Ei-iE

Tal y como afirmaba la Declaración de Sinaia sobre la Libertad Académica y la Autonomía Universitaria, adoptada en 1992 bajo los auspicios de la UNESCO, “la historia demuestra que las violaciones de la libertad académica y la autonomía institucional de las universidades resultan muy costosas por la regresión intelectual, la alienación social y el estancamiento económico que provocan”.

Por desgracia, todo parece indicar que una vez más la historia se repite. El principio de la libertad académica se viene respetando cada vez menos e incluso puede decirse que hoy día es objeto de violaciones flagrantes. En otras palabras: nos hallamos ante una grave crisis.

La Recomendación de la UNESCO sobre la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior (1997) garantiza este derecho, afirmando que “el personal docente de la enseñanza superior tiene derecho al mantenimiento de la libertad académica”. Por su parte, la Declaración de Sinaia de 1992 estipula que “el Estado y la sociedad en su conjunto deben respetar el derecho de las universidades a funcionar como centros de libre investigación y crítica social”.

La libertad académica no es sólo un derecho sino también una responsabilidad de las instituciones y los docentes de la enseñanza superior. Éstos dependen del Estado y del conjunto de la sociedad para cumplir su función sin restricciones ni amenazas para su autonomía y sus carreras profesionales, por no hablar de las amenazas contra su libertad profesional, su seguridad e incluso sus propias vidas.

Es a la vez sorprendente y preocupante que, en lugar de los progresos que cabría esperar en este ámbito al cabo de los años, lo que se ha producido en realidad es un deterioro manifiesto del respeto por ese principio en todo el mundo. En el norte de Europa, se siente profunda inquietud frente al aumento patente de la burocracia, el control político de las fuentes de investigación y los recortes del derecho de libre publicación de los investigadores.

En los países anglosajones, el personal académico viene sufriendo las consecuencias de un mayor intervencionismo y una constante vigilancia por parte del Estado. Sobre todo en Estados Unidos, se ha registrado una serie de preocupantes incidentes relacionados con la “guerra contra el terrorismo”. En Latinoamérica, se ha producido un deterioro progresivo de la libertad académica como resultado de las restricciones impuestas por diversos gobiernos a lo largo de los años. Las presiones externas ejercidas sobre el personal académico también vienen teniendo el mismo efecto negativo en África, Asia-Pacífico y Oriente Medio.

A todo ello se suman los recientes casos de violencia y otros abusos cometidos contra el personal docente en diversas partes del mundo. En algunos países, los docentes saben que expresar opiniones sobre temas controvertidos o hacer declaraciones que pudieran interpretarse como una crítica de las políticas gubernamentales o institucionales pondrá en peligro sus puestos de trabajo o sus oportunidades de promoción profesional.

En muchos países industrializados, las presiones externas se derivan del proceso de globalización cada vez más acelerado, la competencia exacerbada, la mercantilización y el creciente uso de mecanismos de mercado en la enseñanza superior. La manera en que se financia la investigación constituye un motivo de especial preocupación, ya que la provisión de fondos a menudo está sujeta a determinadas condiciones impuestas por los organismos de financiación (por ejemplo, en lo referente a la publicación y al uso de los resultados de la investigación).

En otros países, el principal motivo de preocupación es aún más grave, ya que está relacionado con el subdesarrollo y con restricciones derivadas de la política interna o situaciones de conflicto. La experiencia demuestra, además, que incluso cuando los países afectados por este tipo de problemas logran superarlos, no por ello se garantiza necesariamente la libertad académica. Cabe prever que, en muchos casos, los crecientes problemas derivados de la globalización y la mercantilización se acentuarán aún más.

En este contexto, la adopción, por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de una “Recomendación sobre la libertad académica y la autonomía universitaria” es una evolución positiva. La declaración afirma que estos dos conceptos indisociables constituyen juntos “un requisito fundamental de toda sociedad democrática” y que “deben estar amparados en las leyes y preferentemente a nivel constitucional”. Aunque éste siempre ha sido un objetivo muy importante para la comunidad académica, es evidente que de por sí una garantía legal puede resultar insuficiente. De hecho, en numerosos países en los que existen protecciones legales, la libertad académica sigue violándose en la práctica. A pesar de que se trata de un principio que se ha reafirmado muchas veces en varios textos legales tanto nacionales como internacionales, la libertad académica es una libertad frágil, que tiene que justificarse y esclarecerse constantemente.

La libertad académica no es un privilegio obsoleto ni una simple protección otorgada a la comunidad académica, sino que tiene sus raíces lógicas en el vínculo evidente entre la actividad docente y los principios que rigen el conjunto de la sociedad. En el contexto de la promoción de la diversidad cultural, la Declaración de Sinaia de 1992 se refiere a la “obligación” de las universidades de manifestarse en contra de todo tipo de comportamiento intolerante, así como al “compromiso con una investigación abierta e independiente” como “características esenciales de la universidad”.

La libertad académica es un requisito fundamental del desarrollo científico y del desarrollo y difusión de conocimientos auténticos, objetivos e imparciales. Se trata precisamente del aporte fundamental del sector académico a la sociedad. No deja de ser irónico que en la actual era de la denominada “sociedad del saber” se otorgue tan poca importancia, fuera del propio mundo académico, a este vínculo fundamental.

Por Angele Attard y Monique Fouilhoux

Angele Attard es estudiante en prácticas en la IE; Monique Fouilhoux es Coordinadora de la Unidad de Educación y Empleo de la IE.