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El Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación (IE), durante su 70ª reunión, celebrada del 1 al 3 de abril, ha reafirmado el papel primordial que desempeña la educación inclusiva en el desarrollo de sociedades justas y equitativas.

Al tiempo que se celebra en Berlín la Cumbre Mundial sobre Discapacidad (2-3 de abril), con la participación activa de la Internacional de la Educación y varios de nuestras organizaciones miembros, reiteramos que la educación inclusiva no solo es un derecho humano fundamental, sino también un pilar esencial para el desarrollo de comunidades y sociedades prósperas.

Consideramos que la manera más eficaz de defender este derecho es a través de un modelo social de la discapacidad que se centre en cómo las barreras sociales, más que las discapacidades individuales, dificultan la plena participación.

La Internacional de la Educación destacó la importancia de este modelo en el 10º Congreso Mundial, e hizo hincapié en la necesidad urgente de disponer de políticas educativas inclusivas que aborden las diversas necesidades de todo el profesorado y todo el estudiantado en particular de aquellos y aquellas con discapacidad. A escala mundial, los sindicatos de la educación desempeñan un papel clave en la eliminación de las barreras, no solo mediante la organización de del profesorado –incluyendo a aquellos y aquellas con discapacidad–, sino también mediante la promoción de políticas inclusivas que sean relevantes y efectivas.

Esto es crucial dado el contexto actual de escasez mundial de docentes y de recortes presupuestarios que están empeorando la provisión de una educación inclusiva y de programas que apoyan a los niños y las niñas con discapacidad y a sus familias.

El profesorado con discapacidad, sobre todo quienes proceden de poblaciones marginadas, se encuentran con una serie de barreras a la hora de encontrar lugares de trabajo accesibles, unas condiciones de trabajo decentes y una formación adecuada, siendo, no obstante, ejemplos y líderes vitales en el avance de las prácticas inclusivas. Del mismo modo, la provisión de una educación inclusiva peligra cuando el personal docente y el personal de apoyo a la educación especializados –que desempeñan un papel clave en la eliminación de las barreras para el estudiantado con discapacidad– no están disponibles o no reciben una formación adecuada y de calidad.

Los alarmantes ataques por parte de la Administración Trump en Estados Unidos a programas vitales que apoyan a los estudiantes con discapacidad, y su cínico desmantelamiento de cualquier programa que promueva la diversidad, la equidad y la inclusión, constituyen señales de alarma que trascienden las fronteras estadounidenses. Estas políticas corren el riesgo de revertir los progresos alcanzados, con consecuencias globales significativas, y ya sentidas, para el desarrollo de la educación inclusiva y las sociedades en general.

La IE se mantiene firme en su compromiso de oponerse a estas políticas retrógradas y de reafirmar nuestro compromiso global con los derechos humanos, la equidad y la inclusión. El estudiantado tiene derecho a recibir apoyo por parte de personal de apoyo a la educación, y a que sus docentes cuenten con formación adecuada, la cualificación y los recursos necesarios, y el estudiantado tiene derecho a aprender en un entorno que respete su dignidad y su potencial.

En consonancia con la campaña de la IE ¡Por la pública! Creamos escuela, hacemos un llamamiento en favor de una mayor inversión en educación pública, en personal de apoyo educativo y en la profesión docente, con el fin de contratar y retener a docentes, algo esencial para alcanzar una educación inclusiva para todas las personas.