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Ante la falta de respuesta gubernamental a las propuestas y reivindicaciones de las organizaciones sindicales para defender y mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, una alianza intersindical convoca al funcionariado de la Administración pública —incluido el del ámbito de la educación— a una jornada de acción, concentraciones, manifestaciones y huelgas en toda Francia el 5 de diciembre de 2024.

Este llamamiento se realizó a través de un comunicado de una alianza intersindical de la función pública, compuesta por las siguientes organizaciones sindicales: la Confédération Générale du Travail (CGT), la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), la Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), la Fédération Syndicale Unitaire (FSU), Solidaires, la Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) y la Fédération Autonome de la Fonction Publique (FA-FP).

SNES-FSU: ya basta de desprecio

El Syndicat National des Enseignements de Second Degré-FSU, organización miembro de la Internacional de la Educación, ha declarado: “Salarios, días de carencia, prestaciones por bajas médicas, condiciones de trabajo... la huelga del 5 de diciembre debe ser masiva para asentarse en el tiempo. ¡Ya basta de desprecio!”.

Asimismo, ha afirmado que “el gobierno está empobreciendo al personal funcionario mediante medidas punitivas”. Todo esto acompañado de una buena dosis de desprecio, como ilustran las palabras de Guillaume Kasbarian, ministro de la Función Pública, que multiplica las falsedades y los ataques al funcionariado: “¡No, el personal de la educación pública no es absentista! Y mal que le pese a Nicolas Sarkozy, incluso tiene una carga de trabajo especialmente pesada. Según una encuesta del Ministerio, la mitad de los docentes y las docentes trabaja más de 43 horas a la semana”.

En opinión del sindicato, “la enseñanza pública se encuentra en un punto de inflexión, asfixiada por la falta de recursos, desvirtuada por una acumulación de reformas con un personal mal remunerado y despreciado que sostiene, a duras penas, un servicio de la educación pública exhausto. ¡Ha llegado el momento de generar una respuesta proporcional a los ataques contra nuestros salarios, nuestros empleos y nuestro modelo social! Un día no será suficiente para ganar. Por lo tanto, tendremos que llevar a cabo una gran movilización desde principios de diciembre que pueda mantenerse en el tiempo, es decir, durante varios días. Esto será posible si la huelga del 5 de diciembre es masiva”.

Además, el sindicato ha indicado que ha reactivado su fondo solidario en concepto de fondo de huelga, a fin de apoyar a los compañeros y compañeras que atraviesen dificultades económicas, y ha compartido un conjunto de herramientas para sumarse a la acción.

UNSA-Éducation: defender al funcionariado público agredido injustamente por el gobierno

También afiliada a la Internacional de la Educación, UNSA-Éducation ha transmitido el llamamiento de UNSA Fonction Publique, recordando que esta jornada de movilización tiene como objetivo “defender a los empleados públicos atacados injustamente por el Gobierno, su empleador”.

Asimismo, añadió que UNSA Fonction Publique exige un aumento de las remuneraciones que debe tener en cuenta el incremento de la inflación desde 2021, y desea abrir negociaciones a fin de mejorar las carreras y las remuneraciones.

SNUipp-FSU: llamamiento para la revisión del proyecto de presupuesto nacional para el 2025

Por su parte, el Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des Écoles et PEGC-FSU (SNUipp-FSU), otra organización miembro de la Internacional de la Educación, insta a ponerse en huelga de forma masiva y a continuar con la movilización a fin de exigir otro presupuesto.

Insistiendo en que “los motivos de la indignación del personal funcionario son múltiples”, ha destacado que “el proyecto de presupuesto para el 2025 opta por una austeridad brutal. En un momento en que la enseñanza se encuentra en una situación desesperada, este anuncio, que vaticina un verdadero hundimiento de la enseñanza pública, dará lugar a terribles supresiones de puestos en los departamentos a partir del mes de enero. El año pasado, las 650 supresiones de puestos provocaron 1700 cierres de aulas, según el Ministerio. ¿Cuántas aulas se cerrarán al inicio del año escolar 2025 si se producen 3155 supresiones?”.

