La IE publica estudio sobre negociación colectiva en sector educativo
Desde el comienzo de la crisis financiera en 2008, los sindicatos han hecho frente a desafíos sin precedentes para mantener los derechos existentes y reforzar las disposiciones sobre derechos colectivos. Un nuevo estudio realizado por la Internacional de la Educación proporciona información relevante acerca de las preocupantes tendencias en materia de libertad de asociación y negociación colectiva en el sector educativo en muchas partes del mundo.
El estudio, compuesto por 140 páginas y titulado “Trends in Freedom of Association and Collective Bargaining in the Education sector since the Financial Crisis 2008-2013” (Tendencias en la libertad de asociación y negociación colectiva desde la crisis financiera (2008-2013), ofrece un análisis en profundidad de la situación en 19 países y abarca desde países desarrollados de la OCDE, que se han visto muy afectados por la crisis, como los EE. UU., España y Grecia, hasta países que han seguido disfrutando de un cierto crecimiento económico continuo, como Brasil, Ghana y Polonia.
Los sindicatos luchan por el estatus de los docentes
El estudio, escrito por la consultora de la IE, Nora Wintour, en colaboración con los afiliados de la IE de aquellos países seleccionados, examina en qué medida se permite a los docentes formar o unirse a un sindicato, en contraste con las asociaciones profesionales, así como el marco de trabajo y alcance de la negociación colectiva, siempre que esté permitida. Trata de identificar y explicar los cambios que se han producido en los últimos cinco años. Estudia el estatus laboral de los docentes, que varía mucho en todo el mundo, y las exclusiones y restricciones impuestas a los funcionarios o empleados públicos por las autoridades, ya sean centrales o locales, junto con los cambios en los acuerdos contractuales de los docentes, concretamente en el aumento del uso de contratos precarios. Hay un claro declive en el estatus de los docentes como de los funcionarios públicos de carrera.
Según los resultados del estudio, la verdadera negociación colectiva no está generalizada en el sector educativo. En la mayoría de los países, los términos y condiciones de contratación de empleados públicos, incluidos los profesores, están amparados por disposiciones legislativas especiales, mediante las cuales el gobierno determina una asignación presupuestaria y unas escalas salariales, en las que se pueden llevar a cabo negociaciones o consultas.
Muchos de los países del estudio han sufrido las restricciones impuestas por el gobierno en materia de negociación colectiva (como algunos estados de Australia y Estados Unidos, algunas provincias canadienses y Grecia y España). Entre estas restricciones están la revocación absoluta de los acuerdos colectivos existentes; los acuerdos salariales impuestos por el gobierno; las leyes para la prohibición de huelgas; los nuevos poderes gubernamentales para suspender o modificar los acuerdos colectivos existentes y las nuevas leyes para la prohibición de la negociación pública en el sector público.
Sin embargo, en otros países, se ha avanzado incorporando disposiciones reforzadas de negociación colectiva o ampliando su alcance y dando alentadores ejemplos de buenas prácticas. En el estudio se ha prestado especial atención a los temas relacionados con la igualdad. Entre los ejemplos de buenas prácticas están las cláusulas relacionadas con las víctimas de violencia doméstica en Australia, cuyo propósito es no desfavorecer laboralmente a ningún empleado debido a las consecuencias derivadas de la violencia doméstica.
Recomendaciones del estudio
El estudio concluye con recomendaciones para los afiliados y para la IE destinadas a mejorar el intercambio de información sobre la libertad de asociación y negociación colectiva entre los miembros y entre los países y facilitar la formación y los programas de intercambio.
También recomienda a la IE que trate de consolidar el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva para los docentes y el sector público en general en la agenda de desarrollo post-2015, como elemento indispensable para alcanzar una educación y servicios públicos de calidad para todos.
