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En un momento en el que los efectos del cambio climático se multiplican, reclamar el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la aceleración de una transición justa y rápida a una economía baja en carbono es una tarea política urgente. Un paso vital para el personal docente y sus sindicatos es consolidar una campaña de desinversión en los combustibles fósiles que, además de desvincular los fondos públicos y privados de las grandes corporaciones del sector fósil, acabe con la influencia de la industria en el ámbito educativo.

A pesar de las sucesivas declaraciones gubernamentales de emergencia climática, la industria de los combustibles fósiles sigue recibiendo una cantidad inaudita de financiación pública. En 2022, este sector percibió 1 billón de dólares en subvenciones en todo el mundo, una cifra que no deja de aumentar. Ese mismo año, los beneficios de las cinco grandes petroleras occidentales —Exxon, Chevron, TotalEnergies, Shell y British Petroleum— se dispararon hasta los 200.000 millones de dólares. Es decir, mientras la gente corriente sufría el azote de fenómenos meteorológicos extremos por todo el planeta, la industria subvencionada de los combustibles fósiles amasaba una fortuna en medio de una crisis de la que es responsable.

El crecimiento ininterrumpido del sector petrolero y gasístico se debe, en parte, a una licencia social que normaliza su destructivo modelo de negocio como algo legítimo e inevitable. Esa "licencia social para operar" es clave para preservar el poder hegemónico de la industria fósil, uno de los pilares fundamentales de su bloqueo sistémico de la acción climática progresista. La educación es una herramienta básica de la que se vale la industria para perpetuar este régimen de obstrucción, que incluye el dominio corporativo de la industria energética, la interferencia política y la manipulación pedagógica. En un ejercicio de lo que se ha denominado "petropedagogía", la industria influye en el mundo educativo a través de una serie de técnicas y recursos de enseñanza aparentemente inocuos que reproducen las narrativas del sector de los combustibles fósiles. Por ejemplo, en los sistemas educativos de los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia o Canadá, por citar algunos, los grupos de presión y los actores del sector fósil han sabido distribuir su propaganda en las escuelas. En la educación superior, emplean estrategias en apariencia inofensivas, como las donaciones y la financiación de investigaciones, para promover recomendaciones sobre políticas energéticas favorables a sus intereses, como las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, cuya eficacia no está demostrada. La interferencia de la industria de los combustibles fósiles en la educación es innegable. Por lo tanto, la agenda de los sindicatos educativos ha de incluir el impulso de una campaña de desinversión para liberarse de su red de influencias.

La campaña de desinversión persigue un doble objetivo: retirarle a la industria de los combustibles fósiles su licencia social para operar y poner de manifiesto que los fondos públicos y las instituciones financieras privadas deben redirigir esa financiación tan necesaria a las fuentes de energía renovables y limpias. Dado que los activos de los fondos de pensiones mundiales superaron los 21 billones de dólares en 2021, una campaña de desinversión a escala internacional tendría una repercusión notable en la industria.

En este ámbito, también es importante aplacar la preocupación sobre las posibles pérdidas que la desinversión en combustibles fósiles supondría para los fondos de pensiones de la clase trabajadora. Un reciente estudio en el que han participado prominentes economistas ha desmentido el manido argumento de que la desinversión en la industria fósil sería desastrosa para los fondos de pensiones. En la mayoría de las naciones, el grueso de los activos petroleros y gasísticos son propiedad de las personas más ricas o, en el caso de países como los Estados Unidos, del 1 % de la población. Ese hecho apunta a que quien soportará la peor parte de las pérdidas derivadas del abandono de los combustibles fósiles será la clase pudiente. Incluso en un escenario extremo en el que las inversiones se adecuen a la meta del Acuerdo de París de mantener el aumento de temperatura por debajo de los 2 C para 2100, los inversores acaudalados solo perderían el 2 % de su riqueza acumulada. Por lo tanto, los fondos de pensiones no se "detendrán en seco", como tantas veces han esgrimido las voces que defienden a las corporaciones de combustibles fósiles.

A pesar de la creciente influencia de la industria del gas y el petróleo en el sector educativo, este siempre ha sido un terreno fértil para la resistencia frente a la hegemonía de los combustibles fósiles. El alumnado y el profesorado han estado a la vanguardia del movimiento por la desinversión en los combustibles fósiles desde que cobró popularidad en los campus de educación superior en Norteamérica en 2011. De ahí que los sindicatos de la educación puedan asumir el cometido de iniciar sus propias campañas de desinversión, no solo con el fin de cortar los lazos financieros con las entidades de combustibles fósiles, sino también como una manera de confrontar los valores neoliberales en la educación respaldados por el sector industrial, un campo de batalla tradicional del sindicalismo educativo. Este estudio recoge estrategias de desinversión en los combustibles fósiles que, sin tener un carácter exhaustivo ni obligatorio, están pensadas por, y para, los sindicatos. Este trabajo, que presenta un supuesto lógico de desinversión, también pretende aportar a los sindicatos de la educación una estrategia política de acción climática a largo plazo que combine su labor clásica de lucha contra la privatización de la educación con un compromiso renovado con la acción climática, basado en la justicia climática y en una transición justa.