En lugar de insistir en políticas moldeadas ideológicamente, el FMI debe cambiar su enfoque y apoyar el fortalecimiento de los sistemas tributarios nacionales y la implementación de impuestos progresivos.

No obstante, actuar a nivel nacional no resulta suficiente. A través de sus organismos regionales y mundiales, el movimiento estudiantil respaldará la promulgación de reformas internacionales destinadas a lograr un sistema tributario mundial más justo. Esto requiere la actuación a escala mundial sobre las lagunas fiscales a través de la aplicación de un convenio de la ONU sobre fiscalidad, de acuerdos sobre un registro mundial de activos, de la reducción de los flujos financieros ilícitos, y de la adopción de medidas decisivas contra los paraísos fiscales.

El movimiento estudiantil reconoce que ha llegado el momento de convertir la justicia fiscal en una prioridad política y realiza un llamamiento a las coaliciones educativas a fin de que incluyan los asuntos fiscales en su agenda, si es que no lo han hecho ya. Aumentar los fondos disponibles para invertir en educación constituye el primero de muchos pasos para alcanzar una educación universal de calidad en todos los niveles. El movimiento estudiantil se mantendrá atento para garantizar que los nuevos fondos se inviertan de manera eficiente y equitativa. Los fondos no deben perderse por culpa de la corrupción y deben priorizar a los grupos históricamente desfavorecidos a fin de aprovechar al máximo, el potencial de la educación para romper los ciclos de desigualdad y de pobreza.