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Para el profesorado que trabaja más allá de las fronteras nacionales, las restricciones en materia de derechos de autor y licencias pueden crear barreras que les impidan realizar su trabajo. Esta situación afecta a la calidad de la enseñanza e impide el crecimiento de estrategias de aprendizaje global que, de otro modo, tendrían el potencial de reducir la brecha Norte/Sur en el acceso a la educación.

Tomemos el caso de una profesora a la que llamaremos Tamar Teacherly, que elabora módulos de cursos semanales desde su oficina en un país del Norte Global para estudiantes del Norte Global y del Sur. Sus clases de ciencias políticas están llenas de clips de noticias, audio y vídeo de conferencias de prensa y extractos de artículos, todo ello para ilustrar sus argumentos sobre las interrelaciones entre diplomacia y periodismo. Sin embargo, la plataforma en línea del curso tiene un sistema de detección automática de material protegido por derechos de autor y lo bloquea para que no se muestre al alumnado.

Isha Instructor trabaja desde un campus local situado en el Norte Global para una universidad que está en otro país del mismo Norte Global. Su alumnado se ubica en varios países. Las publicaciones de sociología que Isha quiere compartir con su alumnado están alojadas solamente en la plataforma del campus principal y el alumnado de los demás países no puede acceder a ellas porque la biblioteca de la universidad no incluyó esas condiciones en su acuerdo de licencia.

Taika Tester y Gary Grader trabajan en dos países diferentes, uno en el Norte Global y otro en el Sur Global. Han desarrollado un plan de estudios innovador y colaborativo para cursar estudios internacionales interculturales, centrado en la resolución de conflictos. Sin embargo, cuando intentan ponerlo en práctica, se enfrentan a una maraña de diferentes leyes de derechos de autor, recursos bibliotecarios y plataformas. Por lo que recurren a los medios sociales y las cuentas personales ad hoc, que no protegen la privacidad de los datos. Como resultado, su plan de estudios no puede compartirse ni duplicarse con otros miembros del profesorado.

Cada uno de los problemas de estas profesoras y profesores se remiten a las leyes de derechos de autor, ya sea porque una plataforma vigila en exceso la infracción de los derechos de autor, porque entran en conflicto las leyes de derechos de autor de diferentes jurisdicciones o porque los proveedores ofrecen licencias muy restrictivas para hacer cumplir la protección de los derechos de autor y/o precios por las nubes para los materiales electrónicos. Dicho sea de paso, detrás de cada una de estas historias hay una o dos personas reales, cuya identidad se protege.

El último estudio de la IE, realizado a través de la Facultad de Comunicación de la American University, demuestra que estos casos individuales son algo más que anécdotas. Son la prueba de que existe un problema más amplio.

El estudio se basa en una encuesta realizada entre el profesorado de enseñanza superior, que trabaja a distancia en el plano transfronterizo, ya sea trabajando con un/a profesor/a adjunto/a en otro país, teniendo un alumnado en otros países o trabajando en una filial internacional de su institución. La encuesta se realizó en todo el mundo, en varios idiomas, entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2023. Respondieron a la encuesta 214 docentes. Las personas encuestadas procedían de las cinco regiones del mundo, al igual que su alumnado. Las regiones más comunes fueron Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico.

Aproximadamente la mitad de las personas encuestadas comentaron que tenían problemas con los derechos de autor o que no estaban seguras de tenerlos. Sus problemas más comunes eran el acceso a material didáctico adecuado, ya fuera destinado al alumnado o al profesorado. Algunos problemas de acceso tenían que ver con los contratos de las bibliotecas con los proveedores, otros con plataformas comerciales como Netflix y otras que cuentan con filtros que evitan con exceso de celo la infracción de los derechos de autor. Otros problemas incluían no poder mostrar el trabajo del alumnado fuera del aula debido a las limitaciones de los derechos de autor y encontrarse con que las situaciones de conflicto entre las leyes de derechos de autor de distintas jurisdicciones obligaban al alumnado a recibir tareas diferentes.

Por supuesto, el profesorado hace gala de ingenio a la hora de resolver problemas, y casi dos tercios de las personas encuestadas afirmaron que intentaron encontrar una forma de adaptar su enseñanza a los problemas que se les planteaban. De hecho, a menudo estas/os profesoras/es fueron capaces de encontrar solución a sus problemas. Algunas soluciones implicaban rebajar las expectativas. Por ejemplo, encontraron materiales didácticos de segunda o tercera categoría. Abandonaron ejercicios que implicaban la participación de todo el grupo, porque algunos alumnos/as no podían participar. Algunas soluciones les costaron dinero de su propio bolsillo; por ejemplo, adquiriendo ellos mismos el trabajo o comprando la licencia. Encontrar alternativas siempre les costó un tiempo personal precioso. Y algunas soluciones implicaban hacer la vista gorda a lo que les habían dicho que hicieran o a lo que pensaban que la ley podía exigir.

Todas sus soluciones hacían que tanto ellos o ellas como su alumnado pagaran un precio por el enmarañado panorama internacional de los derechos de autor. Sus cursos no eran lo que ellos o ellas querían que fueran. Su trabajo no pudo reproducirse adecuadamente para el profesorado futuro debido a la resolución puntual de cada problema.

Estos problemas perpetúan las barreras a una mayor equidad en el acceso a la educación en todo el mundo. Cuando el material didáctico está hipotéticamente disponible pero es demasiado costoso, cuando nunca se ha obtenido una licencia para su uso en una jurisdicción nacional, cuando la ingeniosa electrónica utilizada para enseñar a nivel internacional está amañada con unos ajustes automáticos de infracción de los derechos de autor punitivamente altos, cuando las condiciones de los derechos de autor de un país concreto no permiten que ni el/la codocente ni el alumnado compartan el material de forma adecuada, entonces quien paga el precio es el alumnado de hoy y del futuro. Como resultado, la otrora brillante promesa de un mercado próspero para la educación global sigue siendo poco realista e inalcanzable.

El personal de la educación y los responsables políticos deben trabajar juntos para crear entornos políticos más favorables a la educación. Por el momento, el personal de la educación y su alumnado son rehenes de los caprichos y los dictados de los precios y las condiciones de servicio de las empresas privadas, de las condiciones variables de los regímenes de derechos de autor y de la voluntad de los administradores educativos de infrafinanciar los proyectos a escala global bajo el supuesto de que el personal de la educación siempre se las arreglará para encontrar una salida.