Ei-iE

Del 24 al 26 de octubre, las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación (IE) reunidas en Ciudad de México con motivo de la 12ª Conferencia de la IE sobre Educación Superior, Educación Postsecundaria e Investigación, adoptaron la siguiente declaración conjunta:

¡Por la pública! Liderar la educación postsecundaria, la educación superior y la investigación para el bien común

El panorama de la educación postsecundaria, la educación superior y la investigación es complejo, moldeado por especificidades nacionales y diversidad de modelos de financiación. Cada sistema presenta sus propios retos y disparidades; sin embargo, la falta de financiación, la creciente privatización, la precariedad y el aumento de las desigualdades son preocupaciones globales. Para hacer frente a estos retos, y poder garantizar el acceso universal a una formación técnica, profesional y superior de calidad, como marca el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.3, se requiere unidad de acción en torno a unos principios fundamentales que garanticen que la educación postsecundaria y la educación superior, junto con la investigación, sirvan a su verdadero propósito: el bien común.

Principios que defendemos:

• Un derecho humano, responsabilidad del Estado :

La educación postsecundaria, la educación superior y la investigación es un derecho humano, esencial para el progreso de la sociedad. Sirve al bien colectivo, preservando y ampliando el conocimiento y la cultura. Por todo ello, el Estado debe garantizar una financiación pública sólida, que permita a este sector de cumplir con su misión social.

Sin embargo, es alarmante constatar que muchos países no asignan una financiación pública adecuada a la educación postsecundaria, la educación superior y la investigación. Además, la asignación de fondos se rige cada vez más por un enfoque centrado en atender necesidades específicas del mercado laboral. Algunos países están reduciendo el financiamiento educativo de ciertas disciplinas, particularmente de la rama de Letras y Humanidades, en detrimento de una educación holística. Para poder garantizar el principio fundamental de que el conocimiento debe ser libre y universalmente accesible, los gobiernos deben asumir su responsabilidad en la financiación de la educación postsecundaria, la educación superior y la investigación. Asimismo, deben financiar las diferentes disciplinas académicas, reconociendo así los beneficios que todas ellas aportan socialmente, más allá de la preparación al mercado laboral.

• Financiación pública para combatir las desigualdades:

La introducción y expansión de tasas académicas supone un obstáculo significativo para el acceso universal a la educación postsecundaria y superior. Estas tasas refuerzan las barreras financieras, generando a menudo una deuda estudiantil abrumadora, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, las minorías, las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, las personas migrantes, refugiadas o desplazadas, así como el alumnado internacional y los grupos económicamente desfavorecidos. En algunos países, las ayudas económicas al estudiantado son cada vez más selectivas y de más difícil acceso. Además, la falta de financiación pública hace que el personal docente y de investigación se vea obligado a sufragar los gastos de publicación de sus trabajos, el acceso a material de investigación y formación, así como la participación en congresos y conferencias académicas.

La creciente tendencia a la privatización y la comercialización, en particular a través del auge de las industrias de las tecnologías de la educación y las alianzas público-privadas, amenaza la naturaleza pública de la educación y la investigación, exacerbando las desigualdades. Los gobiernos deben trabajar activamente para contrarrestar las tendencias privatizadoras en el sector, garantizando que los fondos públicos sirvan al bien común, y no al lucro de empresas privadas. El sector de la educación postsecundaria, la educación superior y la investigación solo puede garantizarse como derecho mediante una financiación pública, asignada con un enfoque de equidad.

• Términos y condiciones de empleo de calidad:

La calidad de la educación postsecundaria, la educación superior y la investigación depende de unas condiciones de empleo y de trabajo dignas para todo el personal del sector. Estas deben determinarse a través de la negociación colectiva. Muchos países se enfrentan a una escasez de personal que da lugar a una ratio alumnado/profesorado elevada, mientras que los modelos de financiación imperantes en el sector están fomentando la precarización del empleo y la externalización de determinadas funciones. El desarrollo de las tecnologías digitales y de la Inteligencia Artificial amenaza un gran número de funciones dentro del sector y puede dar lugar a la supresión de puestos de trabajo.

La presencia cada vez mayor de una financiación no estatal basada en el rendimiento amenaza la calidad de la educación y la investigación, y socava la libertad académica, así como los derechos laborales y el estatus de docentes y personal de investigación. También contribuye a disparar la carga de trabajo, provocando agotamiento, y bajos salarios. Todos estos factores están empujando a muchas personas a abandonar la profesión, agravando aún más los retos a los que se enfrenta el sector, y afectando de manera desproporcionada a las mujeres y a los grupos desfavorecidos.

Para lograr una educación postsecundaria, una educación superior y una investigación de calidad, los gobiernos deben garantizar la seguridad del empleo, incluida la titularidad o su equivalente, un trabajo digno, la libertad académica, oportunidades de desarrollo profesional y formación de calidad, una gobernanza colegiada y democrática y la autonomía institucional. Las instituciones de educación postsecundaria, educación superior e investigación deben estar libres de discriminación. La igualdad salarial, así como las medidas específicas para apoyar y retener al personal de los grupos que buscan la igualdad, son cruciales para garantizar una fuerza de trabajo diversa.

Conclusión:

Estos principios se basan en una convicción profunda: una educación pública postsecundaria y superior, así como una investigación, que sean de calidad y accesibles universalmente, requieren una financiación pública sostenible. La financiación del sector debe ser predecible, recurrente e incondicional. Las reformas fiscales progresivas, el fin de las políticas de austeridad y las iniciativas de reducción de la deuda son elementos clave. Es esencial fomentar la cooperación internacional, descolonizar la educación superior y los sistemas de investigación, y garantizar el libre acceso a los recursos y al conocimiento.

Instamos a los gobiernos a reconocer la magnitud de estos retos y a responder con decisión. Es crucial que se comprometan a colaborar con los sindicatos del sector a través del diálogo social y la negociación colectiva. Sólo mediante esta colaboración podremos garantizar un futuro inclusivo, sostenible, democrático y pacífico para la Humanidad.