Directiva de la UE sobre los derechos de autor: resultados dispares

El 28 de marzo, el Parlamento Europeo adoptó la controvertida directiva de la UE sobre los derechos de autor, que tendrá repercusiones sobre la enseñanza y el aprendizaje.

Los estados miembro estarán obligados a implementar esta directiva en los dos próximos años. Desde el comienzo de los debates sobre el texto que se acaba de adoptar, las distintas partes han expresado su preocupación sobre cómo afectará este nuevo marco a la libertad de expresión y, sin duda, las negociaciones continuarán a nivel nacional para buscar las mejores soluciones en el área de la educación y la investigación.  

 

Una excepción genuina 

 

El Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE), la organización regional europea de la Internacional de la Educación (IE), ha expresado su postura en nombre de los sindicatos europeos de educación e investigación en distintas ocasiones. El CSEE ha celebrado la excepción hecha para la minería de datos y textos con fines de investigación descrita en el artículo 3, además de otros artículos que facilitarán el trabajo de las entidades de patrimonio cultural y otras excepciones aplicables en toda la UE. Sin embargo, ha señalado que los profesores colaboran e intercambian materiales a través de las fronteras, y que es importante que su trabajo no tenga lugar en un limbo legal.  

 

Los profesores europeos siguen preocupados por el hecho de que el artículo 4 no establece una auténtica excepción de los derechos de autor con fines educativos y de investigación, de aplicación obligada en toda la UE. Aunque la excepción se menciona en el texto, tal y como está definida, será fácil dejarla sin efecto mediante contratos de licencia comercial.  

 

Si los estados miembro deciden remplazar la excepción por licencias, los profesores seguirán teniendo dificultades para utilizar obras digitales a nivel nacional o de la UE. De acuerdo con la IE, si las excepciones quedaran protegidas de los contratos comerciales, el artículo 4 de la Directiva reduciría efectivamente las barreras para los educadores y facilitaría la colaboración y los intercambios transfronterizos. 

 

Susan Flocken, Directora Regional de Europa del CSEE, recomendó que “la Comisión Europea garantizara que se consulta a los interlocutores sociales para la implementación nacional de la Directiva de los derechos de autor de la UE”. Esto garantizará la posibilidad de los sindicatos de la educación de influir en su implementación nacional y que educadores, investigadores y estudiantes dispongan de los derechos necesarios para cumplir con su misión: la prestación de una educación de calidad para todos.