Corea: La Internacional de la Educación se solidariza con docentes y sindicalistas en su defensa de la democracia
La Internacional de la Educación (IE) expresa su pleno e incondicional apoyo a las personas docentes y sindicalistas en Corea, quienes están defendiendo la democracia frente a las medidas autoritarias del Gobierno de Yoon Suk-Yeol.
La IE condena enérgicamente la declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre de 2024, una medida que constituye un ataque directo contra la democracia, las libertades civiles y los derechos fundamentales del pueblo coreano. La imposición de la ley marcial, junto con el cierre de la Asamblea Nacional y la suspensión de las libertades políticas, es una medida injusta e ilegal que socava los cimientos democráticos de la República de Corea.
El intento ilícito del presidente Yoon de intimidar y silenciar las voces críticas ha marcado un oscuro capítulo en la historia política del país. Por primera vez en 44 años, se ha declarado la ley marcial con el objetivo de reprimir la oposición política, la libertad de prensa y los derechos civiles. Aunque la Asamblea Nacional rechazó rápidamente la medida, las maniobras del Gobierno suponen una advertencia alarmante sobre las tácticas a las que está dispuesto a recurrir para mantener el control.
Ante este claro abuso de poder, el Sindicato Coreano de Docentes y Trabajadores de la Educación (KTU) ha condenado firmemente las acciones del presidente, tachándolas de ataque frontal contra las libertades y derechos del pueblo coreano. El sindicato ha exigido su dimisión inmediata para evitar más daños a la democracia.
El KTU, liderado por su presidenta, la Sra. Heeyeong Jeon, emitió una declaración condenando al Gobierno de Yoon “por erosionar los cimientos de la democracia y restringir las libertades del pueblo. Declaramos que la proclamación de la ley marcial es ilegal y absolutamente nula”.
David Edwards, secretario general de la IE, se hizo eco de las protestas de sus miembros en el país y afirmó: “Nos solidarizamos con el pueblo coreano y especialmente con nuestros miembros, que están atravesando la peor crisis democrática de los últimos cuarenta años. El Gobierno intentó primero silenciar al personal docente y su libertad de expresión, y ahora ha recurrido a tácticas dictatoriales propias tiempos oscuros para intimidar y silenciar la crítica”.
Edwards, que se encontraba en Seúl junto a una delegación de la IE participando en un Foro de la UNESCO sobre el Futuro de la Educación, señaló la incongruencia del Gobierno durante este evento internacional, que pretendía demostrar lo innovador y avanzado que es en materia educativa. “No hay nada más retrógrado y desalentador que un Gobierno incapaz de respetar los derechos democráticos fundamentales de su ciudadanía. Condenamos estas acciones con la mayor contundencia”, añadió.
Anand Singh, director de la oficina regional de la Internacional de la Educación para Asia-Pacífico, sumó su voz para “condenar enérgicamente el intento de imponer la ley marcial en Corea del Sur”, añadiendo que “Nos solidarizamos incondicionalmente con nuestras afiliadas, el KTU y la KFTA, y con la ciudadanía en su lucha por defender la democracia y proteger los derechos fundamentales”.
Singh elogió la determinación del KTU y sus miembros, y destacó su firme compromiso con la defensa de la democracia, los derechos de los trabajadores y la dignidad humana. “La inquebrantable postura de la KTU es una clara demostración del papel vital que desempeñan los sindicatos de la educación en la protección de la democracia, especialmente en tiempos de represión política y amenazas autoritarias”, añadió Singh.
El rechazo inmediato y masivo a la imposición de la ley marcial llevó al presidente Yoon a anular la orden pocas horas después de anunciarla. Sin embargo, las fuerzas democráticas permanecen vigilantes y ahora exigen su dimisión.
La Internacional de la Educación reafirma su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Seguiremos luchando junto a nuestros miembros y aliados de todo el mundo para defender la democracia, los derechos laborales y la dignidad de todas las personas.