Ei-iE

Se estima que todos los años se pierden 480 000 millones de dólares debido a la evasión fiscal de las compañías multinacionales y las personas desmesuradamente ricas. Si las naciones acaban con estas prácticas de elusión tributaria e implantan sistemas impositivos progresivos podrían aumentar su presión fiscal respecto al PIB en cinco puntos porcentuales.

Con apenas el 20 % de los ingresos recuperados por esta vía, podríamos ampliar radicalmente el acceso a la educación, financiar la contratación de millones de docentes y mejorar de forma sustancial los salarios del profesorado en todo el mundo.

Estas son algunas de las conclusiones más destacadas del informe "Stolen futures: The impacts of tax injustice on the right to education»(Futuros robados: Las repercusiones de la injusticia fiscal en el derecho a la educación). El estudio, elaborado por Tax Justice Network, identifica las medidas de justicia fiscal como herramientas vitales para financiar una educación de calidad para millones de niñas y niños, así como para mitigar la actual falta de profesorado.

El informe subraya que las propuestas que se están debatiendo a escala global para poner coto a la evasión fiscal y aplicar un pequeño impuesto sobre el patrimonio al 0,5 % más rico generarían suficientes ingresos para dar acceso a la educación a los 72 millones de niñas y niños de la franja de edad de primaria que ahora no está escolarizados y para contratar a los 13 millones de docentes de primaria que necesita el mundo.

"Según las últimas estimaciones, subsanar el déficit de profesorado en primaria y secundaria para 2030 costará unos 120 000 millones de dólares anuales", ha explicado el secretario general de la IE, David Edwards. "La campaña ¡Por la pública! Creamos escuela de la Internacional de la Educación insta a los gobiernos a aumentar la financiación para la educación pública y a invertir en la profesión docente. Para ello, es fundamental contar con sistemas impositivos justos y progresivos. Priorizar la educación en los presupuestos nacionales no es suficiente, debe ir de la mano de una reforma fiscal que mejore la recaudación e incremente los fondos del erario en su conjunto".

Refuerzo de la gobernanza fiscal mundial

El informe enfatiza la necesidad de alcanzar un compromiso mundial por la justicia fiscal, haciéndose eco de las demandas de los actores internacionales y de las reivindicaciones de activistas de la educación de todo el mundo.

El G20, que reúne a gobernantes y bancos centrales de veinte países, está debatiendo activamente propuestas para grabar de una forma más eficaz a las personas superricas, un hecho que refleja la creciente presión mundial por acabar con los paraísos fiscales y la desigualdad económica. Este año, bajo la presidencia de Brasil, el G20 ha estudiado una audaz iniciativa para poner en marcha un impuesto mínimo sobre patrimonio del 2 % a quienes tienen fortunas multimillonarias, que podría recaudar entre 200 000 y 250 000 millones de dólares al año. Este proyecto pone de manifiesto un notable cambio de mentalidad encaminado a paliar las desigualdades y estimular los servicios públicos mediante impuestos más justos a las personas más ricas del mundo.

Además, el verano pasado la mayoría de los países se pusieron de acuerdo en establecer un marco y unos objetivos para negociar un convenio tributario de las Naciones Unidas que tendría un enorme potencial transformador. Las condiciones acordadas apuntan directamente a la lucha contra la evasión fiscal que practican las personas con grandes fortunas, garantizando un gravamen eficaz. Está previsto que la Asamblea General de las Naciones Unidas vote este mes sobre el inicio oficial de unas negociaciones que se basarán en los puntos ya acordados.

En paralelo, las esferas políticas mundiales están tomando conciencia del vínculo existente entre la política fiscal y las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos, como el derecho de la infancia a la educación en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

La Internacional de la Educación ha reclamado reiteradamente a las instancias políticas, la sociedad civil y las organizaciones internacionales un compromiso para acometer reformas por la justicia fiscal, prestando especial atención al empoderamiento de las comunidades más vulnerables. Garantizar una contribución justa de las empresas y la población más rica es vital para lograr sistemas educativos equitativos y asegurar que todo el alumnado cuenta con personal docente cualificado y entornos de aprendizaje de calidad.