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En noviembre de 2023, el gobierno municipal de North Tyneside, Inglaterra, anunció que dejaría de encargarse del servicio de comedor de las escuelas locales. En agosto de ese año, en Austin, Texas, se aprobó una ley que permite a los capellanes religiosos trabajar como consejeros escolares sin contar con formación específica. En marzo, en la región sudafricana de Gauteng, el personal del Programa Nacional de Nutrición Escolar protestó por la decisión de transformar su trabajo en una actividad voluntaria sin remuneración real.

Lo que todas estas medidas tienen en común es que el recorte de la financiación de los servicios educativos o su transferencia al sector privado constriñen el alcance de la educación pública. Durante los últimos meses, hemos hecho un estudio para la Internacional de la Educación en el que abordamos las repercusiones de estas estrategias de privatización en las condiciones de trabajo del personal de apoyo educativo. Además de revisar los datos científicos disponibles, nuestra investigación ha incluido conversaciones con representantes sindicales y profesionales como chóferes de autobús, conserjes, personal administrativo y personal de apoyo docente de todo el mundo.

Hemos encontrado sólidas pruebas de que la privatización y la falta de financiación van en detrimento de las condiciones de trabajo del personal de apoyo educativo, de su consideración social y de su capacidad para contribuir a la calidad e inclusividad de las comunidades educativas.

La literatura académica ya ha documentado la repercusión negativa de las privatizaciones en las condiciones laborales en diversos sectores. Las personas que han participado en nuestro proyecto han confirmado que sucede lo mismo en el caso del personal de apoyo educativo. Cada vez son más habituales las alteraciones de horarios, el aumento de la carga de trabajo, las congelaciones o reducciones salariales, las pérdidas de beneficios y los contratos precarios.

Las consecuencias de esta situación resultan todavía más lacerantes si se tiene en cuenta que estos ya eran puestos precarios, para los que se recurría a menudo a personal con una cualificación informal y a personas de comunidades históricamente marginadas. No es necesario ser conductora de autobús ni bibliotecario escolar para imaginarse lo que es no saber dónde vas a trabajar el próximo mes o si seguirás teniendo trabajo después de las vacaciones.

Aunque estos efectos ya son lo suficientemente preocupantes, también hemos detectado que socavan la consideración profesional y social del personal de apoyo educativo.

Nuestro informe pone de manifiesto el creciente aislamiento del personal, que se ve abocado a nuevas formas de competencia entre colegas. En lugar de tener contrato con los centros escolares o las autoridades educativas, cada vez es más frecuente trabajar para departamentos o empresas privadas que pueden trasladar al personal a otras escuelas o distritos a voluntad. Esa situación merma el valor esencialmente pedagógico de su labor.

"Siento como si me hubieran cortado las alas", nos dijo una de las participantes en el estudio, una asistente pedagógica que nos explicó las situaciones a las que tiene que enfrentarse debido a la falta de autonomía y apoyo a pesar de dedicar su tiempo libre a formarse y a preparar materiales para el alumnado con necesidades especiales. Otras personas nos hablaron de la tendencia a obviar el valor pedagógico de su labor y de que se les niega el acceso al desarrollo profesional cuando escasean los fondos. La privatización facilita esa infravaloración que, además, genera un círculo vicioso ya que aumenta la vulnerabilidad del personal a los recortes y la subcontratación.

Como resultado de esta situación, se están perdiendo progresivamente los incentivos para trabajar en la educación pública. Representantes sindicales de varios países nos han asegurado que sus afiliados y afiliadas están pensando si permanecer en un sector que devalúa sistemáticamente sus habilidades o abandonarlo. Esas consideraciones se ven agudizadas por lo que muchas voces describen como una "penalización vocacional" de género, que denigra las competencias y la labor del personal de apoyo a un trabajo "voluntario" o "de cuidados". En un momento en el que las autoridades de todo el mundo tienen dificultades para cubrir las plantillas escolares, esta evolución amenaza el logro de una educación de calidad para todos y todas.

Como ya han confirmado decenas de estudios, el personal de apoyo educativo actúa como un vínculo fundamental entre las escuelas y las comunidades. Su interacción pedagógica con el alumnado complementa las clases del profesorado. Y, además, garantiza la inclusión educativa de los grupos históricamente marginados.

La medida en la que podrán seguir desarrollando esas funciones dependerá de cómo se definan, financien y valoren la escolarización pública y los distintos tipos de trabajos educativos asociados a ella. Durante las charlas con el personal y con sus representantes sindicales, nos impresionaron las estrategias que han puesto en marcha para resistirse a la privatización y demostrar lo importante que es tener una concepción amplia de la educación pública. Nuestro informe recoge esas actividades con la esperanza de que sirvan de inspiración para las organizaciones afiliadas a la IE.

Como señaló uno de los asistentes docentes que nos dio su opinión para este informe: "La mejora de las condiciones para el alumnado pasa por mejorar nuestras condiciones". Nuestro informe demuestra, a su vez, que asegurar unas mejores condiciones para el personal de apoyo educativo supone mejorar la situación para toda la comunidad educativa que sustentan. El adecuado reconocimiento y la correcta financiación del personal de apoyo son la única forma de hacer realidad el compromiso colectivo de brindar una educación inclusiva y de calidad a todo el alumnado.