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La situación del personal docente camerunés ha experimentado cambios considerables en la coyuntura actual. La evolución ha sido de mal en peor. En efecto, aunque las condiciones de vida y de trabajo del personal docente fueron mejorando de 1960 a 1984, siguieron una trayectoria inversa a partir de 1993, fecha de la aplicación de los primeros Planes de Ajuste Estructural (PAE) en Camerún, hasta el punto de que, en la actualidad, esta profesión se ha convertido en el último recurso, en una etapa de transición para ir a pastos más verdes.

Crónica de un declive

Las personas docentes de Camerún reciben su formación en las Escuelas Normales; la duración de los estudios depende del título de acceso. Hasta 1987, todas las personas diplomadas de las Escuelas Normales accedían directamente a la función pública del Estado. El personal recién contratado percibía una importante prima para sufragar los costes de desplazamiento hasta el lugar al que había sido destinado. Durante los primeros tres meses posteriores a su nombramiento, recibía un anticipo de su salario mientras esperaba que finalizara la tramitación de su expediente de integración. El personal docente también tenía derecho a percibir una compensación por los costes de desplazamiento correspondientes a sus vacaciones anuales; todo el personal destinado en el norte del país recibía billetes de avión, al igual que sus familias. La corrupción era marginal y nadie negociaba sus ascensos ni su remuneración; todo era casi automático. No había un cuerpo privilegiado en la función pública. Era la edad de oro de la educación.

Todo cambia bruscamente en 1993 con los Planes de Ajuste Estructural (PAE). Los funcionarios sufren entonces un recorte salarial del 20% en enero de 1993, y otro del 50% en enero de 1994. En 1995, las personas diplomadas de las Escuelas Normales dejan de tener acceso a la condición de funcionarios. El personal docente que acaba de formarse ya no se integra automáticamente en la función pública y tiene que buscar trabajo en las escuelas privadas, o esperar una eventual contratación por parte del Estado. En este último caso, el profesorado contratado de este modo por el Estado tendrá, a partir de ese momento, el estatuto de “empleado público temporal”, y percibirá 40.000 francos mensuales durante nueve meses, es decir, durante el periodo que dura el curso escolar, quedando excluidas las vacaciones anuales. Con el tiempo, su estatuto irá evolucionando, hasta convertirse en personal “contractual”. A partir de ese momento, dispondrá de un número de registro y podrá disfrutar de todas las bonificaciones que percibe el personal docente funcionario, pero su salario base será inferior al del profesorado funcionario.

Movimientos sindicales y sociales en acción

Las múltiples reivindicaciones de los sindicatos culminaron en diciembre de 2016 con la decisión de integrar progresivamente en la función pública al personal contractual a través de una oleada de contrataciones. Sin embargo, tras la brutal caída de los salarios, el personal contractual se ha convertido en presa del sistema de corrupción que la burocracia ha establecido en el marco de este proceso de integración. La lentitud en la tramitación de los expedientes se está convirtiendo en la norma para incitar a las personas interesadas a buscar recomendación . Desde hace un tiempo, un expediente de integración se “tramita” en un plazo mínimo de dos años; los pagos atrasados relativos a la promoción o reclasificación se “negocian” al 30% para acelerar la tramitación de los expedientes. Durante este tiempo, los compañeros y las compañeras jóvenes tienen la obligación de asistir a todas sus clases, so pena de ser sancionados. Hay que señalar que entre el alumnado que sigue saliendo de las escuelas que dan acceso directo a la función pública, solo el personal docente pasa por este calvario. Los demás pertenecen a escuelas que abastecen de personal a los aparatos represivos del Estado (Escuela Militar Inter-Armas, Escuela Nacional de Administración y Magistratura, Escuela Nacional Superior de Policía).

Todos estos impedimentos justifican las reivindicaciones sindicales recurrentes, los movimientos reivindicativos puntuales de algunas promociones como los indignados 1 (2017) y 2 (2018), que exigían la rápida tramitación de sus expedientes de integración, o el movimiento “On a trop supporté” [Hemos soportado demasiado] (2022). Este último movilizó, no solo al profesorado que reclamaba el tercio de su salario, es decir, a quienes esperaban que les liquidaran su sueldo, sino también al personal con más de 20 años de carrera que no había recibido el pago atrasado de su ascenso de escalón. La huelga duró más de un mes, y las negociaciones culminaron con la liquidación progresiva de la deuda.

Unas condiciones de trabajo sumamente afectadas

El entorno laboral del docente, que también se ha visto directamente afectado por los Planes de Ajuste Estructural, es igualmente motivo de malestar en el seno de la profesión. Enseñar en una zona rural remota conlleva necesariamente sacrificios para el bienestar de las compañeras y los compañeros y de sus familias: faltan infraestructuras sociales básicas, la vivienda es a menudo precaria y el acceso a las tecnologías sigue siendo un reto. En el ámbito educativo, la escasez de personal docente obliga a quienes se encuentran allí a impartir materias que no aprendieron en las Escuelas Normales, ni en las universidades. Esta situación genera, inevitablemente, una sobrecarga de trabajo.

Hay que destacar que una parte de estos compañeros y compañeras pasan más de diez años lejos de su familia, sin que se les traslade o sin poder llegar a reagruparse con ella, tal y como prescribe el Estatuto de la Función Pública.

En las zonas urbanas la situación es algo más satisfactoria debido a la existencia de infraestructuras, oportunidades de obtener ingresos adicionales y posibilidades de disfrutar de una plenitud familiar. Aunque, gracias al hecho de que, en general, no hay escasez de personal docente, el número de horas lectivas disminuye, el profesorado generalmente tiene a su cargo a más de 80 estudiantes por clase, lo cual aumenta su carga de trabajo en lo que respecta a la disciplina y la corrección de las evaluaciones.

En cuanto a la carrera profesional, la situación deja mucho que desear. En los nombramientos nunca se respeta el perfil de la función, previsto en el estatuto específico de los cuerpos de educación, y el perfil de carrera es inexistente. Los nombramientos, así como los destinos, se establecen sobre una base subjetiva que no tiene nada que ver con las necesidades del servicio. Las frustraciones provocadas por esta mala gobernanza son abrumadoras.

Hacia una “salida de la crisis” de la profesión

La solución a todos estos males pasa por la organización del Foro Nacional de la Educación. En este contexto, los sindicatos han llevado a cabo una recopilación de datos y han elaborado sus propuestas para que la escuela ocupe un lugar central en las actividades sociales. El aumento de la financiación de la educación, el establecimiento de un perfil de carrera y de la función, así como de primas consecuentes, y la redefinición del lugar que ocupa el personal docente en la definición de las políticas de la educación son los grandes ejes del renacimiento educativo que buscamos.