Unimos fuerzas por la educación pública: desmitificamos las alianzas público-privadas
Un documento de posición y un informe de políticas publicados recientemente por el Consorcio sobre la Privatización de la Educación y los Derechos Humanos (PEHRC, por sus siglas en inglés) sacan a la luz el modo en que funcionan las alianzas público-privadas en educación, las diferencias entre la teoría y la práctica y las estrategias que los Gobiernos y las instituciones educativas pueden emplear para fortalecer una educación pública y gratuita para todas y todos.
La falta de financiación gubernamental destinada a la educación pública a menudo se mitiga ostensiblemente por las alianzas con actores no estatales en la financiación de la educación y la prestación de servicios educativos. En el informe de políticas y el documento de posición que se acaban de publicar, ambos titulados “Desmitificando las Alianzas Público-Privadas en educación: Lo que todo responsable de políticas públicas debe saber”, se analizan las dificultades que plantean las alianzas público-privadas y se ponen de relieve los errores comunes que se producen en su implementación, así como la falta de reglamentos estrictos que impidan un impacto negativo de estas alianzas en los sistemas de educación pública. El informe de políticas, presentado durante un evento mundial que se celebró en línea el 30 de enero, tiene por objeto promover una adopción de decisiones más informada y estratégica en relación con las alianzas público-privadas en educación, proteger los recursos públicos, mejorar la implementación de políticas y fortalecer la rendición de cuentas.
“La idea de que las alianzas público-privadas pueden prestar servicios educativos de calidad con menos fondos es un mito. La verdad es que las alianzas público-privadas no imparten una enseñanza de calidad, sino que se lucran de los fondos públicos. En paralelo a los recortes presupuestarios en la educación pública que dañan los sistemas educativos, hay una operación sutil para capturar esos recursos públicos y ponerlos al servicio de grupos empresariales. Por consiguiente, también debemos debatir el uso de los fondos públicos y los motivos por los que se destina dinero público al sector privado”, enfatiza Gabriela Bonilla, Directora Regional de la Internacional de la Educación América Latina, durante el evento de presentación del documento de posición y el informe de políticas nuevos.
Por otro lado, Bonilla señala que las alianzas público-privadas se basan en el mito neoliberal de que todos los sistemas públicos han fracasado y que el propio Estado es un actor fallido. El ataque constante al sector público y los ataques a la reputación del personal docente y el funcionariado público benefician a los intereses comerciales de los grupos que venden servicios al Estado. Las críticas y las valoraciones sistemáticas se dirigen al profesorado y al sistema educativo, pero no se exige rendición de cuentas a los actores privados que llevan décadas participando en la educación por medio de alianzas público-privadas.
Asimismo, las alianzas público-privadas benefician a los Gobiernos que no respetan la libertad de asociación y rechazan el diálogo social con los sindicatos de la educación. En estos casos, las autoridades educativas están deseosas de reemplazar los sindicatos de docentes con ONG, empresas privadas y fundaciones para implementar parte de la política en materia de educación. Incluso los Gobiernos que respetan el Estado de derecho han normalizado la subcontratación de las políticas educativas, una circunstancia que genera una constante transferencia de fondos públicos y responsabilidades al sector privado.
El hecho de que el personal docente participe en el diseño y la definición de la política educativa y las estrategias pedagógicas, sobre la base de los conocimientos que desarrollan a diario en sus aulas, es fundamental para la calidad de la educación impartida, tal como se pone de relieve en las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la profesión docente.
“Por medio de nuestra campaña ¡Por la pública! Creamos escuela, la Internacional de la Educación se ha comprometido a crear asociaciones con miras a defender la justicia fiscal, fomentar la condonación de deuda pública y proteger al Estado como actor responsable de la educación pública”, concluye Bonilla.
