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El 10° Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, reunido en Buenos Aires, Argentina, del 29 de julio al 2 de agosto de 2024

Visto

1. Que el día 24 de julio de 2024 el gobierno argentino -a través del Ministerio de Capital Humano, del cual dependen la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias- ha resuelto designar un Rector Organizador para la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa), hecho que constituye una intervención del Poder Ejecutivo que viola la autonomía universitaria consagrada por la Constitución y las leyes argentinas.
2. Que esa decisión arbitraria desconoce a las autoridades legítimamente electas por el co-gobierno de dicha institución, que ha sido normalizada el 6 de diciembre de 2023. Y que representa una escalada del ataque que están recibiendo las universidades públicas argentinas de parte del Gobierno de Javier Milei, quien las somete a una crisis presupuestaria y salarial sin precedentes en la historia, desplegando además contra ellas una campaña que pretende desacreditar su actividad bajo la infundada acusación de ineficiencia, corrupción y adoctrinamiento.
3. Que el gobierno de Javier Milei ha paralizado totalmente desde diciembre de 2023 la transferencia de los recursos que corresponde por Ley a la UNMa, dejando a esta institución sin financiamiento, y a sus trabajadores y trabajadoras sin salario.
4. Que el encarnizamiento del gobierno con la UNMa se vincula también con la estigmatización de la lucha en defensa de los derechos humanos y el permanente agravio a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, un pilar fundamental de la democracia argentina.
5. Que, a su vez, esta decisión se produce en el contexto de una política de ajuste del gasto público y reducción del Estado que ha desfinanciado gravemente al conjunto del sistema educativo, universitario y científico-tecnológico a partir de la decisión del gobierno nacional de desentenderse de su responsabilidad en el sostenimiento del derecho a la educación y de su obligación de garantizar condiciones salariales y laborales adecuadas para trabajadores y trabajadoras. Una política que se refleja en la decisión de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y en la obstaculización del diálogo y la negociación colectiva en la Paritaria Nacional Docente y la Paritaria Nacional Universitaria, avasalladas mediante decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo que los sindicatos han rechazado.
6. Que, asimismo, el gobierno de Javier Milei está desplegando una política de criminalización de la protesta y de persecución de las organizaciones populares, cuyo correlato es el proyecto de una reforma laboral y penal que, de concretarse, afectaría derechos consagrados en el ámbito nacional e internacional, que son conquistas democráticas de la lucha del pueblo argentino.
7. Que, como parte de esa política persecutoria, el gobierno promueve la declaración de la educación como un servicio esencial, con el propósito manifiesto de cercenar el derecho de huelga en el sector. Y que también es en ese marco que el gobierno ha establecido un Protocolo de intervención de las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones públicas, cuyas directivas atentan contra la libertad de expresión, de asociación y el derecho a la protesta pacífica, y en cuya implementación se han producido ya en diversas ocasiones abusos de autoridad, intimidación, violencia policial y, particularmente en la movilización del 13 de junio de 2024 frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, detenciones arbitrarias e imputaciones gravísimas contra las personas manifestantes, a quienes se acusó de intentar un golpe de Estado y de realizar acciones “terroristas”.

Denuncia

8. Que la intervención a la UNMa representa un avasallamiento de la autonomía universitaria, y que esa decisión refleja una clara intención de silenciar voces críticas y de imponer una visión ideológica única, contraria a los derechos humanos y a los principios que deben guiar a una sociedad democrática.
9. Que la política de ajuste presupuestario y salarial en el sistema educativo, universidades e instituciones de investigación, junto a la estigmatización de la tarea docente en escuelas y universidades públicas, así como las declaraciones y acciones de parte de funcionarios/as del gobierno que pretenden reprimir cualquier manifestación crítica, atentan contra los derechos humanos y los principios democráticos, y cercenan el derecho a la educación, al conocimiento, a trabajar en condiciones dignas, a la representación colectiva y a la actividad sindical, vulnerando también la libertad académica y la libertad de expresión del personal docente de la educación en todos sus niveles.
10. Que estas acciones contrarían derechos fundamentales reconocidos por la OIT, y así como las pautas y estándares contenidos en la Recomendación de OIT y UNESCO relativas a la situación del personal docente (1966) y la Recommendación de la UNESCO relativa al personal docente de educación superior (1997), y también en las recientes Recomendaciones del Panel de Alto Nivel de la Profesión Docente de la UNESCO (2022).

Por ello, expresa

11. Su solidaridad con la lucha de los sindicatos y el pueblo argentino, en defensa de la educación pública, la universidad pública, los derechos humanos y la democracia.
12. El rechazo a la intervención y el desfinanciamiento de la UNMa.
13. Su reconocimiento a la lucha y al coraje de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.
14. Exige al Gobierno argentino que cese el hostigamiento hacia el sistema educativo público y la universidad pública, y que desista de la persecución contra sus organizaciones y dirigentes sindicales.
15. Y requiere de la IE que continúe dando apoyo a los sindicatos afiliados de Argentina en la denuncia de esta situación en las instancias nacionales y ante los organismos internacionales competentes, y que motorice una campaña internacional de visibilización, movilización y solidaridad con las demandas planteadas.