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La Internacional de la Educación respalda la siguiente declaración publicada antes de la celebración en Italia de la reunión de 2024 de los cargos ministeriales de Educación del G7, por iniciativa de la Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC-CGIL), preocupada por que se haya excluido a los sindicatos de la educación de esta importante convocatoria:

La Internacional de la Educación, la voz del personal docente y educativo de todo el mundo, junto con las organizaciones miembros de los países del G7, respalda la siguiente declaración publicada antes de la celebración en Italia de la reunión de 2024 de los cargos ministeriales de Educación del G7, por iniciativa de la Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC-CGIL), preocupada por que se haya excluido a los sindicatos de la educación de esta importante convocatoria:

Los sindicatos desempeñan un papel fundamental a la hora de abordar las desigualdades y garantizar unas condiciones de vida equitativas para todas las personas. Creemos en la importancia fundamental de mantener un diálogo social significativo y efectivo en el sector de la educación para promover la cohesión social, la solidaridad y la confianza en las políticas públicas. Por este motivo, es esencial que las organizaciones de trabajadores y trabajadoras tengan voz en las decisiones adoptadas por los países del G7 relativas a la educación, especialmente durante esta época tan crítica. Lamentamos que no se les haya dado la oportunidad a los sindicatos de la educación en Italia de contribuir a este importante evento, pese a su solicitud de participar.

Por lo tanto, dirigimos las siguientes reivindicaciones a los ministros y ministras de Educación que se reúnen en Trieste (Italia) los días 27, 28 y 29 de junio de 2024:

• Llamamos a los Gobiernos del G7 a que incluyan significativamente a la sociedad civil y, en particular, a las organizaciones del trabajo en los debates sobre educación, tal como recomienda el Grupo de Alto Nivel sobre la Profesión Docente de las Naciones Unidas.
• Instamos al G7 a que ponga fin a las medidas de austeridad, implemente políticas macroeconómicas y reforme la gobernanza económica mundial con el fin de fortalecer la inversión estatal en educación pública.
• Exigimos al G7 que promueva la paz, garantice el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y frene el aumento del gasto militar que tan a menudo tiene lugar a expensas del gasto social.

La educación, como derecho humano fundamental y bien público, empodera a las personas y las comunidades y fomenta un desarrollo integral y una ciudadanía activa. El profesorado y el personal de apoyo educativo son vitales para asegurar una educación equitativa e inclusiva para todas las personas. Por eso, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras ponen de relieve la necesidad de colaborar con los Gobiernos del G7 en la adopción de decisiones críticas para el sector educativo durante estos tiempos tan determinantes.

Actualmente, 400 millones de niños y niñas de todo el mundo viven en zonas de conflicto o huyen de ellas. Desde 2005, se han registrado más de 315 000 violaciones graves de los derechos de los niños y niñas en zonas de conflicto, y al menos 120 000 niños y niñas han sido víctima de asesinatos o mutilaciones. Mientras las fuerzas militares derriban edificios escolares y universidades en las zonas de conflictos armados, el gasto militar mundial ha aumentado en 2022 por octavo año consecutivo hasta alcanzar aproximadamente los 240 000 millones de dólares estadounidenses, el mayor nivel que jamás haya registrado el Instituto Internacional de Estocolmo de Investigaciones para la Paz. Los Gobiernos de todo el mundo destinan un promedio del 6,2 % de sus presupuestos —o 282 dólares por persona— a gastos militares.

Entre tanto, las políticas de austeridad llevan muchos años afectando negativamente al gasto público, especialmente en sectores vitales como los de la educación y la salud. Estas políticas han demostrado que un enfoque puramente financiero perjudica a la protección de los derechos humanos. Por consiguiente, nos hacemos eco de las reivindicaciones formuladas en el marco de la campaña ¡Por la pública! Creamos escuela, cuyo objeto es aumentar la inversión estatal en investigación y educación pública a fin de combatir la desigualdad y promover el derecho a la educación para todas las personas, independientemente de su nivel de ingresos o contexto socioeconómico. Defendemos una educación pública de calidad que sea gratuita y nos oponemos a la privatización y la comercialización de la enseñanza. El Estado debe garantizar la educación y que todas las personas disfruten de un acceso equitativo a la enseñanza. La inclusión es un requisito previo para lograr una educación de calidad que fomente una ciudadanía mundial, dotada de las aptitudes cognitivas y socioemocionales necesarias para entender el mundo y vivir en paz respetando a los demás.

Los ministros y ministras de Educación del G7 deben reunirse con el personal docente y sus organizaciones sin demora. Debemos garantizar la realización del derecho a la educación de todos y cada uno de los niños y niñas, así como la valoración de la función esencial que desempeña cada docente en la sociedad.

Atentamente,

CAUT, CTF, CSQ, IE, EIS, FEP-CFDT, FERC-CGT, FLC-CGIL, FNEEQ-CSN, FPPU, FQPPU, GEW, JTU, NASUWT, NEA, NEU, UCU, UNSA EDUCATION, SNCS-FSU, SNES-FSU, SNESUP-FSU, SNUiip-FSU y SSTA

Para acceder a la declaración completa, haga clic aquí.