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A pesar de contar con sólidos sistemas de educación pública, los países nórdicos se enfrentan en la actualidad a recortes, déficit de profesorado y un proceso de privatización encubierta. Mientras gobiernos descentralizan la financiación educativa, las escuelas se ven forzadas a competir por recursos con otros servicios públicos.

¿El resultado? Las zonas más ricas pueden invertir más en educación pública, y el resto se queda atrás.

El Consejo Nórdico de Docentes (NLS) ha publicado un informe sobre la financiación de la educación que pone de manifiesto profundas desigualdades regionales. Los gobiernos locales carecen de suficiente apoyo estatal, lo que les dificulta garantizar una educación pública de calidad para todos y todas. Los resultados del estudio destacan la urgente necesidad de una mayor inversión pública, incidiendo en el llamamiento de la campaña "¡Por la pública! Creamos escuela" de la Internacional de la Educación (IE).

El secretario general de la IE, David Edwards, advirtió de que esta crisis forma parte de un patrón mundial más amplio: "Incluso en los países nórdicos, conocidos por la fortaleza de su educación pública, estamos viendo los devastadores efectos de la falta de inversión. ¿Qué mensaje transmite el que algunas de naciones más ricas del mundo no se comprometan a financiar plenamente la educación pública?"

"El impulso que está cobrando la campaña «¡Por la pública!» ha llevado a los sindicatos nórdicos afiliados a la IE a movilizarse para reclamar a sus gobiernos que asuman sus responsabilidades de financiación. La educación es un bien público y uno de los pilares de la democracia, debe prestarse desde la esfera pública y financiarse con fondos públicos", añadió Edwards.

La infrafinanciación, las desigualdades y la creciente amenaza de la privatización

En toda la región, los gobiernos nacionales están transfiriendo la responsabilidad financiera a las autoridades locales, que tienen dificultades para sostener la educación pública. En Finlandia, la inversión estatal ha caído del 31% al 22 % en una década, dejando a los municipios la tarea de gestionar por su cuenta el 97 % de las escuelas de primaria y el primer ciclo de secundaria.

En Suecia, la financiación escolar recae en exclusiva en las autoridades locales. Los municipios más ricos pueden invertir en mejores instalaciones, en tener un menor número de estudiantes por aula y en apoyo complementario para el alumnado; en cambio, los que tienen menos ingresos fiscales apenas pueden cubrir los costes de funcionamiento básicos. La descentralización de la financiación ha prendido la llama de la desigualdad, un problema que también se constata en Noruega, donde los presupuestos municipales para educación dependen enormemente de los impuestos locales. Allí, la inversión por estudiante puede diferir hasta 19 000 dólares según el municipio, lo que exacerba las diferencias regionales en materia de recursos escolares.

En paralelo, los cambios demográficos suponen una presión añadida para los presupuestos públicos. Con el envejecimiento de la población y el descenso de las tasas de natalidad, los gobiernos están destinando más fondos a la sanidad y las pensiones, dejando la educación con una financiación deficitaria. Según las previsiones, en 2030, la población en edad laboral en los países nórdicos será muy inferior a la actual, lo que reducirá notablemente los ingresos fiscales y dificultará todavía más a los municipios la tarea de financiar la educación pública.

A todos estos retos se suma la privatización encubierta de los sistemas educativos nórdicos. Aunque la educación pública sigue siendo la base, las subvenciones estatales a escuelas privadas se están generalizando y, en algunos casos, se están desviando fondos públicos a iniciativas educativas con fines de lucro. En este ámbito destaca Suecia, ya que permite a los proveedores educativos privados generar beneficios directos a partir de fondos estatales, una práctica que amenaza la equidad y detrae recursos a los centros públicos.

¡Por la pública! Los gobiernos deben financiar la educación

Este complejo panorama de desestabilización de la educación pública se ve agravado por la falta de profesorado debida a la insuficiente inversión estatal en salarios, formación y seguridad laboral, que dificulta la contratación de docentes y su mantenimiento. Las tasas de abandono están aumentando y, en algunos países nórdicos, hasta el 50% del profesorado recién graduado deja la profesión en cinco años. Si no se toman medidas urgentes, en las aulas seguirá faltando personal, la carga de trabajo aumentará y la calidad de la educación pública se resentirá.

Frente a estos retrocesos, las recomendaciones del informe del NSL se hacen eco de las demandas básicas de la campaña ¡Por la pública! Creamos escuela y reclaman:

• Incrementar la inversión pública en educación: Los gobiernos deben destinar una mayor proporción de los presupuestos nacionales a las escuelas públicas, asegurando que los municipios no se vean abocados a cubrir las carencias.
• Reforzar la legislación nacional: Ha de haber leyes claras y de obligado cumplimiento que garanticen la igualdad de oportunidades educativas en todos los municipios y regiones.
• Poner fin a la comercialización de la educación: Los fondos públicos deben quedarse en la educación pública, evitando que los actores privados se lucren a expensas del alumnado y el profesorado.
• Salarios justos y mejores condiciones de trabajo: Una remuneración competitiva, la reducción de la carga de trabajo y el aumento de la seguridad laboral son fundamentales para revertir la falta de profesorado y asegurar su continuidad en la profesión.
• Modelos de financiación equitativos: Los gobiernos nacionales deben desarrollar mecanismos de financiación más justos que garanticen que todas las escuelas reciben los recursos necesarios independientemente de su ubicación.

Consulta el informe "La financiación de la educación en los países nórdicos: Comparativa y situación actual" completo (en inglés ) aquí