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A fin de cumplir su misión de preservar, difundir y promover el conocimiento, las instituciones de educación superior deben garantizar que el personal académico goce de libertad académica. La libertad académica no es un lujo ni un privilegio especial. Al contrario, es una condición esencial para ejercer la profesión. Es un derecho profesional y contractual que garantiza que el personal académico pueda enseñar, investigar, publicar, participar en los asuntos de sus instituciones y ejercer sus derechos ciudadanos sin limitación ni censura de parte de la administración, sus compañeros de trabajo o intereses externos.

Sin embargo, estos aspectos fundamentales de la libertad académica se enfrentan actualmente a serios desafíos en toda Norteamérica. Desde intromisiones legislativas que afectan a la enseñanza y la investigación hasta el deterioro de la seguridad laboral y otras protecciones procedimentales del personal docente, el futuro de la libertad académica está en entredicho.

Aumentan los ataques políticos contra la libertad académica

El ejemplo más evidente de todo esto es la proliferación de leyes que limitan la enseñanza de determinados temas. En el estado de Florida, por ejemplo, la ley "Stop Woke" prohíbe el debate y la enseñanza de conceptos considerados "controvertidos", tales como la "teoría crítica de la raza" y la orientación sexual o la identidad de género. Un informe especial elaborado por la American Association of University Professors, publicado en diciembre de 2023, concluía con una advertencia preocupante: "La libertad académica, la titularidad y la gobernanza compartida en las universidades públicas de Florida están sufriendo un ataque político e ideológico sin precedentes en la historia de Estados Unidos. De persistir, esta situación pondrá en riesgo la supervivencia de una educación superior significativa en el estado, con consecuencias nefastas para todo el país".

Por desgracia, Florida no es una excepción. Más de 30 estados de EE. UU. han aprobado leyes que restringen la enseñanza y el debate de determinados temas. Esta intromisión política directa, que contraviene los principios de autonomía institucional, incluso ha llegado a Canadá y México.

En la provincia canadiense de Alberta, el gobierno conservador ha aprobado una ley que le permitirá supervisar las subvenciones otorgadas por las agencias federales de financiación de la investigación para garantizar que los proyectos financiados "se ajusten a los intereses provinciales". Muchos consideran esta ley como una medida encubierta para permitir que la provincia pueda bloquear investigaciones que no cuenten con el aval del partido político en el poder.

Por su parte, en México, algunos observadores y académicos han acusado al gobierno de emprender ataques ideológicos contra las instituciones y de intentar monopolizar la política de investigación amparándose en medidas anticorrupción vagas y excesivamente estrictas. Entre estas medidas se incluyen procedimientos penales controvertidos contra antiguos funcionarios del National Council of Science and Technology (CONACYT), y la intromisión en la gestión del Centre for Economic Research and Teaching (CIDE).

Tendencias a largo plazo en el mercado laboral académico

Si bien estas agresiones políticas y legislativas directas han generado una gran atención pública, también se ha producido una erosión más sutil pero igualmente peligrosa de la libertad académica en todo el continente. Al igual que en otras regiones del mundo, la educación superior en Norteamérica está experimentando una reestructuración profunda desde, al menos, mediados de los años noventa. A menudo descrita como "corporativización" o "neoliberalismo", esta transformación se ha caracterizado por la reducción de la financiación pública, el aumento de las tasas de matrícula, la comercialización de la investigación universitaria y la aplicación de políticas orientadas al mercado.

En este proceso, el trabajo académico se ha transformado sustancialmente, sobre todo con el aumento significativo de los contratos laborales precarios. En Estados Unidos, más del 60 % del profesorado trabaja fuera del sistema de titularidad y, desde 2004, se ha triplicado la sustitución de puestos de titularidad por puestos de duración determinada en las instituciones de cuatro años que cuentan con este sistema. En Canadá, se calcula que el 40 % del personal docente universitario es personal académico contratado.

Esto tiene implicaciones muy significativas para la libertad académica. La titularidad tiene como propósito salvaguardar la libertad académica. Proporciona al personal académico un nombramiento indefinido que solo puede rescindirse por causas justificadas o en circunstancias excepcionales, como una necesidad financiera urgente o la eliminación de un programa. Sin embargo, el personal académico con contrato definido tiene pocas formas de ejercer su libertad académica sin temor a represalias.

A medida que la libertad académica se ha ido debilitando por los ataques políticos y transformaciones estructurales más amplias, los líderes institucionales han sido, en su mayoría, condescendientes o cómplices. Esto significa que los sindicatos académicos deben liderar la defensa y la promoción de la libertad académica. Debemos reunir recursos y herramientas para hacer campaña, organizarnos y negociar para garantizar la integridad y la independencia de la educación superior. Esto significa que es fundamental garantizar que el personal académico esté libre de intromisiones políticas y disfrute de la seguridad laboral necesaria para ejercer su libertad académica.