Ei-iE

Los durísimos ataques del gobierno ecuatoriano contra los derechos sindicales y la respuesta de los docentes, sobre la mesa de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2016 (CIT) en Ginebra, Suiza.

Rosana Palacios, Presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Ecuador, hablando en nombre de la Internacional de la Educación (IE), expuso el problema ante la Comisión sobre Aplicación de Normas de la CIT. En un debate acerca del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) detalló los ataques del gobierno contra los derechos sindicales y la respuesta que están ofreciendo los sindicatos.

“El sindicato lanzó una iniciativa popular que recogió 70,000 firmas reclamando la reforma de la Ley de Educación, para que garantice el derecho a la libertad sindical y un proceso legal debido”, afirmó. “Junto a los sindicatos del sector público, redactamos propuestas para reformar la Ley de Servicios Públicos a fin de que conceda derechos de negociación colectiva a todos los empleados y empleadas públicas. Estas propuestas se presentaron a la Asamblea Nacional el 25 de mayo”.

Sin negociación colectiva

Palacios indicó que a 150,000 docentes del sector público de Ecuador se les niega el derecho a la negociación colectiva. En 2009, el gobierno anuló el descuento en nómina de las cotizaciones y se negó a conceder permisos a los representantes sindicales elegidos. Desde 2013, la nueva ejecutiva de la UNE no está inscrita en el registro, lo cual ha llevado a la suspensión de su cuenta bancaria. El sindicato denuncia que a muchos activistas del sindicato se les trasladó a zonas remotas o les despidieron con acusaciones falsas.

Palacios afirma que el gobierno ecuatoriano no implementa las recomendaciones de los mecanismos de supervisión de la OIT y de la misión técnica que visitó Ecuador en enero de 2015. De hecho, ha ido más lejos y en enero de 2016 aprobó una reforma constitucional que prohíbe explícitamente la negociación colectiva en el sector público.

Choque frontal con las autoridades

La UNE ha sido también objeto de sanciones arbitrarias, sobre todo por un programa de radio en el que llamó a la “movilización” contra las reformas de la Constitución. El Superintendente de Comunicaciones decidió que la utilización de la palabra “movilización” equivalía a una incitación a la sublevación militar. “¿No es absurdo?”, preguntó palacios a la Comisión. “Tuvimos que pedir a nuestros miembros que contribuyeran al pago de la sanción porque, si no, el gobierno habría expropiado nuestra oficina sindical de Quito. Por el momento seguimos teniendo una oficina, pero no sé por cuánto tiempo”.

Finalizó su discurso pidiendo a la Comisión que apoye la la lucha de la UNE en defensa de los derechos sindicales y con el aplauso del Grupo de los Trabajadores.