Ei-iE

La cuadragésimo sexta sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) concluyó con escasos avances en el ámbito crucial de las excepciones y limitaciones para fines educativos o de investigación.

La OMPI, una agencia especializada de las Naciones Unidas, es responsable de la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo a través de la cooperación entre los Estados miembros y la administración de los tratados internacionales. La Internacional de la Educación (IE) continúa defendiendo la aprobación de un instrumento jurídico internacional que garantice al personal educativo e investigador el derecho a consultar y utilizar de forma justa contenidos sujetos a derechos de autoría en el marco de su labor, una condición esencial para materializar el derecho a la educación y a la libertad académica.

El incansable trabajo realizado este año por la presidencia de Costa Rica para llegar a consensos en el SCCR no ha impedido que las profundas divisiones existentes frustraran un acuerdo con avances tangibles. Incluso cuando, ya en 2023, los Estados miembros habían aprobado un programa de trabajo propuesto por el Grupo Africano destinado a llevar a la práctica el mandato de la OMPI de 2012 relativo a la adopción de un instrumento jurídico internacional sobre las limitaciones y excepciones para educación, investigación, bibliotecas, archivos y museos.

Aunque muchos países industrializados mantienen su férrea resistencia a abordar un tratado vinculante, parecía haber una creciente voluntad de, al menos, iniciar un debate sobre los objetivos, los principios y otras cuestiones potestativas como punto de partida. Sin embargo, a pesar de este magro progreso, ni los países en desarrollo ni los industrializados consiguieron encontrar un punto de encuentro sobre cómo seguir adelante. Debido a todo ello, las posibles mejoras reales están en punto muerto y no se han pactado ni siquiera los pasos más básicos para avanzar.

Como recordó Mugwena Maluleke, presidente de la Internacional de la Educación, "la legislación sobre derechos de autoría debe estar al servicio del bien público, no de intereses corporativos. Necesitamos marcos legales que reconozcan la educación como un derecho humano y permitan a docentes y estudiantes acceder a los materiales, compartirlos y crear conocimiento sin miedo ni barreras. Los gobiernos deben actuar con urgencia para adaptar las leyes de propiedad intelectual a las realidades de la enseñanza del siglo XXI".

El uso justo es un derecho docente

Durante toda la semana, la IE y la Coalición por el Acceso al Conocimiento (A2K) insistieron en que ya ha pasado el tiempo de los debates sobre procedimientos. Lo que necesitamos ahora es progreso, no procesos. Los gobiernos deben hacer algo más que reafirmar posturas y han de iniciar un trabajo concreto de redacción de normas que recojan el mandato de 2012 y el plan de puesta en marcha aprobado en el SCCR 43.

Como parte de la delegación de la IE, Miriam Socolovsky, de la federación argentina CONADU, se dirigió al Comité para advertir de que las restricciones debidas a los derechos de autor están contribuyendo directamente a la precariedad del profesorado y socavando el derecho a la educación:

"Hoy nos enfrentamos a la falta de 44 millones de docentes, una crisis que es mucho más que cuestión de cifras y tiene su origen en las condiciones en las que trabajamos", expuso Socolovsky. "La inexistencia de limitaciones y excepciones obligatorias al derecho de autoría es parte del problema. Genera impedimentos jurídicos y económicos en la preparación de los materiales pedagógicos que necesitamos para enseñar a grupos diversos de estudiantes en contextos que cambian rápidamente y agrava las carencias de nuestro entorno laboral".

Socolovsky hizo un llamamiento a los gobiernos para comenzar el trabajo entre sesiones con el que ya se habían comprometido y a avanzar partiendo de los textos que ya están sobre la mesa. "Necesitamos urgentemente un marco normativo que apoye el trabajo decente y seguro y que garantice el derecho a la educación como un bien público", concluyó.

No corten la señal: el tratado de radiodifusión amenaza el acceso al conocimiento

En los debates del SCCR 46 también estuvo muy presente la propuesta de Tratado de Radiodifusión de la OMPI. Su objetivo original era proteger a los radiodifusores tradicionales, pero ahora se ha ampliado el alcance e incluye también a entidades digitales, como los servicios de retransmisión por internet y plataformas como YouTube. Las pequeñas mejoras introducidas en el texto del tratado no han disipado la profunda preocupación de la IE por la ausencia de excepciones obligatorias para fines educativos y de investigación.

La IE expresó una rotunda oposición al tratado que amenaza con "cortar la señal" al profesorado y al alumnado. Sin las salvaguardas apropiadas, este instrumento podría restringir gravemente el uso de programas de televisión grabados o en directo o de emisiones pedagógicas por internet en el aula o en contextos académicos.

Grace Nyongesa, del Sindicato de Personal Académico Universitario de Kenia, expuso un mensaje claro y contundente en nombre de la IE. Nyongesa destacó el papel fundamental de estos contenidos en la educación, en especial cuando faltan recursos o se viven situaciones críticas: "Las emisiones de televisión siguen siendo una herramienta esencial para la enseñanza en tiempos de crisis, como durante la pandemia de COVID-19 o en medio de la actual crisis climática. Les instamos a reconocer la educación como un derecho humano y un bien público y a garantizar la libertad académica del profesorado para usar materiales mediante la inclusión de excepciones obligatorias en el texto del tratado".

A la IE le inquieta enormemente que el desproporcionado protagonismo del Tratado de Radiodifusión esté desviando la atención del compromiso del SCCR de desarrollar un marco internacional de excepciones y limitaciones para fines educativos o de investigación. Las delegaciones no aceptaron trasladar el debate sobre el tratado a una conferencia diplomática, por lo que la conversación proseguirá en la próxima sesión fijada para diciembre de 2025.

La IA y los derechos de autoría: una nueva frontera

El Comité también le dedicó bastante tiempo a la inteligencia artificial (IA), destacando los complejos retos legales y políticos que plantean los datos de entrenamiento y el contenido generado mediante IA. Los gobiernos están lidiando con la necesidad de conciliar diferentes aspectos: fomentar la innovación, garantizar una remuneración justa a las personas creadoras, exigir a las grandes tecnológicas que rindan cuentas por su uso de obras sujetas a propiedad intelectual y asegurar excepciones y limitaciones adecuadas para actividades de interés público.

La IE enfatizó que cualquier marco regulatorio debe proteger el interés público y preservar la autonomía del personal educativo para seleccionar y aplicar nuevas tecnologías en el aula.

Eliminar las barreras legales al aprendizaje

La presencia de la IE en el SCCR se debe al compromiso de asegurar un sistema de derechos de autoría justo y equilibrado, que dé seguridad jurídica al profesorado para ofrecer una educación inclusiva de calidad y al personal investigador para generar conocimientos.

Este compromiso sigue la estela de la campaña mundial de la IE ¡Por la pública! Creamos escuela, que exhorta a los gobiernos y las instituciones internacionales a invertir en el profesorado y en la educación pública. La ausencia de claridad jurídica en lo referido a la propiedad intelectual es uno de los elementos de una crisis más amplia que ha conducido a la infrafinanciación, el déficit de docentes y el aumento de los obstáculos para ejercer el derecho a la educación.

Mientras el Comité se prepara para reunirse de nuevo en diciembre de 2025, la IE sigue reclamando a los gobiernos que prioricen el interés público y vuelvan a la mesa de negociación con la voluntad política de lograr avances reales y concretar un instrumento internacional que contemple las excepciones y limitaciones para fines educativos o de investigación.

Para saber más sobre la labor de la IE en materia de educación, investigación y derechos de autoría, haga clic aquí