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La IE lleva varios años siguiendo los debates que se producen en el marco del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de Propiedad intelectual (SCCR/OMPI) en torno a limitaciones y excepciones al derecho de autor para bibliotecas, archivos e instituciones educativas. Por momentos la discusión parece avanzar, pero el tamaño de esos pasos es muy pequeño en relación con la necesidad de contar con un marco legal que proteja las condiciones del trabajo docente. Es fundamental contar con leyes de derecho de autor que garanticen a les docentes el acceso a los materiales de trabajo, que permitan seleccionar y adaptar libremente imágenes, fotos, videos, piezas sonoras para crear recursos educativos con libertad.

Asimismo, sigue siendo una prioridad la demanda de un tratado internacional que contemple limitaciones y excepciones más amplias y a la vez, más definidas, que las que aparecen, por ejemplo, en el Convenio de Berna. La misma suele interpretarse en un sentido excesivamente restrictivo que dista mucho de las necesidades de quienes utilizamos materiales educativos en el contexto de una clase, con propósitos didácticos o para dotar a nuestros estudiantes del contexto cultural necesario para abordar un problema o comprender un tema en discusión.

En noviembre de 2023 se había tomado una propuesta del Grupo Africano (que nuclea a las delegaciones de los países de ese continente) para avanzar en un programa de trabajo y a partir de ahí, la Secretaría de la OMPI debía proyectar un plan para la ejecución del mismo. De este programa ya hay un borrador sobre el que los diferentes grupos de países que tienen voto en la OMPI han presentado diversos pedidos de aclaración, demandas de ampliación y también, objeciones. No es el propósito de esta nota profundizar en los complejos procedimientos de este organismo, sino destacar que, a pesar de toda la tarea realizada, el avance en este terreno es lento, sobre todo si los comparamos con la velocidad de los cambios que —con preocupación— encontramos en nuestros ámbitos laborales. Por caso, la creciente utilización de aulas web tanto para modalidades de educación a distancia como de apoyo para la docencia presencial nos enfrenta permanentemente a tener que resolver sobre toda clase de condicionamientos con respecto al uso de materiales bajo derecho de autor. Asimismo, les docentes que trabajan en modalidades transfronterizas también necesitan un instrumento internacional que no los deje en desiguales condiciones con respecto a sus alumnes para compartir un material.

En las últimas sesiones del Comité hemos visto que el primer punto de la agenda es siempre el tratado de radiodifusión. Centrado, en sus orígenes, en la protección de señales, este tratado se fue expandiendo significativamente en sus alcances, lo que ha llevado a extensos debates y desacuerdos por aspectos que aparecen confusos. Su tratamiento termina por abarcar un tiempo excesivo que no deja lugar para avanzar con las demás cuestiones. Las discusiones sobre este tratado llevan ya más de treinta años. Como trabajadoras y trabajadores de la educación, nos alarma que no deje lugar para avanzar con el punto referido a limitaciones y excepciones y que además, no se preste atención a los efectos que pueda generar sobre las actividades que necesitamos llevar a cabo para desarrollar nuestras tareas en condiciones adecuadas.

Sea cual sea el tratado que salga, reclamamos que no represente un nuevo riesgo de demandas legales por usar materiales educativos necesarios para sostener procesos pedagógicos en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la superior. No queda claro qué va a suceder con las transmisiones por internet y nos alarma que los tratados existentes se consideren suficientes para que el nuevo texto, de aprobarse, no afecte nuestro trabajo.

Pensemos en algunas situaciones puntuales: ¿qué pasa si un profesor de escuela secundaria toma capítulos de telenovelas latinoamericanas, de diferentes países, para que sus alumnes analicen diferencias en la forma de representar a las mujeres y los sectores LGTTBIQ+? ¿Qué sucede con una profesora que en la universidad registra fragmentos de partidos de fútbol para comparar el contenido de las canciones de las hinchadas en diferentes contextos sociopolíticos? ¿Y si el material es un material de archivo que pertenece al dominio público pero que solamente es accesible a través de una producción sobre historia difundida en un canal de televisión? ¿Qué pasa si un equipo docente en una escuela le propone a les estudiantes la realización de un mapa interactivo que incluya noticias transmitidas en señales locales sobre una ciudad o un barrio? Creemos que no debería avanzarse en un proyecto que no contemple limitaciones y excepciones para un uso justo en instituciones educativas, así como en bibliotecas, archivos y museos.

Lejos de ser hipotéticas, estos usos de contenido surgido de señales aparecen en informes de los que participó la IE: "Usamos mucho material de radio, televisión, YouTube y de diversos sitios de Internet. En la materia Montaje se trabaja con materiales de archivo tanto visuales como sonoros y los estudiantes los usan para armar obras audiovisuales cortas. En otra materia usamos ejemplos realizados por algunos de los integrantes de la cátedra para canales de televisión y plataformas de streaming para explicar procesos de realización cinematográfica", señala una docente de una universidad pública argentina.

El tema de la agenda que nos urge, de todas formas, es limitaciones y excepciones. Mientras en el Comité Permanente se van los años hablando del proyecto para hacer un programa para hacer un plan, en lugar de discutir un texto concreto con principios, objetivos y acciones específicas, les docentes de todo el mundo, en especial en América Latina y África, seguimos sosteniendo el derecho a la educación en condiciones cada vez más precarias