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El personal docente de Estados Unidos está plantando cara a la avalancha de medidas impuestas por la nueva Administración del presidente Donald Trump, que ha situado la privatización, el desmantelamiento del Departamento de Educación, la persecución del alumnado inmigrante y sus familias, la abolición de los derechos civiles y la restricción de la libertad académica en el centro de su agenda educativa.

Trump ha emitido una avalancha de decretos que ponen en peligro el derecho a la educación en Estados Unidos. Entre ellos, destacan las órdenes para desviar ilegalmente fondos federales a escuelas privadas y privar al alumnado de las escuelas públicas de recursos esenciales, eliminar la financiación federal para estudiantes con discapacidades, permitir redadas de inmigración en recintos escolares, perseguir a los docentes por cómo enseñan historia, recortar el presupuesto para la investigación y reducir la financiación de los almuerzos escolares para estudiantes vulnerables.

Las redadas contra inmigrantes traumatizan a las comunidades escolares

Según la Asociación Nacional de Educación (NEA), “desde el mismo día de la toma de posesión, la Casa Blanca ha emitido órdenes temerarias, destructivas e incluso ilegales para desestabilizar las escuelas públicas y perseguir a algunos de nuestros estudiantes más vulnerables”. La presidenta de la Federación Estadounidense de Profesores (AFT), Randi Weingarten, denuncia que “en Estados Unidos nos enfrentamos a una amenaza autoritaria sin precedentes. El presidente Donald Trump está implementando rápidamente decretos destructivos, deshumanizadores y antidemocráticos”.

Una de las primeras medidas adoptadas por la nueva Administración fue revocar la prohibición de realizar redadas federales contra migrantes, una política que se venía respetando desde hacía mucho tiempo en lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias. Normalmente, estas redadas las lleva a cabo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a menudo incluyen el uso de personal fuertemente armado y equipamiento propio de operaciones militares.

“Los educadores y educadoras cerramos filas para defender a cada estudiante, sin importar el idioma que hable o su lugar de nacimiento, y garantizar su acceso a escuelas públicas seguras y de acogida. Seguimos decididos a utilizar el poder y la fuerza del mayor sindicato del país para garantizar que todas las escuelas públicas sean un espacio seguro para todo el alumnado y para defender el derecho de todos los estudiantes a acceder a una educación pública, un derecho consagrado en la Constitución”, declaró Becky Pringle, presidenta de la NEA y vicepresidenta de la Internacional de la Educación.

Las escuelas deben ser lugares seguros y de acogida

La AFT denuncia, además, que permitir a las fuerzas del orden que realicen redadas en los recintos escolares o en hospitales y clínicas traumatiza a los niños y niñas, y a las comunidades.

“Las escuelas y los hospitales deben ser lugares seguros y de acogida. Una política que permite a las fuerzas del orden destruir estos entornos causará un daño irreparable y dejará una marca indeleble no solo en las familias inmigrantes, sino en todas las familias”, escribió Weingarten en una carta al presidente Trump. “Estas medidas están traumatizando a todos los niños y las niñas, especialmente a los más pequeños, y les generarán miedo y angustia sobre si serán los próximos en ser deportados. No querrán ir a la escuela, ¿y por qué habrían de hacerlo si no se sienten seguros? Es una medida cruel”.

Desde la entrada en vigor de la nueva política, el personal escolar ha informado de un descenso en la asistencia estudiantil, ya que las familias temen enviar a sus hijos e hijas a la escuela. Incluso las actividades extraescolares se han resentido, ya que se ha alertado de que la policía federal podría subir a los buses escolares para efectuar detenciones. El sindicato United Teachers of Dade de Florida denunció recientemente el trato recibido por un profesor de ciencias, que fue detenido por las autoridades de inmigración y posteriormente deportado a pesar de contar con un permiso de trabajo legal.

Los activistas también han denunciado redadas del ICE en territorios de nativos americanos, así como la detención de varios miembros de la Nación Navajo, un pueblo indígena que habita estas tierras desde aproximadamente el año 1400 d. C.

Privatización para los megaricos

Además de las drásticas medidas migratorias, Trump está emitiendo decretos para privatizar la educación pública y promover la concesión de cheques escolares a las familias. En uno de sus decretos más recientes, ordenó a varias agencias federales dar prioridad a las escuelas privadas y religiosas y redirigir los fondos asignados a los colegios públicos para impulsar la financiación mediante cheques escolares, lo que ha provocado una enérgica reacción de la NEA y la AFT.

“En lugar de robar dinero a los contribuyentes para financiar escuelas privadas, deberíamos destinarlo a las escuelas públicas, donde estudia el 90 % de niños y niñas y el 95 % de las personas menores con discapacidades en Estados Unidos, en vez de arrebatarles unos fondos que necesitan con urgencia. Si realmente queremos lo mejor para el alumnado, reduzcamos el número de estudiantes por aula para garantizar una atención más personalizada y aumentemos los salarios para paliar la escasez de docentes y personal. La realidad demuestra que los cheques escolares han sido un fracaso catastrófico en todos los lugares donde se han implantado”, respondió Pringle.

