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Nueve sindicatos mundiales, que cuentan con miembros en más de 160 países y representan a 207 millones de trabajadores y trabajadoras, han interpuesto una denuncia contra el Gobierno israelí por las flagrantes violaciones del Convenio sobre la protección del salario, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La denuncia pone de relieve las obligaciones de las autoridades israelíes de reparar y remediar toda una serie de abusos, en particular el impago de salarios y la retención de prestaciones a más de 200.000 trabajadores palestinos empleados en Israel.

Estos abusos han supuesto pérdidas de ingresos por valor de millones de dólares, provocando una grave inseguridad financiera, dificultades económicas, privación de servicios básicos y penurias generalizadas a los trabajadores afectados y sus familias, que carecen de acceso a recursos judiciales.

Presentada el 27 de septiembre de 2024, en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, la reclamación conjunta detalla las condiciones abusivas que padecen más de 200.000 trabajadores palestinos de Cisjordania y Gaza empleados de manera formal o informal en Israel en el momento del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Estos trabajadores han sido víctimas de un robo salarial generalizado debido a la suspensión de los permisos de trabajo y a la rescisión unilateral de sus contratos.

La denuncia de los sindicatos mundiales se fundamenta en una serie de pruebas que demuestran que a más de 200.000 trabajadores de Gaza y Cisjordania no se les ha pagado por el trabajo realizado antes del 7 de octubre, ni se les ha abonado ningún salario desde entonces. Según estimaciones de la OIT, el salario medio diario de los trabajadores palestinos empleados en Israel con permisos de trabajo normales era de 297,30 séqueles (79 USD). Los demandantes calculan que el salario semanal medio de los trabajadores del sector de la economía informal oscilaba entre los 2.100 y los 2.600 séqueles (565-700 USD). Durante más de un año, los trabajadores palestinos no han podido recuperar sus salarios pendientes ni saldar sus deudas salariales.

La denuncia ha sido suscrita por las siguientes organizaciones, enumeradas por orden alfabético: la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC), la Confederación Sindical Internacional (CSI); Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF); Federación Internacional de Periodistas (FIP); IndustriALL Global Union; Internacional de la Educación (IE); Internacional de Servicios Públicos (ISP); Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM); UNI Global Union; y Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA).

“Cuando visité Cisjordania a principios de este año, fui testigo de la miseria económica que sufren las familias de los trabajadores palestinos empleados en Israel. Como siempre, los trabajadores son los que soportan la peor parte del persistente conflicto. A través de esta petición queremos garantizar el pago de los salarios atrasados que tanta falta hacen a los trabajadores con dificultades para llegar a fin de mes”, declaró Luc Triangle, secretario general de la CSI.

"La Internacional de la Educación expresa su solidaridad inquebrantable con las personas trabajadoras palestinas y hace un llamado a Israel para que cumpla con sus obligaciones según el derecho internacional y asegure el pago de todos los salarios adeudados. Además, los y las docentes en Gaza y Cisjordania no han recibido sus salarios desde noviembre de 2023, y a pesar de las condiciones catastróficas e inhumanas, continúan estando ahí para sus estudiantes. Como profesorado mundial, renovamos nuestro llamado a un cese al fuego inmediato y duradero, la entrada segura de ayuda humanitaria, la liberación incondicional de todas las personas rehenes, el reconocimiento de los derechos palestinos y la protección de las escuelas como santuarios seguros para docentes y estudiantes", dijo David Edwards, Secretario General de la Internacional de la Educación.

“El derecho internacional es inequívoco: ninguna crisis, ni siquiera una guerra, puede justificar la suspensión de los derechos laborales ni la denegación de justicia a los trabajadores. Los trabajadores palestinos, muchos de los cuales estaban empleados en el sector de la construcción israelí, tienen derecho a cobrar sus salarios pendientes. No desistiremos hasta que se haga justicia a los cientos de miles de trabajadores palestinos a los que se les ha negado lo que les corresponde, y se alcance un alto el fuego”, ha declarado Ambet Yuson, secretario general de la ICM.

“La ocupación ilegal de Cisjordania y la Franja de Gaza por parte de Israel ha fragmentado la economía palestina durante décadas, provocando una dependencia excesiva del mercado laboral israelí. El desempleo repentino de los palestinos que trabajan en Israel ha dejado a cientos de miles en la indigencia. Israel debe cumplir sus obligaciones legales internacionales y garantizar que estos trabajadores reciban inmediatamente los salarios que se les debe. Conforme avanzamos hacia una paz duradera, Israel debería plantearse reabrir su mercado laboral a los trabajadores palestinos”, ha señalado Stephen Cotton, secretario general de la ITF.

“Además de la brutal guerra en Gaza y el aumento de la violencia en Cisjordania, los trabajadores migrantes palestinos se están viendo despojados de su capacidad para trabajar, y se les está robando millones de dólares en concepto de salarios ganados legítimamente. El incumplimiento por parte del Gobierno israelí del Convenio 95 de la OIT sobre la protección del salario ha llevado a cientos de miles de familias, muchas de las cuales ya vivían en la precariedad, al borde de la ruina económica. Esta profunda injusticia pone de relieve lo necesarios que son los convenios internacionales, sobre todo en tiempos de guerra y conflicto, y lo importante que es que el Estado de Israel cumpla los compromisos que asumió como miembro de la OIT”, ha señalado Christy Hoffman, secretaria general de UNI Global Union.

“La retención de salarios es una nueva humillación injustificada contra los trabajadores palestinos bajo la ocupación israelí. Al igual que el actual bombardeo de Gaza, esta medida desproporcionada no tiene justificación. Se trata de un castigo colectivo al pueblo palestino”, ha recalcado Daniel Bertossa, secretario general de la ISP.

“Todos los trabajadores tienen derecho a su salario, independientemente del contexto político en el que trabajen. Denunciamos la situación abusiva que sufren los trabajadores palestinos empleados en Israel y exigimos el pago inmediato y regular de sus salarios, respetando plenamente el Convenio 95 de la OIT que Israel está obligado a cumplir”, ha declarado Anthony Bellanger, secretario general de la FIP.

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