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En un contexto mundial de escasez de docentes, donde la privatización y la comercialización de la educación erosionan el valor de lo público, la campaña de la Internacional de la Educación: ¡Por la Pública! Creamos Escuela, se consolida como un movimiento esencial, abanderado por la profesión docente para proteger y fortalecer la educación pública, en América Latina y el mundo.

La campaña busca no solo visibilizar las amenazas a las que se enfrenta la educación pública, sino dar un paso más para articular una respuesta colectiva que reivindique el derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad para todas y todos. Al centrar el debate en la igualdad de oportunidades y la justicia social , ¡Por la Pública! Creamos Escuela, defiende que la educación no puede ser reducida a una mercancía sujeta a la lógica del mercado, sino que debe ser garantizada por el Estado como un derecho social.

¿Qué estamos defendiendo?

En el marco de la campaña, se celebraron unas jornadas en Montevideo, Uruguay, el 19 y 20 de septiembre, donde se pusieron de relieve los desafíos, al tiempo que se proporcionó un espacio para reflexionar, debatir y planificar acciones concretas para una mayor inversión estatal en educación pública, y una revalorización de la profesión docente.

El evento sirvió, a su vez, como una plataforma para reafirmar el Compromiso 6+1, una de las propuestas clave de la campaña en Uruguay. Este compromiso busca garantizar un piso presupuestal del 6% del Producto Interior Bruto (PIB) para la educación pública, sumado a un 1% adicional para Investigación e Innovación. Para las afiliadas de la Internacional de la Educación (IE) en Uruguay, se trata de un reclamo urgente para asegurar que el sistema educativo público pueda responder a las necesidades reales del país.

"La campaña mundial ¡Por la Pública! es fundamental para alcanzar cuatro prioridades: defender y promover el estatus de nuestra profesión, garantizar una educación pública de calidad para todos y todas, proteger la democracia y los derechos humanos y sindicales, y educar por el Planeta. Podemos lograrlo, fortaleciendo nuestros sindicatos con más organización, más unidad de acción, más membresía, y más liderazgo femenino," afirmó, en el acto de apertura, Angelo Gavrielatos, director de campaña de la IE.

Durante una serie de sesiones de evaluación política, se discutió la dimensión pedagógica y política de la campaña, y se puso de manifiesto que la educación pública no solo debe ser un servicio ‘accesible’, sino un marco de referencia de políticas públicas que pugnen activamente por la eliminación de las brechas sociales.

En ese sentido, el llamado a la resistencia frente a la creciente privatización y mercantilización de la educación se escuchó alto y claro. Gabriela Bonilla, del Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE), desveló cómo actores privados y redes empresariales acceden a fondos públicos aprovechando la falta de regulación para lucrar, poniendo así en riesgo el derecho social a la educación. “Debemos centrarnos en la disputa por el modelo de financiamiento de la educación pública y del dinero público para la educación pública. Como ya sabemos, hay una práctica de usar fondos públicos para comprar sistemáticamente servicios del sector privado, una práctica que se ha normalizado,” afirmó.

Una agenda propositiva: por un mayor financiamiento público educativo

El evento contó con una mesa redonda organizada el 19 de septiembre por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Asistieron representantes de 16 organizaciones sindicales, así como representantes de partidos políticos, autoridades educativas y organizaciones sociales.

Durante el acto se presentaron dos documentos clave: el primero, con marco global, sobre las recientes recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre la Profesión Docente de las Naciones Unidas. El segundo, elaborado por la CSEU, recogiendo nueve propuestas programáticas concretas para el próximo ciclo político en el Uruguay. Ambos documentos tienen en común el llamado urgente a fortalecer el financiamiento público educativo, proteger los derechos laborales del personal docente y garantizar una educación pública inclusiva de calidad social, y con un enfoque de equidad.

José Olivera, vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES), subrayó la importancia de un diálogo amplio e inclusivo entre todos los sectores de la sociedad para construir una política educativa pública que mire al largo plazo. “Uruguay no puede seguir dándose el lujo de diseñar políticas educativas sin la participación activa de docentes, estudiantes y familias”, destacó.

Sonia Alesso, presidenta del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, presentó las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel y reiteró la necesidad de aumentar la inversión estatal en educación pública a nivel global, señalando que “el mundo enfrenta un déficit de 44 millones de docentes”, una cifra alarmante que requiere de medidas estructurales urgentes. "En muchos países, la precarización laboral docente y los recortes en educación están afectando gravemente al acceso y la calidad de los sistemas públicos educativos. No solo falta inversión pública, sino también el reconocimiento de la importancia de garantizar condiciones laborales dignas para los y las docentes."

Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEC), y de la central sindical PIT-CNT, reiteró la importancia de la educación pública como derecho humano fundamental y herramienta para combatir las desigualdades sociales. Pereira hizo hincapié en que “la educación pública debe garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente del contexto socioeconómico de origen de cada estudiante”.

"La escuela pública es uno de los pocos lugares en el que se gesta un real espacio en torno a lo común y se cultiva la igualdad en tiempos de desigualdad creciente", completó la académica uruguaya Eloísa Bordoli, subrayando el papel crucial de la educación pública en la construcción de una sociedad más equitativa y justa.

Gabriel Delacoste, politólogo y periodista, intervino destacando que la política educativa no puede ser nunca lo mismo que la política económica. ”La educación debe ser vista como un espacio de construcción de ciudadanía y de igualdad, no como un instrumento subordinado a la lógica del mercado, o a intereses económicos."

La jornada concluyó con un llamado a la acción para seguir trabajando en la construcción de un sistema educativo público más justo y democrático, con especial atención en la situación del personal docente y las condiciones de enseñanza en el país. En un contexto de campaña electoral, con las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para el 27 de octubre, este llamado cobra aún más relevancia, subrayando la necesidad urgente de que el próximo gobierno de Uruguay asuma la responsabilidad de priorizar la educación de calidad como derecho social de todas las personas.