Weingarten añadió que “ya sabemos que los cheques escolares benefician sobre todo a familias ricas cuyos hijos e hijas ya asisten a escuelas privadas. Este decreto secuestra fondos federales destinados a igualar las oportunidades de los niños y niñas de bajos recursos y los entrega directamente a operadores privados que no rinden cuentas: en la práctica, es un regalo fiscal para los ricos”.

Los líderes sindicales destacaron que, en las elecciones de noviembre, los votantes rechazaron de manera contundente las estafas con cheques escolares promovidas por multimillonarios, incluso en estados donde ganó Trump, ya que varias iniciativas de privatización fueron derrotadas en las urnas.

Imponiendo qué se debe enseñar en las escuelas

Otro de los decretos de Trump ataca directamente la libertad académica y la autonomía del profesorado, al condicionar la financiación de las escuelas a la forma en que enseñan temas como el racismo sistémico, la esclavitud y la historia. También impone sanciones a las escuelas que atienden a estudiantes transgénero. La medida ha sido denunciada por numerosos educadores y organizaciones de derechos humanos, que la describen como un intento del presidente de imponer “qué se debe enseñar en las escuelas locales y quién tiene cabida en nuestras aulas”.

“En lugar de apoyar al estudiantado, Trump y sus aliados intentan sin escrúpulos restringir la libertad de quienes enseñan y de quienes aprenden, y además castigan al personal docente por garantizar que las escuelas sean un espacio seguro donde todo el alumnado —sin importar su identidad de género o raza— pueda sentirse parte de la comunidad”, denunció Pringle.

Ataques a la ciencia y la investigación

Trump volvió a arremeter contra la libertad académica con un decreto presidencial que congela miles de millones de dólares destinados a la investigación, unos fondos que financian en gran medida programas científicos e instituciones de enseñanza superior. Una de las agencias afectadas, los Institutos Nacionales de Salud (NIH), apoya la labor de más de 300 000 investigadores e investigadoras en más de 2500 universidades y otras instituciones de investigación.

Debido a la indignación generada, se ha modificado parte de esta medida, pero la amenaza sigue latente.

“Esta congelación de fondos no solo supone una ofensiva contra el personal académico que trabaja en esos laboratorios. También supone un perjuicio muy real para la población, para cada uno de nosotros. Se trata de un ataque sin precedentes contra la salud pública y la integridad e independencia de la investigación académica”, declaró Weingarten durante una reciente conferencia sobre libertad académica organizada por la Asociación Canadiense de Profesores Universitarios (CAUT) y la Internacional de la Educación.

“Lamentablemente, en nuestro actual entorno iliberal, la libertad académica también es necesaria para enseñar historia con honestidad, para defender las verdades científicas establecidas y para combatir la exclusión y la discriminación de las comunidades marginadas”, añadió.

Eliminación del Departamento de Educación

Trump también ha convertido en una prioridad la supresión de este departamento y de los servicios vitales que presta. Aunque todavía no ha emitido un decreto en este sentido, ha manifestado públicamente su intención de hacerlo.

El Departamento de Educación fue creado por el Congreso de Estados Unidos, por lo que no bastaría con un decreto presidencial para desmantelarlo. Tanto la AFT como la NEA ya se están preparando para impugnar su plan, advirtiendo sobre el impacto negativo que tendría en la educación. El alumnado de rentas más bajas, que necesita financiación para cursar estudios superiores, y el estudiantado con discapacidad, serían los más afectados por la eliminación de esta agencia federal.

En una reciente demostración de autoritarismo, se impidió el acceso al edificio público que alberga dicha agencia a varios congresistas demócratas que pretendían solicitar una reunión, y se desplegaron agentes armados para bloquearles el paso.

Educación y resistencia

A pesar de los ataques, que parecen no tener fin, ambos sindicatos han prometido hacer frente a la avalancha de medidas autoritarias, discriminatorias y caóticas, así como defender a estudiantes, docentes y los valores de la educación pública.

“El personal docente no se quedará callado mientras los políticos contrarios a la educación pública intentan arrebatar oportunidades a nuestros estudiantes, nuestras familias y nuestras comunidades en todo Estados Unidos”, afirmó Pringle. “Junto con las familias y nuestras aliadas, seguiremos organizando, defendiendo y movilizándonos para que todo el alumnado tenga escuelas bien dotadas de recursos que les permitan desarrollar todo su potencial”.

Continuaremos esta lucha, codo con codo con nuestras aliadas, como la Internacional de la Educación, porque representa la esencia de lo que somos como sindicato y de la defensa de la democracia”, concluyó Weingarten.