Además, el sindicato ha señalado que “mientras el número de estudiantes disminuye y la escuela se encuentra en grandes dificultades, el Gobierno adopta la decisión política de no mejorar el coeficiente maestro/alumno. Una elección asumida que conducirá a un mayor deterioro de las condiciones laborales del personal y de aprendizaje del alumnado. Una provocación más para una enseñanza que se supone es la ‘prioridad’ del presidente”.

Por otro lado, el sindicato ha recordado, en aras de denunciarlo, el discurso público de Nicolas Sarkozy. El ex presidente de la República, hace unas semanas, con respecto a la carga de trabajo del personal docente, señaló: "Trabajan 24 horas a la semana, seis meses al año. Entre las vacaciones y los fines de semana... sé que necesitan preparar las clases, incluso para los alumnos de primer ciclo y segundo ciclo de educación infantil…”.

Al respecto, el SNUipp ha explicado que “este expresidente miente deliberadamente: la Dirección de Evaluación, Prospectiva y Rendimiento (DEEP, por sus siglas en francés) estima que el tiempo de trabajo promedio del personal docente es de 43 horas semanales. La escasa, por no decir nula, respuesta contundente por parte del Ministerio dice mucho sobre el apoyo de nuestra jerarquía ante un ‘ataque al profesorado’ que resulta tan engañoso como inaceptable”.

“¡Ante todo esto, la indignación del personal docente es legítima! La elección de la austeridad presupuestaria va en contra de los intereses de la enseñanza, del profesorado y del alumnado y, en un sentido más amplio, de todos los servicios públicos”, ha concluido el sindicato.

Reivindicaciones sindicales

En su comunicado, las organizaciones sindicales reconocen que, tras la reunión celebrada el 7 de noviembre, el ministro de la Función Pública, Simplificación y Transformación de la Acción, Guillaume Kasbarian, decidió eliminar las categorías C, B y A de la función pública, que abarcan 5,7 millones de trabajadores y trabajadoras del sector público —el sistema de categorías clasifica al personal en función de su nivel de cualificación—. Los recortes formaban parte del proyecto de ley “Guerini”. Asimismo, el ministro también se comprometió a volver a debatir sobre su proyecto de “agenda social”.

No obstante, convocan a una primera jornada de movilización a fin de exigir que el ministro renuncie:

• A los tres días de carencia en la función pública.
• A la reducción de la prestación de los días de baja por enfermedad.
• Al impago de la prestación individual de garantía del poder adquisitivo (GIPA, por sus siglas en francés), que se abona si la evolución del salario bruto indexado es inferior al índice de precios al consumo durante 4 años.
• Al mismo tiempo, invitan a los agentes del sector público, a los funcionarios y al personal interino a movilizarse, en particular, a favor de:
• Unos recursos presupuestarios acordes con las prestaciones de los servicios y las políticas públicas.
• La creación de puestos allí donde resulte necesario y el acceso al empleo permanente en el caso de los funcionarios interinos.
• El aumento del valor del índice salarial para el 2024 y los años posteriores, así como medidas salariales de carácter general.
• La reforma de las escalas salariales.
• La igualdad salarial y profesional entre las mujeres y los hombres.
• Archivar las orientaciones del proyecto de ley “Guerini”. Este último considera que “las categorías a menudo encasillan a los funcionarios públicos, [creando] techos de cristal que resultan muy difíciles de romper”. Las organizaciones sindicales han acordado volver a reunirse después de esta jornada de movilización y de huelga a fin de determinar los próximos pasos a adoptar.

La Internacional de la Educación respalda su huelga e insta al gobierno francés, en consonancia con la campaña “¡Por la pública! Creamos escuela”, a financiar por completo un sistema de educación pública inclusivo y de calidad, así como a poner fin a los recortes presupuestarios, a la austeridad y a la privatización en el sector educativo.