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En la antesala del 10.o Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, invitamos a las personas que integran el Consejo Ejecutivo a compartir sus reflexiones sobre el tema del encuentro: "Potenciar nuestros sindicatos, elevar nuestras profesiones, defender la democracia".

Cuando estudiaba para ser docente, hace ya varias décadas, el mundo de la educación vivía un momento apasionante. En la provincia canadiense en la que vivía, los estudios universitarios de magisterio, que hasta entonces eran de solo tres años, se había convertido en una licenciatura en Educación de cuatro años. Mi sindicato había pactado con el Gobierno provincial una nueva estructura de negociación colectiva que empezaba a dar frutos. El sueldo del profesorado de las escuelas de primaria, compuesto mayoritariamente por mujeres, ya no podría ser inferior al del personal de secundaria, donde había más hombres. Todo el cuerpo docente recibiría un salario acorde a su cualificación y sus años de experiencia: una enorme victoria para las mujeres y para el gremio. Los problemas y las inquietudes se resolvían mediante una sólida relación de trabajo entre el sindicato y el Gobierno. La docencia era una profesión muy deseada y se valoraba el bien común. Por supuesto, las personas que lideraban el sindicato invirtieron el tiempo, esfuerzo y determinación necesarios para llegar a acuerdos sobre temas conflictivos. Para mí fue muy emocionante vivir aquella época de cambios que supuso una auténtica mejora para la profesión docente.

Uno de los temas clave del 10.o Congreso Mundial de la Internacional de la Educación de este verano es Elevar nuestras profesiones. Mi yo de juventud, aquella estudiante que veía los progresos que se estaban logrando, se habría preguntado por qué necesitamos volver a plantear este tema. Por desgracia, durante los 20 últimos años, el profesorado y los sistemas educativos públicos se han topado con "reformas" de otra clase. Por ejemplo, con la aparición del enfoque de la nueva gestión pública, al profesorado se le dijo que sus estudiantes habían pasado a ser "clientes". El personal docente debía ser más eficiente, como si las aulas fueran empresas, a pesar de que las niñas y los niños que pasaban hambre, los refugiados, los que estaban aprendiendo el idioma, los que estaban en riesgo... todas esas niñas y niños necesitaban algo más que la mera eficiencia. Cuando los Gobiernos permitieron la privatización de los servicios públicos, la financiación de la educación pública empezó a caer.

El movimiento por la rendición de cuentas trasladó a la comunidad educativa y a la sociedad el mensaje de que las pruebas estandarizadas a gran escala podían evaluar mejor el avance del alumnado que el profesorado que trabajaba a diario en las aulas. El personal docente se vio sepultado por un aluvión de papeleo adicional. Las compañías tecnológicas plantearon que su tecnología podía enseñar mejor a los niños y las niñas que sus docentes. Aunque la pandemia puso de manifiesto las limitaciones que implica confiar la educación por completo a la tecnología, también supuso un ingente incremento de la carga de trabajo del profesorado.

Hoy, el ciclón de la privatización es el resultado del esfuerzo global concertado de las ideologías de derechas, las empresas ávidas de beneficios y muchos Gobiernos, que se unen a corporaciones internacionales de la educación y a algunas instituciones mundiales para explotar a estudiantes y docentes en aras del rendimiento económico. Y eso implica una estrategia deliberada. Los Gobiernos devalúan al profesorado y desprofesionalizan la docencia contratando a personas sin cualificación, precarizando las condiciones de trabajo del personal educativo, abandonando el diálogo social, subvirtiendo la negociación colectiva, atacando a los sindicatos de docentes y a sus líderes y retirando la financiación a los sistemas educativos públicos al tiempo que se los entregan directamente a compañías privadas. El bien común parece haber desaparecido de la lista de prioridades gubernamentales, a pesar de la adhesión en 2015 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluido el ODS 4 sobre educación. La única preocupación de las empresas es la "rentabilidad para el accionariado".

No hay duda de que, como docentes y sindicatos de la educación, debemos actuar. Dado que trabajamos en comunidades locales de todo el mundo, contamos con la capacidad de acción para forzar el cambio. También disponemos de una nueva herramienta muy poderosa para reformular la narrativa mundial sobre la educación pública. En febrero, el Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Profesión Docente publicó su informe. Su primera recomendación destaca la necesidad vital de que los Gobiernos se aseguren de "que la profesión docente goce de gran reconocimiento y sea apoyada". El informe le recuerda al mundo que la educación es un empeño humano y que las relaciones son la base de la enseñanza y el aprendizaje. En conjunto, las 59 recomendaciones trazan un marco para la acción, una hoja de ruta, para revitalizar la profesión docente y la educación pública y devolverles su valor. Los sindicatos educativos son potentes agentes de cambio para impulsar el avance de la educación pública. El Congreso Mundial nos dará la oportunidad de profundizar en esas recomendaciones y marcar nuestro rumbo para resolver la escasez de profesorado y mejorar el prestigio de la profesión docente una vez más.

El bienestar y la educación de la infancia son fundamentales para la sociedad del futuro. Mejorar el estatus de la profesión docente es mejorar la calidad de la experiencia del alumnado en la educación pública. Los Gobiernos, las instituciones internacionales, las empresas y la sociedad deben prestar atención a estos hechos incontestables para que las nuevas generaciones de profesores y profesoras puedan sentir el entusiasmo de una profesión docente dinámica, que avanza y marca la diferencia para las niñas y los niños, para sus comunidades y para nuestra casa común.